Columnistas Regionales
Jorge Enrique Pava
“Parágrafo transitorio: El presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o de la medida de aseguramiento… Artículo 17. Facúltese al Presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social…”.
Andrés Úsuga
Mi obsesión por el estudio, aprendizaje y comprensión del derecho penal y sus ciencias auxiliares, podría decir que se inició, desde el mismo momento en que recibí mi primera clase con el Gran Maestro Fernando Velásquez, por allá a inicios del siglo XX, en mi querida Universidad Pontificia Bolivariana, estudiábamos con su texto y con un folleto anexo al mismo, que traía casos prácticos, en ese libro -que aún conservo-, se recopilaba la acumulación y evolución, no solo de los maestros de mi profesor, como el gran Nodier Agudelo (luego conocería su maravillosa adaptación del texto de Beccaría, “De los delitos y de las penas” obra del siglo XVIII) el maestro Juan Fernández Carrasquilla, sino también de los grandes maestros y escuelas del Derecho penal, procesal penal y probatorio penal, no solo locales sino a nivel global.
Luís A. Colmenares
No es una novedad hablar de pactos políticos o económicos en Colombia si tenemos en cuenta que en eso nos la hemos pasado desde el origen de la república.
Jorge Enrique Pava
Aunque hablar de plusvalía es tocar un tema espinoso, difícil, áspero y muchas veces inentendible, esta vez hay que abordarlo, no para analizar su conveniencia, perjuicio, viabilidad o repercusión, sino para dejar en evidencia la connivencia, el contubernio y la sociedad que existe entre el alcalde Carlos Mario Marín y el concejo de Manizales. Una sociedad donde el ejecutivo manda, ordena, dispone, ejerce su autoridad y pasa cuentas de cobro por las prebendas y dádivas prometidas o concedidas, y la mayoría de concejales, arrodillados, simplemente obedecen, agachan la cabeza, simulan debates, se dan vitrina y terminan aprobando indefectiblemente lo que dispone el emperadorcito. Es la magia del dinero, la burocracia, la corrupción y la venalidad moral de individuos expertos en negociar su voto y en fletear sus posiciones de manera desvergonzada y degradante.
Luís A. Colmenares
“Acuerdo para la materialización de la paz territorial”, es el título del documento suscrito la semana pasada entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) para comprar tres millones de hectáreas de tierra que serán entregadas a campesinos, comunidades indígenas y afros. Este Acuerdo si es un verdadero Pacto Histórico.
Jorge Enrique Pava
Por más que queramos abstraernos de las catástrofes de ciudad y de las tragedias que nos asuelan, es imposible hacer caso omiso de las aberraciones del clan Marín Osorio, que llegó a Manizales para apoderarse de ella, saquearla, usufructuarla y dejarla totalmente postrada y rezagada. Y es que todos los días amanecemos con un nuevo escándalo, un nuevo asalto al erario, una nueva obra improvisada, un nuevo anuncio mentiroso, una nueva versión falaz o un nuevo ridículo del alcalde Marín.