¿Y dónde encaja el tema de la plusvalía? Precisamente allí, en esos comportamientos. La administración municipal presentó ante el concejo el proyecto de acuerdo para reglamentar lo relacionado con la plusvalía en Manizales; la mesa directiva del concejo le asignó su estudio a la comisión primera (o del plan) para que le diera trámite; esta lo “estudió”, aprobó, dio vía libre y trasladó a la plenaria donde también fue aprobado por unas mayorías sumisas y aplastantes, previamente concertadas; y posteriormente el alcalde lo sancionó, y legalizó así su propio engendro. Es el círculo perfecto para darle visos de legalidad a decisiones dictatoriales amparadas en la degradación de los concejales aliados del alcalde. Algo a lo que nos tienen acostumbrados en esta administración, y que ha sido utilizado para aprobar vigencias futuras, empréstitos millonarios, obras sin planeación, proyectos absurdos, entidades espurias o, lo que es lo mismo, para “legalizar” la corrupción del alcalde más avieso que ha pisado la administración municipal de Manizales.
Pero, volviendo a la plusvalía, ¿qué tiene de malo que se haya aprobado, si aparentemente se cumplieron los requisitos de ley? Pues eso: la apariencia de haber cumplido los requisitos de ley. Porque las directivas del concejo sabían que el estudio de ese proyecto debía surtirse en la comisión segunda (o de presupuesto), pero prefirió entregárselo a una comisión “equivocada” (la primera), donde no habría mayores tropiezos para su aprobación, pues está conformada por sus más cercanos colaboradores. Es decir, se saltan las normas, las leyes, los reglamentos y los ordenamientos jurídicos, en una demostración de poder irreverente, irresponsable y despreciativo hacia la sociedad. Es la falta de respeto absoluta hacia los electores del alcalde y de los concejales. Es la desfachatez y la desvergüenza llevada con descaro y sin temor alguno a ser castigados. ¡Es la ceguera que produce la corrupción desmedida!
De ahí que el Gobernador, Luis Carlos Velásquez, en uso de sus funciones constitucionales, objetara el procedimiento de ese acuerdo, lo remitiera al Tribunal Administrativo de Caldas (órgano competente para definir), y este, a su vez, terminara invalidándolo. En pocas palabras: el acuerdo de la plusvalía empezó torcido por lo improvisado, absurdo y perjudicial; siguió un curso ilegal, con apego a procedimientos mañosos y pestilentes; se aprobó mediante el ejercicio de la dictadura de un ejecutivo corrupto que tiene dominio sobre un concejo pusilánime; y terminó siendo anulado por un Tribunal que vio lo que todos sabían, pero pretendieron ignorar, y sentenció lo que se presentía, pero que nunca esperaron que se materializara. ¿Cuántas veces nos habrán metido gato por liebre? ¡Qué vergüenza!
Del alcalde Marín ya es conocida su bajeza, descaro, ineptitud y corrupción. Pero hay que dejar claro que sus actos no serían posibles si no fuera por la connivencia del concejo, órgano que hoy funge de “lavadero” jurídico de sus perversiones. Aunque también hay que resaltar que dentro de este concejo hay unos miembros que merecen ser destacados: Adriana Arango, María Constanza Montoya, Christian Pérez, Luis Gonzalo Valencia, Héctor Fabio Delgado y Julián García. Son de diferentes partidos (incluido el de gobierno), pero conservan su dignidad, su entereza y su responsabilidad ante la ciudad. ¡Bien por ellos y su trabajo! ¡Todavía hay esperanza!
