El pacto para compra de tierras suscrito entre Petro y Lafaurie: “Acuerdo para la materialización de la paz territorial” es un paso en la dirección correcta a la civilidad, para llevar a cabo una política de desarrollo rural integral, que al mismo tiempo incluya el cumplimiento del Acuerdo de la Habana.

A pesar de las expectativas y buenos augurios que han surgido de manera general, no han faltado, como siempre, las aves de mal agüero; incluso, dentro del mismo gobierno.  

En esa medida hay que reconocer que el pacto enfrenta grandes desafíos para su ejecución.  

Para empezar, la fuente de los recursos para la financiación de la compra de los predios ya tiene pensando distinto a los ministros de hacienda y agricultura. Ese es un problema. 

La definición de una política de incentivos o subsidios a la producción agropecuaria también es un desafío que debe garantizar transparencia en su ejecución después del escándalo de Agro Ingreso Seguro. Una política en tal sentido debe incluir todos los aspectos para que los campesinos, comunidades indígenas y afros puedan tener los medios que les facilite el desarrollo de la tierra: reducción de aranceles en la importación de insumos, subsidio al capital, ayudas para la adquisición de maquinaria, fortalecimiento de la infraestructura, entre otros aspectos. Y eso también vale mucha plata. 

Tampoco será fácil definir los criterios para la correspondiente asignación de tierra, teniendo en cuenta la cantidad y el beneficiario, para evitar por todos los medios que se repitan las mismas situaciones que se presentaron con el programa de casas gratis entregadas a personas que no las necesitaban y hoy están siendo arrendadas o vendidas.  

Pero en todo caso, a partir de los tres millones de hectáreas de predios productivos que el Gobierno tiene previsto comprarles a los ganaderos, con el propósito de entregarlas a familias campesinas sin tierra o que no tienen tierra suficiente, hay que empezar a pensar en un modelo de reconversión productiva en el sector agropecuario para cambiar la forma como el campo se ha desarrollado desde hace más de cincuenta años. Y tampoco será fácil. 

Los pequeños productores agropecuarios del país producen sus cultivos basados en la intermediación regional o local, y los intermediarios son actores que tienen el control del mercado primario de compra, de tal manera que los resultados por utilidad del negocio son realmente alarmantes en perjuicio del agricultor y los intermediarios se ganan la mayor parte del esfuerzo de nuestros campesinos. 

En el mundo no han cambiado las necesidades productivas, pero no hay que hacer mucho esfuerzo para reconocer que el mundo si ha cambiado con respecto a las necesidades de los mercados.  

Y por eso Colombia debe saber planificar su producción agropecuaria no solo pensando en la demanda interna, sino también teniendo en cuenta las necesidades que existen en el mercado internacional. ¿Eso qué quiere decir?   

Quiere decir que de acuerdo con la variedad de climas que tenemos, se debe construir un nuevo modelo de desarrollo productivo basado primero en las necesidades del mercado internacional para que la producción agropecuaria se organice y planifique con el fin de atender las demandas de esos mercados y que Colombia sea una despensa mundial de alimentos.  

La política de desarrollo rural debe ser integral; que además de pensar en generar ingresos también incluya el desarrollo del entorno para que la gente se estacione y organice la vida con sus familias, teniendo vías, viviendas, servicios públicos domiciliarios, educación y salud. 

Los principales actores del pacto son Petro y Lafaurie; de eso no hay duda. Pero se debe tener en cuenta la opinión de expertos en todos estos temas de financiación, incentivos, modelos de desarrollo rural, mercados, etcétera. Lo peor que puede suceder es que alguien se considere dueño de la verdad revelada en el conocimiento de los temas. Hay que tener en cuenta la opinión y el apoyo de expertos.

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí...

@LColmenaresR