Descalifica Usted mis afirmaciones porque supuestamente me dedico a defender un grupo político, pero termina dándome la razón en lo fundamental cuando afirma, refiriéndose a la reforma en las contralorías, que: ¨Nótese que no pasó la propuesta en el Congreso respecto de la forma de elección de los contralores tal como se planteaba (por meritocracia), el control fiscal continúa contaminado de politiquería.”.
Tratando de manejar la ironía (arte reservado para unos pocos), insinúa que mis afirmaciones son infundadas porque no leo sus informes. ¡Al contrario!: es lo insustancial de los efectos de los informes de la contraloría lo que me hace reafirmar con demasiada frecuencia que ese ente, concebido como está, debería desaparecer y desahogar los presupuestos territoriales. ¿O pretende acaso que se le premie por el hallazgo de $ 400 millones al contrato de interventoría del coliseo menor en 2023, cuando tenemos una Manizales asaltada y derrumbada por actos permanentes de corrupción e ilegalidad en todas las entidades, en el último cuatrienio? ¿Es esa nimiedad lo que tiene para destacar de su gestión y lo que legitima su existencia?
¡No señor! Llevamos mucho tiempo denunciando anomalías que son evidentes hasta para el ciudadano menos ilustrado, y ante las cuales la Contraloría ha permanecido en silencio o se ha pronunciado tibia y tardíamente. No se puede hacer abstracción de la situación que se presentó con el anterior contralor (que debe ser su compañero de trabajo), Julián Andrés Valencia Valencia, contra quien cursa un proceso penal por haber sido impuesto ilícitamente por su alcalde Carlos Mario Marín. Estamos pendientes de la audiencia de acusación contra ambos funcionarios, ya imputados, programada para el 7 de junio de 2024. Ante esta circunstancia, ¿puede entonces afirmar con la misma contundencia que en la contraloría no existen injerencias políticas? ¿O negará también que el nombramiento de su actual jefe se produjo en un concejo cuestionado por su connivencia, complicidad y autoría en lo peores escándalos de corrupción en la administración de Manizales?
Entiendo además su defensa de la inoperancia de la contraloría por estar sometida constitucionalmente a efectuar su trabajo posterior y selectivamente; pero es ese, precisamente, parte de mi argumento para demostrar su inutilidad: ¿de qué le sirve a la sociedad un ente que se limita a informar “notarialmente” hallazgos administrativos, disciplinarios o fiscales, luego de que los autores han desaparecido los recursos, y a pesar de las denuncias oportunamente instauradas? Sé que no es culpa suya que así funcionen las cosas, pero entonces debería también reconocer que, en últimas, las contralorías se convirtieron en fortines burocráticos y en plañideras ante la destrucción patrimonial del Estado.
Créame, señor Valencia, que no me ofende su insinuación de que me dedico a defender los intereses de un grupo político. Primero, porque es absolutamente falso; y, segundo, porque durante más de veinticinco años me he jugado mi vida exponiendo lo que muchos callan por temor o compromiso, y denunciando lo que, de oficio, deberían hacer los entes de control. Su opinión sobre mi labor (de la cual se declara usted seguidor frecuente, y se lo agradezco), es absolutamente respetable. Pero también lo es mi derecho constitucional a la libre expresión, la cual ejerzo fundado en la verdad documentada y no es, precisamente, un funcionario de la contraloría el llamado a vetarla, cuestionarla o mancillarla.
No sé si su jefe actual compartirá su réplica, pero de así serlo, le sugiero que antes de descalificar las críticas de quienes nos atrevemos a poner la cara para hacerlas, recapacite en su labor y en la pérdida de credibilidad del ente para el que trabaja, pues sería la mejor forma de recomponer el camino y acabar con la débil imagen que hoy tienen. ¿Tratan ustedes de ejecutar al mensajero para soliviar el mensaje?
Cordialmente,
Jorge Enrique Pava Quiceno
