La situación que se está viviendo en el país desde la semana pasada es crítica con ocasión de los hechos que involucran a altos dignatarios del Congreso y funcionarios del gobierno, conocidos por las declaraciones explosivas de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en una entrevista con la periodista Vicky Dávila de la revista Semana.
Con información precisa de un presunto esquema de sobornos, se crea un manto de dudas sobre el gobierno y genera una crisis de confianza en las instituciones, ante la presunta entrega de miles de millones de pesos en efectivo a los presidentes de Senado y Cámara. Es un escandaloso ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrarse en las más altas esferas del poder.
¿El gobierno debe actuar con determinación y firmeza? De eso no hay la menor duda. El presidente Petro debe tomar medidas inmediatas para investigar a fondo estas acusaciones y promover las sanciones a los responsables si se demuestra su culpabilidad; porque no puede ser costumbre que la corrupción siga minando nuestra confianza en las instituciones.
Al mismo tiempo, el presidente Petro tiene que liderar una transformación profunda en la administración pública, fortaleciendo los controles internos y promoviendo una cultura de integridad que sea coherente con el cambio promovido desde la campaña. Hay que reorganizar la gestión de riesgos y establecer mecanismos más rigurosos para prevenir y detectar la corrupción en el futuro.
Los ciudadanos también tenemos que exigir claridad y rendición de cuentas para superar esta crisis y construir un país justo para restaurar la confianza y garantizar la transparencia en la gestión pública. Pero tampoco hay duda de que con todo este escándalo se viene un desafío para el Gobierno en dirección de evitar que se frene el trámite legislativo de sus reformas sociales.
Por otro lado, este escenario también plantea retos significativos para la Fiscalía General de la Nación, que se encuentra en una posición crítica para investigar y esclarecer los hechos, actuando con diligencia, imparcialidad y eficacia para investigar y llevar ante la justicia a los que resulten responsables, demostrando su independencia.
En un país donde la politización de la justicia ha sido una preocupación constante, es crucial que la Fiscalía actúe de manera autónoma, sin ceder ante presiones políticas o intereses particulares.
La nueva Fiscal General Luz Adriana Camargo tiene una gran oportunidad para reafirmar la independencia de la institución. Las expectativas son altas y los ojos de la nación estarán puestos en su gestión y en cómo enfrenta este y otros casos de corrupción. Es la hora y la oportunidad para asumir su papel con valentía y determinación, asegurando que la justicia prevalezca sobre la impunidad, y también sobre el principio de oportunidad con inmunidad total como alternativa para eludir el rigor judicial.
Las acusaciones hechas por Pinilla implican no solo a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, sino que sugieren la existencia de una red más amplia de corrupción que podría involucrar a otros funcionarios del gobierno. Desentrañar ese entramado, recopilar evidencia sólida y llevar a cabo procesos judiciales justos y efectivos requerirá de una capacidad investigativa y operativa excepcional.
Es imperativo que el gobierno también demuestre su disposición de colaborar con la Fiscalía para apoyar una investigación exhaustiva y sin restricciones. La respuesta del presidente Petro y su administración a esta crisis será determinante para reafirmar o erosionar la confianza del público en su compromiso con la lucha contra la corrupción. Y por eso, de manera respetuosa hago un llamado al presidente Petro para que lidere este desafío con decisiones concretas y efectivas, con los ojos y oídos tapados para que caiga quien tenga que caer.
Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”
@LColmenaresR
