Este fenómeno hace referencia a la variación global del clima de la tierra, provocado total o parcialmente por el aumento de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, especialmente, el dióxido de carbono (CO2) emitido por acciones humanas, como el uso de combustibles fósiles.
Pero no podemos olvidar que el calentamiento global está estrechamente interrelacionado con el cambio climático. Sin duda, es un problema gravísimo el que enfrentan los gobiernos porque es como lo dice la vieja frase célebre “La destrucción del hombre por el hombre”.
No en vano, la cantidad de fenómenos climáticos abruptos como huracanes más peligrosos, inundaciones, sequías extremas, derretimiento de los glaciares, cambios de los ecosistemas, desaparición de especies animales, aumento del nivel del mar, nuevas enfermedades, y en términos generales, hambre, pobreza y destrucción.
Pero el verdadero análisis que nos proponemos dilucidar responde al interrogante sobre ¿Qué han hecho y que se proponen hacer todos los países del mundo, incluida Colombia, frente a la emergencia planetaria que nos agobia?
Frente a lo primero, debemos decir con absoluta franqueza que, sí existe la normatividad internacional que regule el cambio climático y el calentamiento global a nivel orbital como la Convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático de 1988, la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo en Río de Janeiro 1992, el Protocolo de Kioto de 1997 (que entró en vigencia solo hasta el 2005), hasta llegar al Acuerdo de París de 2015.
Sobre qué se ha hecho, la verdad, muy poco, porque lo que se han propuesto todos estos instrumentos internacionales y los Estados parte, no se ha cumplido como se esperaba inicialmente, debido a la renuencia de las potencias mundiales en reducir las emisiones de GEI; el bajo desarrollo sostenible económico; la escasez en la ejecución de los programas hoja de ruta de NU; una débil gobernanza multinivel; la poca capacidad de inversión en energías renovables de la mayoría de países; los acuerdos de libre comercio que dificultan las políticas climáticas y protegen los intereses de la industria fósil; la falta de las economías mundiales en ofrecer servicios inteligentes, sobre todo el del agua y el saneamiento básico; y por supuesto, la politiquería y el lobby de la diplomacia de Estados Unidos, China y otras naciones, al interior de la ONU para que no avancen los compromisos a los que se comprometieron; igualmente, la pandemia mundial que ha congelado todo tipo de avances en la materia, mientras el calentamiento global cada vez muestra sus peores efectos, sin distinción de territorios, tal como se ha visto, por ejemplo, en las inundaciones en Alemania, Japón o Estados Unidos en este 2021.
Como buenos críticos, sólo hemos identificado el problema, pero no hemos puesto en marcha el catálogo de soluciones plasmadas en el conjunto de normativas y compromisos suscritos. Este tema no solo es competencia de los Estados, es también una responsabilidad social de todos.
En la segunda parte de la pregunta, sobre qué se proponen hacer los Estados frente al cambio climático y el calentamiento global, Colombia, quien, según la ONU, es el tercer país del mundo más vulnerable en el tema, le está apostando a que su energía sea 100% renovable para el año 2050. Para esto, el gobierno se ha propuesto un significativo aumento en la inversión de ese tipo de energías como la solar y la eólica, además de la diversificación de nuestra matriz energética. El país se traza la meta de reforestar un millón de hectáreas en los próximos dos años.
Está sobre la mesa la propuesta de Colombia a las naciones vecinas que tienen Amazonía de blindar de una vez por todas al pulmón del mundo, prohibiendo a gran escala la presencia de la industria de la madera que solo produce deforestación, la minería ilegal que acaba con la vegetación, flora y fauna silvestre, y el agua; los cultivos ilícitos que permiten ampliar la logística de los delincuentes y la adaptación de tierras arborizadas por terrenos aptos para la ganadería. Esta gran apuesta está en carpeta de la Unión Europea y su estrategia de adaptación al cambio climático. Otro tema será su estudio e implementación en el mediano plazo.
Normativamente, es necesario traer a colación la política Nacional de cambio climático (PNCC) con miras a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima, en temas de desarrollo minero energético, en infraestructura, manejo y conservación de ecosistemas, propósitos soportados en la carbono-neutralidad.
Ciertamente, es la política la que hace avanzar o neutralizar cualquier esfuerzo que se proponga un Estado en materia de gobernanza, buen gobierno, gobernabilidad y políticas públicas; sin embargo, en estos temas tan trascendentales donde está en juego la supervivencia del planeta y de la misma humanidad, los países en vía de desarrollo como Colombia, están atados a las agendas internacionales de otras naciones sumamente industrializadas como Estados Unidos, China, Reino Unido o Japón, tan dependientes de los recursos no renovables y que a través de su poderío e influencia diplomática en la ONU, hacen que los objetivos del Acuerdo de París, una vez más, queden rezagados, como el de si se cumplirá el evitar que la temperatura de la tierra suba 2 grados centígrados más. No se discute que el Acuerdo está sustentado en compromisos blandos y obligaciones generales que hacen que desde 2023 y cada cinco años los informes de los países no varíen mucho y los problemas del clima en vez de solucionarse, se sigan dilatando en el tiempo.
Veremos si la 26° conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP-26) a realizarse en Glasgow, Reino Unido, en noviembre próximo, nos traerá más de lo mismo, o, por el contrario, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París marcará una luz de esperanza en detener el avance de la emergencia planetaria que nos agobia cada vez más.
