Sí, es vedad que es ineficiente, como ningún otro mandato en la historia de nuestro país, y no porque esa gente no hubiese tenido la oportunidad de gobernar, sino poque no aprendió nada. Lo hizo mal cuando Petro tuvo la alcaldía de Bogotá, lo hizo mal en todos los lugares en los que la izquierda radical alcanzó el poder regional y local.
Pero una cosa es la ineficiencia y una, muy otra, la corrupción. En la esfera de lo público, la primera puede resultar de la falta de experiencia en el manejo de los mecanismos de gobierno, o, de las anteojeras ideológicas del gobernante que impiden un manejo racional de los recursos públicos para la solución de los problemas del país. En cambio, la segunda es el asalto de manera indebida e ilegal, hecho a propósito, a dichos recursos, para ponerlos al servicio de los intereses particulares de quien usa la trampa para desviarlos.
Un ciudadano podría ser indulgente con un gobierno ineficiente, pero no con uno corrupto. A uno lo castigaría no volviéndolo a elegir; al otro, juzgándolo y metiéndolo a la cárcel.
Es cierto que en otros gobiernos hubo corrupción e ineficiencia, pero nunca en el grado de este, que se eligió, según todos los indicios, con dineros clandestinos y sucios, buscando el apoyo de los criminales de los grupos armados organizados y de los mafiosos en las cárceles, a los que una vez en la presidencia, da todo tipo de garantías, cuidando de su seguridad y entregándoles extensos territorios, para que sigan acumulando dineros del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, volviendo drogodependientes a centenares de miles de nuestros jóvenes y oprimiendo y explotando a millones de colombianos.
Un gobierno corrupto que utilizó los dineros del erario público para imponer sus adefesios doctrinarios retrógrados disfrazados de progresismo, comprando al por mayor las conciencias, o, mejor, los estómagos de congresistas sin escrúpulos que no tienen más lealtad que el dinero. Gobierno corrupto este, cuyos funcionarios corruptos, no dudaron en aprovechar la ocasión para enriquecerse personalmente y cuando el país descubrió los múltiples chanchullos gracias a los medios de comunicación independientes, no dudaron en delatar el entramado.
Y, entonces, Petro y los altos funcionarios del gobierno procedieron a blindarse de la peor manera, o, mejor, de la única manera que saben: la Fiscalía anterior comenzó a investigar la cloaca que se avizoraba, pero Petro, aprovechando que el anterior Fiscal cumplía su período, se blindó, consiguiendo imponer en el congreso a su candidata, y desde ese punto y hora, la investigación contra su hijo Nicolás parece enmochilada.
Ya antes, para resolver la amenaza de la delación de Benedetti -quien dijo saber muchas cosas sucias sobre la campaña y que, si él caía, todos caían-, y para blindar a Laura Sarabia, quien fue señalada por este de haberlo traicionado, Pero nombró a esta como su funcionaria más cercana y a Benedetti lo mandó a la embajada de Venezuela, de allí a la embajada de la FAO en Europa y ahora, lo pone como consejero presidencial, con oficina frente al despacho del presidente. ¿Por qué? ¿Será la investigación del CNE? ¿Algo se cuece en la CSJ contra el asesor que sabe mucho y podría decirlo todo? No se sabe, pero es una maniobra tan impúdica que hasta los propios ministros y muchos miembros del Pacto Histórico expresaron su malestar por el nombramiento de este impresentable (según término usado por algunos de ellos). Es la corrupción llevada a nivel de la novela de Mario Puzo, el Padrino, aunque contraria a esta, el padrino es puesto contra las cuerdas.
Ahora bien, la investigación contra su equipo de campaña, avanza en el Consejo Nacional Electoral, aunque parece tener poco futuro si llega a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, gracias a las maniobras de los congresistas el Pacto Histórico y sus aliados.
Pero un hecho ocurrido la semana que terminó agrava la situación del presidente y de manera exponencial: la investigación sobre los dineros de UNGRAD para comprar congresistas puso contra la pared al ministro de hacienda Ricardo Bonilla, a quien su exasesora María Alejandra Benavidez señaló que conocía toda la trama: “Él me usó, él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro” (El Tiempo, 29.11.204).
La acusación es tan seria que el ministro Bonilla tendría que renunciar para defenderse ante los jueces sin el poder que maneja en su cargo. Si la CSJ hace su trabajo y resultan probadas las acusaciones sobre Bonilla, el entramado de Petro se desploma. No habría nada ni nadie que lo salvase. Se trataría de un gobierno criminal que compra a congresistas criminales. Para todo el mundo sería claro que, si Bonilla sabía e impulsó el mayor caso de corrupción en la historia del ejecutivo y el legislativo en Colombia, Petro no podía ignorarlo; es más, presuntamente, lo habría ordenado. En caso de ser encontrados culpables caería Petro, el Pacto Histórico, la corrupción como estilo de vida. Pero si no, la legitimidad de este gobierno ante los colombianos quedaría reducida a su mínima expresión.
