El segundo llegó de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, salió el jueves en defensa de Petro. Estimó que un país “no puede renunciar al debido proceso legal sobre todo cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las urnas”. Lula mostró que no está bien informado sobre el trámite que sigue Colombia sobre el caso Petro.

El tercer mensaje llegó de Caracas. 24 años de dictadura comunista. En su tono habitual de peleador callejero, Diosdado Cabello, el ministro del Interior, eructó: “Nosotros estaremos a favor de Gustavo Petro sin dobles posturas. Entre Petro y (Iván) Duque yo no tengo nada que escoger, está claro que voy a apoyar a Petro”. El 11 de octubre, Nicolás Maduro envió su mensaje: se propuso como “garante” para entrabar las investigaciones del CNE sobre Petro.

¿Cómo será el “apoyo” de esos dos personajes? ¿Enviarán dentro de unos días o semanas sus 24 Sukhois ruso-chinos para destruir las refinerías y los principales puentes de Colombia y salvar a Petro de la sanción definitiva? Nadie olvida en Colombia la intimidación en esos términos lanzada por Caracas contra Colombia hace unos años.

En diciembre de 2018, Nicolás Maduro acusó al presidente Iván Duque de dirigir planes militares contra la llamada “revolución bolivariana” y, según Colprensa, le pidió a su Fuerza Armada prepararse para defender a Venezuela y atacar a Colombia. Todo porque la prensa bogotana había revelado que Vladimir Putin había decidido instalar una base militar rusa en la isla venezolana La Orchila.

El cuarto mensaje fue enviado por el Grupo de Puebla, secta internacional que organiza operaciones subversivas en el continente: “Registramos con preocupación la decisión del CNE de Colombia de abrir una investigación sobre la financiación de la campaña del presidente Petro”. Ese grupo patibulario pretende darle lecciones de derecho a la justicia colombiana. Para el GP lo decidido por el CNE “compromete, de manera extemporánea e inconstitucional, el fuero integral del presidente para gobernar el país de manera autónoma y soberana”.

Petro no tiene “fuero presidencial” ni “fuero integral”

Llama la atención que el GP utilice la fórmula mágica con la que Gustavo Petro cree ponerse a salvo de toda investigación de los organismos de control de Colombia: “fuero integral”. Hace unas semanas Petro utilizaba la frase “fuero presidencial”. El pretendía que la Constitución de 1991 le otorga un “fuero presidencial”. Yo demostré que el “fuero presidencial” no existe, que la Constitución colombiana jamás lo creó y que ninguna Constitución en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa inmuniza a sus presidentes contra toda investigación, sanción y destitución, pese a haber sido elegidos, si han cometido delitos. Petro dejó entrar dineros mafiosos para financiar su campaña electoral en 2021 y debe responder como cualquier ciudadano. Él no está por encima de la ley. Eso lo saben los magistrados, el Consejo de Estado y la CNE. Por eso la investigación avanza. Ante ello Gustavo Petro optó por rebelarse contra el orden jurídico del país al gritar que esa diligencia es un “golpe de Estado”.

Creyéndose capaz de calificar la investigación del CNE el Grupo de Puebla dice: “Se trata de un paso más en el desarrollo de un golpe de Estado pasivo que busca impedir la gobernabilidad para la cual fue elegido el presidente de Colombia por más de 11 millones de votos”.

El quinto mensaje llegó de Caracas, el 11 de octubre. Nicolás Maduro pide que Colombia lo acepte como “garante” para “evitar el golpe de Estado” contra Petro. El dictador exhibió una parte de su plan: quiere que Brasil, Nicaragua y los grupos de influencia creados por el chavismo entren en acción contra Colombia y que la Celac (comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños) y el grupo Alba-Tcp, monten un “proceso de diálogo” para enredar la acción del CNE y defraudar a la ciudadanía colombiana que exige toda la verdad sobre los dineros que financiaron la campaña electoral de Gustavo Petro.

Nadie olvida en Colombia la violenta represión ordenada por Maduro luego de la victoria de Edmundo González el pasado 28 de julio. Nadie olvida la caza de brujas desatada contra la líder de la oposición María Corina Machado antes y después de esa fecha. ¿Cómo Colombia podría admitir que un individuo así logre inmiscuirse en un asunto tan vital para la democracia? ¿Qué pretende Maduro con esa propuesta?  ¿Qué autoridad moral pueden tener los Díaz-Canel, Maduro, Ortega y Lula para defender a Petro después de los crímenes que esa gente ha cometido contra sus pueblos? El respaldo de los totalitarios no sacará a Petro de aprietos. Tales maniobras lo hunden más y más.

La intervención directa de los dictadores del continente

Desde que llegó a la Casa de Nariño, Petro impulsa una guerra civil de baja intensidad contra Colombia. Lo revela su empeño rabioso contra la economía del país y la marginalización de las fuerzas militares y de policía, así como sus insultos contra la Constitución, contra los periodistas, contra la justicia, contra los trabajadores (su infame reforma de la salud y de las pensiones, es la punta del iceberg). Por eso la influencia que ejercía entre los que votaron por él en mayo/junio de 2022 se ha agotado. Petro cree que llegó el momento de recibir ayuda directa de las dictaduras que lo ayudaron a trepar al poder.

Atención entonces: las propuestas de Maduro, Cuba, Brasil y del GP es una sola cosa y oculta algo muy grave. “Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder”, gesticula Petro. Traducción: Petro cree que podrá desatar la “violencia de masas”, es decir la vasta acción depredadora de las pandillas armadas que él utilizó en el mal llamado “estallido social” de 2021. Petro quiere repetir eso y contar con la complicidad de los dictadores comunistas para desmantelar al CNE y las instituciones y amordazar a la prensa. Repetir el baño de sangre de 2021 no será fácil. La popularidad de Petro es baja y las “masas populares” no saldrán por él a las calles.

Por eso espera que Maduro y Cuba intervengan. Y no solo con actos de soft power como la guerra digital de las bodegas bolivarianas, la intensificación de la propaganda antioccidental y de los distractores psicológicos. También existen otros juegos: los golpes de las organizaciones narco-comunistas, los ataques cibernéticos destinados a paralizar hospitales, puertos y aeropuertos para agravar el desabastecimiento de bienes y medicinas. Las formas de ese tipo de guerra pueden ser escaladas: entrada de más dineros, tropas, agitadores y organizadores bolivarianos disfrazados de diplomáticos, asesores y migrantes gracias a la eliminación de los controles de fronteras y del desmoronamiento de las fuerzas legítimas del Estado.

Los heroicos impulsores de la investigación del CNE y el país en general deben admitir que el proceso es sobre todo político, no solo judicial, y que las mayorías opositoras deben combinar muchos tipos de acción legal, como la colecta de información, el respaldo a los periodistas y juristas y a los actores de la oposición, la organización y movilización disciplinada y ágil de las bases y la centralización de la orientación, para hacerle frente a la acción brutal del petrismo con respaldo bolivariano.  Si Petro insiste en sabotear la acción del CNE y de las instituciones el país queda en libertad de desconocer las circulares, decretos y leyes petristas y acudir a la desobediencia civil y militar.

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¿Seguimos sin entender qué ocurrió en Israel el 7 de octubre? 

Eduardo Mackenzie

Hace un año, el 7 de octubre de 2023, Israel fue objeto de un súbito y masivo ataque de fuerzas terroristas dirigidas por el régimen islamista de Irán: Hamás y Hezbollah. Hamás ejecutó ese día la más pavorosa masacre antijudía desde el fin de la Shoah durante la segunda guerra mundial: lanzó 4.000 misiles contra objetivos civiles y militares israelíes y 3.000 de sus milicianos cruzaron la frontera de Gaza en lanchas rápidas, parapentes, camiones, camionetas, motocicletas y excavadoras.

Los terroristas entraron a 21 kibutz y poblados israelíes y, en un día, incendiaron, asesinaron y torturaron familias enteras en sus propios hogares. Los imprecisos misiles de Hamás mataron no solo israelíes sino también a palestinos en la propia franja. Cinco grupos palestinos entrenados y armados participaron en ese asalto cobarde y sangriento. 

Las cifras de las víctimas israelíes son hoy más o menos precisas:1.546 perdieron la vida el 7 de octubre, 5.629 fueron heridas y 251 fueron secuestradas. De ellas, 97 todavía están en manos de sus verdugos. ¿Por qué razón? Por ser judíos. Un año después, tras la respuesta de Israel, la dirección de Hamás y de Hezbollah ha sido decapitada, sus bastiones subterráneos descubiertos y miles de sus miembros han muerto. Hamás alega que el 90% de la población de Gaza ha sido desplazada y que 41.467 civiles palestinos murieron (1). Y oculta dos hechos importantes: que Israel sigue bajo el fuego de la barbarie antisemita acometida en siete frentes diferentes y que no hay otro ejército que haga más para advertir a la población civil antes de lanzar sus ataques contra los centros de comando enemigos.

Ante esa acusación habría que evocar una frase luminosa de Golda Meir: “Quizás podría disculpar a los árabes por matar a mis hijos, pero nunca los perdonaré por obligarme a matar a los suyos”. Golda Meir, quien conocía la lucha ingrata de Israel por su existencia, abocada a la realidad de dejarse matar o sobrevivir mediante la lucha, había declarado: “Prefiero las condenas a las condolencias”. 

Lamentablemente, algunos órganos de la prensa colombiana dejan de lado esos hechos y caen en una visión confusa del 7 de octubre, de la naturaleza de esa guerra y de sus actores. Algunos muestran a Hamás y Hezbollah como grupos “radicales” y de “resistencia” y no como fanáticos terroristas. Otros no ven lo que está en juego para Israel, la única democracia del Medio Oriente, en esa guerra. Tales deficiencias se reflejan en el tono y contenido de ciertos artículos de conmemoración publicados antier. Por ejemplo, solo El Colombiano catalogó a Hamas como grupo terrorista, pero ni El Espectador ni El País lo hicieron. Un matutino afirmó sin sonrojarse que en materia de víctimas hasta hoy solo hay “900 civiles israelíes”.

Ningún artículo de los que he leído utilizó la palabra “antisemita”, ni “antisemitismo”, ninguno admite que el pogrom del 7 de octubre puso en juego la existencia misma del Estado de Israel. No encontré un solo análisis que afirmara el derecho inalienable de Israel a defenderse. Ninguno fustigó la meta de Hamás de alcanzar la destrucción definitiva, “del rio al mar”, de Israel y de la población judía en la región. Muchos reporteros siguen viendo esa tragedia como la incursión de una fuerza armada islamista contra las fuerzas de defensa de Israel.  Fue un solapado asalto contra miles de jóvenes y civiles de todas las edades, por unas falanges intoxicadas por el odio antisemita. La prensa ve esa tragedia como algo lejano y sin conexión con el destino inmediato de Colombia y del mundo en general.

Esa grave confusión no cayó del cielo. Es evidente que en algunas redacciones (pero la prensa colombiana no es la única) fue inculcada la narrativa islamista bajo el disfraz de una actitud “humanitaria”: la necesidad de un “cese al fuego inmediato” (aunque sus autores saben que Hamas y Hezbollah rechazan toda negociación con Israel). Esa versión describe a Israel como un país “agresor” y “genocida” y hasta “nazi” y a Hamas y Hezbollah como grupos de “resistencia”, como abnegados “defensores” de palestinos y libaneses, cuando lo cierto es que esos pueblos, utilizados como escudos humanos, viven bajo la opresión más abyecta de las milicias subordinadas a Irán. Hasta un matutino citó a un “experto” que elogió las “respuestas limitadas” de Irán en el plano estratégico regional.

Esa indulgencia pasmosa respecto de Hamas y Hezbollah impregnó la declaración de ayer, en Nueva York, del ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Luís Gilberto Murillo. Este no admite la responsabilidad de Hamás en la masacre del 7 de octubre, pero concluye ahora que “la situación se ha tornado algo inaceptable”, según El País, de Cali, --como si el 7 de octubre de 2023 no lo hubiera sido--. En consecuencia, Murillo pidió “el cese de las hostilidades” y una “solución política”. ¿De qué “solución política” habla?

El motivo de la matanza del 7 de octubre fue el acercamiento entre Israel y los países árabes –los Acuerdos de Abraham--, proceso que Irán teme más que nada y quiere sabotear. ¿De qué negociación habla el canciller Murillo y el presidente Gustavo Petro?

En el año que siguió al 7 de octubre, Petro se alineó dócilmente: insufló el odio anti-Israel en manifestaciones callejeras y repitió como cotorra donde pudo que los judíos son “nazis” y “genocidas”. Y siete horas después del comienzo de la masacre dictaminó: “Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza palestina”. Comenzó así una campaña de mentiras que no ha terminado todavía: rompió sin motivo las relaciones con Israel, un país amigo de Colombia, y prohibió las exportaciones de carbón. Y apoyó a Sudáfrica en su demanda bufona contra Israel en la Corte Penal Internacional.

Gustavo Petro no condenó el 7 de octubre y sigue negando lo que ocurre en Gaza y Líbano. Como escribí el 8 de octubre de 2023, Petro trasladó la culpa a Israel del ataque islamista y legitimó “el asesinato de civiles judíos por ser judíos”. Su análisis es y sigue siendo repugnante.

(1).https://www.bbc.com/mundo/articles/cpqz11gyzrlo#:~:text=La%20BBC%20habl%C3%B3%20con%20algunas%20de%20las%20personas%20afectadas%20por