Por ahora resalto los puntos 1 y 5. En el punto 1. Seguridad y Erradicación de la violencia del ejercicio de la política, se pide el desescalamiento del lenguaje en el debate político, el respeto al disenso y el rechazo la violencia en la política impidiendo que los violentos interfieran en las elecciones y que los candidatos con vínculos con ellos participen en los procesos electorales, así como que el estado recupere los territorios en manos de grupos armados ilegales y ejerza su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia; además, “promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población.”

Es para morirse de la risa. Comencemos por las dos últimas afirmaciones. ¿Recuperar el control del territorio? ¿Acordar una estrategia para desmantelarlos?  El primer propósito es obligación del gobierno, por mandato constitucional, que debe cumplir o sí; ese punto no es negociable. En cuanto al segundo, ya existe esa estrategia, la “paz total” que Petro impuso a espaldas y contra la voluntad de los colombianos.  Y en ambos casos, sus errores son una tragedia que sufre la nación colombiana.  Veamos:

 Aunque no ha dado una definición de “paz total”, por la experiencia en estos 25 meses puede deducirse que se trata de llegar a acuerdos de paz con todos los grupos armados organizados, GAO, es decir, las autodenominadas guerrillas o autodefensas; pero, también, con las bandas criminales que manejan el microtráfico y otros delitos, muchas de ellas dependientes o en coordinación con aquellos). A los GAOS de izquierda los cataloga de actores políticos. A los otros, de delincuentes, pero en el fondo la estrategia es la misma: impunidad y conservación de su poder y de su riqueza. Hasta ahora había negociado explícitamente con los GAO de izquierda; bueno, negociar en mucho decir, realidad les ha cedido en todo. De entrada, desmanteló dramáticamente las fuerzas armadas y de policía y las rodeó de impedimentos normativos para que puedan combatir esas organizaciones, mientras estas gozan de total impunidad, ven a sus cabecillas libres y convertidos en “negociadores” y “gestores de paz” y se solazan con el crecimiento su dominio territorial y el control de la vida de decenas de miles de colombianos, mientras el gobierno les implora que, por favor firmen un cese al fuego o se mantengan, como sea, en una negociación que es desastrosa para la nación colombiana.

Pero ahora, ha dado un paso adicional, que ya se advertía de tiempo atrás: para escarmiento de los centenares de miles de víctimas de las autodefensas, ha decidido negociar la “paz total” con Mancuso, comandante general de las Autodefensas Unidas de Colombia, responsable de muchas atrocidades y de más de veinte mil delitos contra los colombianos.  En estos días, en un acto de entrega de tierras a campesinos en Córdoba, de esas que las autodefensas expropiaron en el pasado, vimos que Petro y Mancuso intercambiaban sombreros vueltiaos. No sé bien como símbolo de qué, pero en todo caso, no de reparación a las víctimas, ni de respeto a los millones de colombianos que no han torturado y asesinado; ni de cumplimiento de sus deberes constitucionales porque el de Mancuso ya es un caso juzgado,

Como todo mundo sabe, Mancuso ya había sido juzgado en la jurisdicción de Justicia y Paz -creada por iniciativa del presidente Uribe para darle una salida jurídica a quienes se desmovilizaran en una negociación con las AUC que permitió sacar de la guerra a más de 35.000 personas, paramilitares, pero también, guerrilleros,  según el Centro Nacional de Memoria Histórica-, pero después fue extraditado, junto con otros dirigentes de esa agrupación a Estados Unidos por seguir delinquiendo en tráfico de drogas hacia ese país, desde la cárcel.

Un odio profundo brotó en esos dirigentes contra Uribe desde entonces, que hoy quiere capitalizar Petro usando a Mancuso como “gestor de paz”, como una estrategia para golpear al más emblemático de los opositores en Colombia, al que ni la extrema izquierda ni la extrema derecha perdonan que los haya derrotado militarmente y los hubiese arrinconado políticamente, revividos los primeros por la perfidia de Santos y hoy, los segundos, por la estulticia de Petro. Todo en el marco de su estrategia electoral para reelegirse él mismo (el punto 2 del acuerdo d Cristo, niega esa posibilidad, pero ¿quién le cree a un pastorcito mentiroso?) o en cuerpo ajeno.

Lo que se vio en televisión fue la imagen del mal, encarnada en dos sombreros vueltiaos distintos en una sola cabeza verdadera, esa que encarna el caos, pero, además, la mistificación contra quien los combatió. No se sabe que hablaron en privado, pero seguramente celebraron que la fiscal que el presidente impuso a punta de presiones muy graves a los magistrados, haya puesto a una de sus fichas, quien, junto con una jueza, que se vio sesgada y precipitada, tengan a Uribe contra las cuerdas negándole el más importante de los derechos en una democracia frente al leviatán del estado: el de defenderse con las herramientas de la ley, en un debido proceso. Ese derecho se le está negando a Uribe, escondiéndole las pruebas que lo favorecen o negándoles su acceso a ellas. Hasta tal punto que el expresidente tubo que retirarse de la encerrona que le estaban montando y exigir públicamente que su proceso se cumpla con transparencia y garantías.  En su petición de justicia no está solo. Millones de colombianos lo respaldamos. La Procuraduría actual también lo hace. Y están los tribunales internacionales a los que puede acudir para que le exijan a la fiscal y a la juez del caso que cumplan su deber. 

De manera que, a modo de conclusión, el acuerdo nacional que propone el ministro en este punto sólo podría darse si Petro termina su estrategia de “paz total” y ordena a sus fichas en la Fiscalía y en la judicatura que no persigan a la oposición.

En cuanto al punto 5. Mientras Cristo habla de acuerdo nacional Petro sigue insultando a los opositores, a las cortes y a los periodistas, debo decir que, el punto 5. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales, que exige que haya acuerdo en el congreso para aprobar las reformas petristas marcha, para desgracia de los colombianos, viento en popa: por ejemplo, la reforma laboral sigue su curso con votos de muchos parlamentarios independientes y de oposición; remember la mermelada. Y para el nombramiento del Procurador, incluso a tres senadores del Centro Democrático les pareció bien votar por el candidato de Petro dándole la espalda a las Cortes, y eso que dos de ellas son precandidatas a la presidencia. ¡Qué tristeza! ¿Cuál será su explicación?