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Alfonso Monsalve Solórzano                                      

No pasa una semana sin que Petro no haga una propuesta para dinamitar nuestro estado de derecho y quedarse en el poder para hacerlo, que son, más allá de toda duda, sus objetivos principales; no pasa una semana sin que haga todo lo posible por tener agitadores rabiosos para hacerlo; sin que debilite cada vez más a las Fuerzas Armadas y empodere a las bandas narcotraficantes a las que les suplica que negocien con él, su amigo y aliado, sin importar lo que hagan en materia de crímenes contra la humanidad; sin que ofenda a la prensa y a la oposición y sin que plantee un escándalo, como el de Panamá, para desviar la atención de todas las cosas que hacen él y sus funcionarios, ya sean estas, estúpidas, abstrusas; y de las que deja de hacer, en virtud de su incapacidad casi absoluta de gobernar, que sería la característica central de su no – gestión, si no fuese la destrucción de nuestro estado de derecho.

Es gracias a esa incapacidad que todavía no ha podido acabar con nuestra constitución y con nuestras instituciones para reemplazarla por una hecha a su medida de dictador regresista (la ideología socialista de corte estatista totalitaria que profesa Petro de progresismo no tiene nada, a pesar de los esfuerzos que ha hecho; en realidad, es un regreso a un pasado que fue enterrado con la caída del socialismo en los años 89 y 90 en la Unión Soviética, Europa Central y China y que sólo profesan dinosaurios latinoamericanos como los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela).

Primero fue, el “poder constituyente del pueblo”, que no ha podido definir, pero que, en todo caso, no es la vía fijada por nuestra Carta Magna, sino -lo digo para ayudarle a aclarar su concepto- la masa informe que cree que maneja.

Después, un acuerdo nacional, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución, pero eso sí, sobre los puntos que le dio el poder constituyente, no se sabe cómo, y sólo sobre ellos, que resulta todos pueden si, de verdad existiese la voluntad política de un acuerdo nacional, tramitarse en el congreso como leyes, o usar las que ya tiene, pero desconoce o busca ignorar, para cambiar la esencia democrática liberal (en el sentido filosófico de garantía de las libertades individuales.

Ahora, es el mecanismo Fast Track, inventado por Santos y Cristo (el malo), que fue aprobado con el nombre de Acto Legislativo 01 de 2016, por un congreso enmermelado y avalado por la Corte Constitucional de la época, para desconocer el triunfo del NO en el plebiscito que negaba la aprobación del acuerdo de ese presidente con las Farc. El Fast Track consistió en un artilugio “para facilitar la aprobación de normas esenciales para la implementación del acuerdo de paz en un período legislativo reducido”. Según este acto, “los proyectos relacionados con la paz tendrían prioridad absoluta en el Congreso de la República. Establecía “un procedimiento permitía que los proyectos de ley con urgencia, un sistema ya existente, se gestionaran aún más rápido mediante debates conjuntos y paralelos tanto en las comisiones como en las sesiones plenarias. Para las reformas constitucionales, se reducía de ocho a cuatro el número de debates necesarios. Además, este mecanismo estipulaba que las modificaciones a los proyectos de ley sólo podían realizarse bajo acuerdo con el gobierno, antes de la fase de debate. Esto limitaba la posibilidad de discusiones detalladas sobre cada artículo, votando en bloque los proyectos” (Infobae.com 12.07.2024). Con semejante trampa, lograron aprobar ese Tratado.

Petro y Cristo (el malo) ahora quieren hacerle conejo otra vez al país y cuentan para ello con que tendrán los votos necesarios, conseguidos a punta de mermelada, para aprobar un nuevo Fast Track, que es el noveno punto de su propuesta de 9 puntos que presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en medio de un sartal de mentiras, como aquella de que Colombia es el país más desigual del mundo, cuando la verdad era que el decrecimiento de la pobreza era evidente hasta la pandemia, y que después de ella y hasta el fin del gobierno de Duque, el país se estaba recuperando; o la de que Duque estaba haciendo añicos el tratado de paz don las FARC, pues ese expresidente hizo todo lo que pudo por cumplir, con los recursos disponibles, el acuerdo y apoyó la JEP. Además, con afirmaciones sobre la violencia en el país y la falta de paz, que esconden quiénes son los violentos que azotan a Colombia e impiden que vivamos en paz: sus amigos de los grupos armados narcotraficantes, a los que todo les concede y todo les perdona, y con quienes cogobierna.

Fíjense ustedes los puntos del Fast Track:

“1. Modificación de las vigencias futuras y modificación del marco de mediano plazo para priorizar las obras de la inclusión territorial. 2. Cambio en el sistema general de participaciones para destinar recursos a los PDET. 3. Excarcelar a los productores de hoja de coca. 4. Optimización y nuevas inversiones forzosas para los programas colectivos del PNIS.5. Conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas. El mandatario recordó que muchas de las zonas PDET están en zonas de selva. 6. Planteó una reforma agraria para la compra administrativa exprés de la tierra para la reforma agraria. 7. Propuso un sistema único para que todos los sectores tengan un solo tribunal de cierre. “Incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto”, señaló. 8. Propuso también ampliar el tiempo de implementación por 7 años más” (El Colombiano 12.07.2024).

Como se puede ver, algunos son absolutamente inconvenientes; como el, el 4 y el 6. Por ejemplo, este último punto sería la legalización de la expropiación arbitraria, cuando ha habido más que suficiente oferta de tierra por parte de propietarios privados y es la manifiesta incapacidad del gobierno de ejecutar recursos, lo que ha impedido su compra masiva. Pero aun esos puntos podrían tramitarse mediante leyes nuevas en un proceso normal que no violente nuestra estructura jurídica – política. Los otros, incluyendo la excarcelación de los productores de coca, es completamente tramitable. Así como la amnistía encubierta que busca para sus amigos narcotraficantes.

Lo que ocurre es que él quiere que se apruebe sin discusión cualquier cosa que le venga a la mente sin que nadie la pueda discutir, como ocurrió con el Fast Track de Santos y Cristo (el malo), que estipulaba, como dije más arriba, que cualquier modificación de cualquier proyecto, que es de exclusiva prerrogativa del presidente, se hiciera con el visto bueno del gobierno. Y, además, que las modificaciones se hagan ya, en la legislatura del 2025, para utilizarlas en la campaña de su reelección, que podría ir en el paquete del acto legislativo.

La única conclusión posible es que el Fast Track es absolutamente rechazable por parte de los partidos en el congreso, los parlamentarios y la Corte Constitucional. Ojo avizor, colombianos, al perro no lo pueden capar dos veces. Debemos exigir posiciones claras, transparencia y rendición de cuentas a las formaciones políticas y a los congresistas.

Y no nos dejemos amedrentar con lo del Consejo de Seguridad. Petro sabe que en ese organismo no le copian sus disparates, pues allí hay países que saben lo que aquí ocurre y que impedirán que los amigos de Petro le impongan a Colombia un mandato que es un exabrupto que solo sirve para destruirlo y eternizar al regresivo presidente en el poder.

Ahora bien, Petro pondrá en tensión todas sus fuerzas e intentará anegar al país en un mar de marchas violentas, presiones al congreso, a la CC, a la oposición y a los periodistas independientes, tomas de tierra, bloqueos de puertos, etc.

Y hay que tener presente que el Fast Track es sólo uno entre varios mecanismos posibles. El nombramiento de un agitador de malas pulgas en el ministerio de educación es una señal de que intentará usurpar la representación de estudiantes y profesores por gente afecta a este gobierno, minoría ruidosa y violenta, que impulsará el Fast Track o el poder constituyente, para no mencionar los acuerdos a los que llegue con las organizaciones armadas con las que está negociando el cambio del modelo de estado mediante un acuerdo. Porque de lo que se trata es de hacer la revolución, como sea, al precio que sea. Y por eso pone en marcha todas las estrategias que le sirvan, unas detrás de otras o de manera simultánea, para asaltar el estado y cambiar la carta magna.

La incompetencia de Petro y su gobierno hasta ahora ha jugado a favor de los colombianos. Pero no podemos confiarnos, porque el presidente es persistente y tiene una porción de poder importante y, porque aun si fracasara en estos intentos, el resultado será un país caótico con alto grado ingobernabilidad cuando lleguemos al poder, si es que hay elecciones y si estás son razonablemente libres.

Publicado en Columnistas Nacionales

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