El primero, porque con él se juega la existencia misma de nuestro Estado y de nuestros derechos fundamentales, es que la llamada Paz Total nos ha conducido a una inseguridad que nos está asfixiando. (Sobre este punto he escrito en ocasiones anteriores, pero ruego a mis lectores que tengan paciencia porque debo explicarlo, de nuevo, para argumentar mi tesis).

El gobierno negocia, desafiando al país nacional y a la ciudadanía, la estructura del estado y la agenda política de nuestra sociedad para las próximas décadas, con organizaciones armadas que aspiran a crear una sociedad a imagen y semejanza de sus necesidades políticas, organizaciones a las que da todo tipo de prebendas, mientras deja inerme a la ciudadanía y a la nación colombianas.

La Paz total es una estrategia que permite a grupos criminales imbricados en el narcotráfico, minería ilegal y el secuestro, entre otros delitos, obtener todo tipo de prebendas, mientras deja inerme a la sociedad a la que tiene obligación de proteger, desmantelando, para ello, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto del  know how  -en esta semana sacaron al último general experto en inteligencia- como de armas y pertrechos modernos -hasta el punto de que, sólo para poner un ejemplo, estamos perdiendo la superioridad aérea,   mientras grupos como  las disidencias mencionadas, se dan el lujo de atacar con drones a nuestros policías y soldados-   y maniatándolas con directrices que les dificultan y hasta les  imposibilitan combatir.

Y si lo critican, la respuesta es una cosa de locos:  Alejandro Gaviria dijo en un trino que ““La Paz total” terminó empoderando las organizaciones criminales. Paradójicamente nos ha alejado de la paz”; enseguida, Petro, en otro trino le respondió: “En la ignorancia de ciertos temas, no saben que cuando una organización ilegal está débil recurre a los explosivos en ciudades y al terrorismo, es porque está débil y está a punto de ser derrotada”.

Con esa lógica, estaremos destrozados todo pronto, porque mientras Petro cree que a más bombas y más terrorismo, más debilidad de esas organizaciones, lo que está ocurriendo es lo contrario: a punta de bombas, bombardeos con drones, secuestros, terror, esas organizaciones, que se autodenominan de izquierda o de derecha, amplían su control territorial, aseguran sus rutas de tráfico, dominan a los pobladores, reclutan niños e imponen normas de vida y convivencia ajustadas a sus necesidades. Lugares como el Cauca y el sur del Valle, últimamente están en los titulares de las noticias porque sufren el brutal terror de las Disidencias de las Farc; pero también lo viven Nariño, Chocó, el Catatumbo, Arauca, el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, la Sierra Nevada del Magdalena y la Guajira, Casanare, Caquetá, Putumayo, Guaviare, entre otros.  En muchos de esos lugares no impera la ley del estado sino la de sus contrapartes.

Si las negociaciones terminasen exitosamente para el gobierno, sería un desastre para la nación colombiana y para los ciudadanos. Estos grupos, que NO SON PETRISTAS y que luchan entre ellos o se coluden, según requerimientos tácticos o estratégicos,  aprovecharían, como la evidencia muestra, la oportunidad para imponer, si logran triunfar -muchos analistas creen que no, pero es un escenario posible que hay que considerar-  y unificarse, ya sea porque una de ellas sale vencedora o acuerdan un reparto “federal” del poder, impondrán -con constituyente o sin ella- instituciones que controlarían desde un ejecutivo dictatorial que se construye sobre una organización vertical,  que llaman eufemísticamente, poder popular, consistente en una estructura piramidal de comités, sindicatos, cabildos, juntas de acción comunal, que regularían férreamente, pues manejarían con sus agentes; y con un poder electoral, judicial y legislativo, que también operarían a su antojo. Y con una policía política, que ya ha mostrado sus orejas en la Dirección Nacional de Inteligencia de Petro, según denuncia el senador David Luna, y por  los grupos de Primera Línea y las guardias indígenas, - que ya se han exhibido en la Plaza de Bolívar - campesinas, cimarronas, indígenas que están bajo su mando., siguiendo el modelo de las organizaciones revolucionarias que han hecho, perdonen la cacofonía, revoluciones.  Petro, eventualmente, podría servir de conector entre ellos, conservando un poder completamente limitado por los acuerdos

Algunos teóricos piensan que eso no es posible, porque no se trata de organizaciones revolucionarias, sino criminales. Pero mi tesis es que sí lo harían, no porque sean revolucionarias (o contrarrevolucionarias, en el caso de los que se llaman a sí mismos autodefensas), sino porque ese modelo es funcional a sus intereses. De hecho, ya se está ensayado a escala, desde hace mucho tiempo en el país por esas agrupaciones: crean milicias, imponen reglas, resuelven litigios entre la población a la que controlan de todas las maneras posibles.

Supóngase ahora, que Petro y sus contrapartes no alcanzan a cuajar un acuerdo de aquí al 2026: el resultado será un país más violento, más caótico, con instituciones cada vez más débiles y mayor inseguridad.  Qué sigue, depende de si hay elecciones libres ese año. Si no, la primera opción sigue vigente.

Muchos dirán que mi planteamiento es, a lo sumo, ciencia ficción política. Puede que tengan razón. Pero lo que no pueden negar es que el derecho a la vida, a la seguridad y el goce de las otras libertades civiles y políticas, que logramos conseguir en el gobierno de Uribe con la Seguridad Democrática, están cada vez más amenazados por esos grupos y por el concomitante el deterioro de la función esencial del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y la soberanía interna.

Más aun si consideramos la existencia de bandas casi todas ligadas al narcotráfico, que además de participar en el negocio en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, atracan, extorsionan, asesinan, roban, manejan el gota a gota, a una ciudadanía cada vez más cercada por este tipo de criminalidad. Y lo hacen en sectores populares, pero también en los barrios de clase media y alta.  Puede postularse, sin temor a equivocarse, que esas bandas se coordinan y se coordinarán con los grupos armados ilegales con los que se relacionan u obedecen. El deterioro de la seguridad urbana está llegando a límites insoportables. Ahora, bien las bandas, como parte del negocio del narcotráfico tienen un cordón umbilical con los grupos armados de los que veníamos hablando. Por eso, Petro, en su política de Paz Total, los incluye. No quiere combatirlos para contenerlos, sino ofrecerles, a ellos también, gabelas. Cómo hacerlo jurídicamente, es algo que tiene pendiente, pero ello no le ha impedido que sus delegados hablen con ellos.

El segundo punto es la destrucción del sistema nacional de salud. Se avecina una catástrofe humanitaria de consecuencias incalculables, si no se le pone remedio. El ejemplo de los maestros es una pequeñísima muestra de lo que puede ocurrir en el país. Reconstruirlo es la segunda prioridad nacional.

El tercero, es el combate frontal y sin esguinces contra la corrupción. Nunca antes habíamos llegado a niveles tan apabullantes. Ya desde la campaña, con los escándalos de su hijo y su hermano. En el gobierno, con  las maletas de Laura  y las denuncias de Benedetti, ambos premiados por su silencio, al estilo de la  omertà; luego lo de la UNGRAD, con dinero usado para comprar reformas en el congreso; práctica que, como hipótesis plausible, ahora se aplicaría para la compra de muchos representantes liberales, conservadores, de la U y verdes,   para aprobar el ilegal zarpazo a los más de 460 billones de pesos del ahorro pensional de los colombianos para gastarlos en la campaña petrista, con o sin constituyente, a punta de subsidios para aclimatar su cambio de modelo político y perpetuarse, a nombre y en representación de sus aliados,  en el poder, por tiempo indefinido.

Y el cuarto, es el deterioro de la economía. Si no se abre la exploración y explotación de hidrocarburos, se desideologizan las relaciones comerciales, se hacen competitivas las empresas para producir riqueza, se practica la austeridad, se elimina la fronda burocrática y se reestablece la meritocracia, el país terminará como Venezuela o Cuba.

Esos cuatro puntos podrían ser la base de un acuerdo nacional ahora, y en el futuro mediano en las elecciones del 2026, en caso de que haya comicios y estos sean razonablemente libres. Para eso, una precondición, el punto cero, por así decir, de un acuerdo nacional sería garantizar que haya unas elecciones tales en el 2026. De no ser posible…