Ahora, con el borrador de documento que elaboró la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Participación, creado por la mesa de negociación entre el gobierno y esa guerrilla, deja ver que tenía razón:

“La creación de una “democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano”, una reformar la actuación de la Fuerza Pública, un rediseño institucional que vaya acompañada por una reforma electoral, la implementación el Acuerdo de Escazú, debates en torno a la propiedad, uso y tenencia de la tierra y la eliminación y transformación de economías ilegalizadas y del narcotráfico. (…) Hay que recordar que para la construcción de este documento -y en general durante toda la fase de diseño- se tuvo en cuenta de opinión de 8.500 personas, pertenecientes a 3.132 organizaciones de todo tipo”. (El tiempo, consultado el 06-06.2024). El subrayado es del texto.

Por otro lado, Petro logró imponer su rector de bolsillo en la Universidad Nacional, también por la puerta de atrás, violando la autonomía universitaria, que determina cómo es el mecanismo de selección de ese funcionario, y una decisión judicial. Y lo primero que hace el espurio funcionario, Leopoldo Múnera, es asegurar que el proceso constituyente en la UN no para (El Tiempo, consultado el 07.06.2024)).

Por la puerta de atrás, significa mediante mecanismos que niegan la democracia liberal, cuyos rasgos esenciales son:

a) El respeto a la voluntad mayoritaria de la sociedad, que otorga el derecho a gobernar a quien o quienes la obtienen, y b) la garantía de los derechos individuales fundamentales, que la mayoría no puede conculcar, ya sea mediante leyes, ya, por otro tipo de normas o prácticas. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Ellos dos, son, a la vez, el reconocimiento y el   fundamento pluralismo, es decir, la existencia, en estas sociedades complejas, de múltiples visiones del mundo, de la vida, la política, la ética, la estética y usos y costumbres diversos, que coexisten y el estado ha de garantizar siempre y cuando los individuos o grupos no intenten imponérselos a los demás, que es en lo que consiste la tolerancia. En un estado liberal, cada individuo y cada grupo es igual ante los ojos de la ley; el estado es neutral frente a ellos, y, por tanto, no hay una visión o modo de vida oficial que prevalezca y, en consecuencia, todos tienen el derecho a competir y gobernar, si ganan las elecciones

La Constitución (o el derecho consuetudinario) regla la manera como los individuos y los grupos gestionan sus intereses particulares y sus diferencias mediante mecanismos que permiten a todos existir como individuos o grupos en la sociedad política a través de mecanismos que posibilitan dirimir pacíficamente las disputas y, en consecuencia, llegar a acuerdos políticos, entre ellos, incluso, sobre la Constitución que los rige. Y esto es así porque dichos mecanismos ayudan a identificar las asimetrías no necesarias para la existencia de la sociedad política, o sea, las desigualdades injustas (pues hay desigualdad justas, que son aquellas indispensables para que la sociedad  funcione: un alto cargo del gobierno exige mayores medidas de protección que un ciudadano común y corriente; lo mismo puede decirse de un ciudadano amenazado; incluso  los marxistas las reconocen cuando hablan de distribución según el principio de “a cada cual, según su trabajo” Este tipo de desigualdades  injustas se dan, por ejemplo, frente a la aplicación de la ley, el acceso a las oportunidades políticas, sociales, educativas, de salud, y culturales; el derecho a gobernar o los mínimos de distribución necesarios para que la sociedad funcione adecuadamente, entre otros

En este andamiaje, el respeto a la voluntad de la mayoría se expresa en procesos electorales periódicos y que garantizan el pluralismo, es decir, la diversidad de opciones y propuestas, claramente reglados por la Constitución y la ley, en los que una persona es un voto, en la elección de funcionarios -en los distintos niveles- del poder ejecutivo y de los organismos de representación, como el congreso, que, por delegación de los ciudadanos expide leyes para expedir leyes. La periodicidad de los cargos de elección, la diversidad de propuestas y el derecho a votar por quien cada ciudadano quiera, garantiza la rotación en el poder y la posibilidad de sacar a los malos gobernantes o legisladores, sin necesidad de la violencia que es, como decía Karl Popper, una de las principales ventajas de la democracia liberal.

 Y, se manifiesta, también, en la existencia de un poder judicial, que asegura la igualdad ante la ley y castiga penalmente a quienes violan las leyes electorales; esto, además de un número de organismos de control que vigilan los manejos fiscales y administrativos de los funcionarios del estado y todo funcionando sobre el principio de independencia de poderes en los que divide la administración pública, división concebida para evitar la concentración de aquellos en una o muy pocas manos.

Y una estructura en la   existen, además otros mecanismos de participación – que, en Colombia, según el artículo 103 de la Constitución, son: plebiscito, referendo, consulta popular, iniciativa legislativa o normativa, revocatoria del mandato y cabildo abierto- mediante los cuales los colombianos pueden presentar su opinión de manera directa y que se convierte en decisión política.

En contraposición, el modelo que tiene en mente Petro es el de la mal llamada “democracia popular”, que ni es democracia, ni popular, porque lo que pretende es imponer la voluntad de una minoría adicta al mandatario, disfrazada de democracia, que opera mediante la sustitución del voto popular, que se emite en un proceso electoral en igualdad de condiciones, bajo el mencionado principio de cada ciudadano, un voto”, en elecciones transparentes y regladas por la constitución y la ley, por las asambleas tumultuaria de activistas que se toman la representación de sectores de la ciudadanía, como los indígenas, las negritudes, los estudiantes, los campesinos, los obreros, los profesores, etc., a quienes someten y suplantan a través de organizaciones que funcionan como guetos de represión,  haciéndoles perder su capacidad de decisión autónoma, muchas veces de manera violenta.  Obsérvese que en el diseño de la propuesta del Comité nacional de Participación de la mesa de negociación entre el ELN y el estado únicamente “se tuvo en cuenta de opinión de 8.500 personas, pertenecientes a 3.132 organizaciones de todo tipo”, una ínfima cantidad que no representa ni a la ciudadanía ni a la sociedad civil, más, si como dijeron dirigentes del sector privado, no se tomaron en consideración sus puntos de vista.

Los dirigentes de esas organizaciones, repito, sólo se representan a ellos y a sus jefes políticos de la izquierda radical, pero tienen la habilidad, cultivada por años, de aparecer como voceros legítimos de esos sectores para impulsar los proyectos y las consignas políticas que traman. El “poder constituyente” se promociona con tomas y bloqueos, como hizo la semana pasada el llamado “Congreso de los Pueblos”, que ni es congreso ni es de los pueblos, sino una organización financiada internacionalmente por la izquierda internacional, que curiosamente denuncia al paramilitarismo, pero guarda silencio con las atrocidades que el ELN y las disidencias cometen contra los campesinos y pobladores del Cauca, valle, Antioquia y un largo etc. (El Tiempo, consultado 08.06,2024)

Esa es, apenas, la punta de lanza, para la convocatoria de las asambleas populares, locales, municipales, sectoriales, etc., listas para defender las consignas de su jefe, con bloqueos, paros, tomas, muchas de ellas violentas, como ocurrió contra el también mal llamado “estallido social”, en la que delincuentes y terroristas martirizaron al país y abrieron el camino del triunfo de Petro y, entonces implantar un estado de un solo partido,  que monopoliza el poder electoral para asegurarse su continuidad y  tiene una visión del mundo que impone a los demás dando fin al pluralismo y a la tolerancia, que estatiza la economía, la salud, la educación y la cultura; que coopta los poderes judicial y legislativo y los pone a su servicio, que acaba con las libertades individuales y convierte al país en una dictadura. Como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y la antigua Unión Soviética y los países de Europa del Esta, hasta 1990.

La toma de la Universidad Nacional por el petrismo funcionará como base de apoyo y grupo de choque, no sólo en el adefesio de la mal llamada democratización de la universidad, que será entregada, no a los estudiantes y profesores, sino a los estudiantes y profesores petristas, activistas de cualquier cosa que necesite su jefe, quien ya abrió la puerta a la reelección, también por la puerta de atrás, mediante el uso del “poder constituyente”, cualquier cosa que eso signifique,  porque esa posibilidad está prohibida por la Constitución y la reforma de esta tomaría más tiempo del que tiene Petro en el poder, en condiciones normales.

La estrategia del gobierno sigue en marcha para cambiar el modelo político y asegurar la permanencia de Petro en el Poder. Hay que manifestarse, hay que resistir pacíficamente, dentro de la Constitución, pero hay que hacerlo. Ya comienzan a aparecer las propuestas, como la de Duque, de llegar a un candidato presidencial único en un proceso que arrancaría ahora, con el lanzamiento de quienes quisieran optar por ese cargo. Y la de Enrique Gómez, quien propone una manifestación multitudinaria el 20 de julio, la más simbólica de todas las fechas, para demostrar que los ciudadanos no permitirán que se destruya la democracia entera, como ya destruyeron el derecho a la salud de los colombianos (El Tiempo, consultado el 07.06.2024).