Pues bien, los del Cónclave según se destapa, pudieron comprar votos para las reformas -menciona, por ejemplo, al senador Julio Elías Chagüi-, pero dice una verdad de a puño sobre muchos de ellos cuando le preguntan en la entrevista si la mayoría de los congresistas tiene precio: “Cuando se ganan elecciones no tenemos congresistas. Tenemos empresarios que tienen que llegar a cumplir, a pagar sus deudas y a recibir utilidades de la inversión que estaban haciendo. Son inversionistas que llegan al Congreso y a otros espacios de poder (…)”.

Pero hay una información adicional, muy importante: también compraron a cargos estratégicos, como el representante conservador Wadith Manzur,  presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Hay varias reflexiones ante esta situación:

Primera, si bien, Olmedo se refiere al Cónclave como a un grupo de ministros, altos funcionarios y congresistas, la pregunta es ¿quién le daba las ordenes al Cónclave? Porque es difícil pensar que se reunieron a espaldas del presidente para semejante campaña de compra–venta, que va quedando claro, fue a gran escala. Más aun, cuando al menos dos de los conclavistas fueron del M-19, González y Olmedo, y hemos visto cómo el presidente públicamente expresa sus cercanía y afecto a ese grupo terrorista desmovilizado (al menos eso creíamos), del que recientemente ha enarbolado su bandera.

En caso de que las denuncias de Olmedo se prueben, el presidente debería renunciar. Y si no lo hace, el proceso en su contra, en los términos fijados, por la Constitución y las leyes, debe hacerse y el presidente debe ser destituido y enjuiciado penalmente. Y no se puede permitir que callen al CNE.

Segunda, la capacidad de corrupción del ejecutivo permeó a muchos en el congreso. Como ya vimos, involucra al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la misma que investiga a Petro, con poder para direccionar las investigaciones al presidente y que, en su actual composición, tiene mayorías proclives, ya sea por ideología o por compra, a Petro, por lo que los miembros del Pacto Histórico y sus aliados están ética y políticamente impedidos para llevar los procesos del presidente. Y deben ser investigados por la Corte.

Ahora bien, de hecho, el Congreso como institución ve golpeada su legitimidad por las revelaciones de Olmedo. Hay que investigar a fondo hasta develar quiénes se convirtieron en mercancía para Petro y sus mandaderos y juzgarlos según la ley, destituyéndolos y encarcelándolos.

Tercera, hay que presionar a la Fiscalía para que se proteja la vida de Olmedo y su familia, para que no lo vayan a asesinar, y para que haya una investigación pronta e imparcial. Los ojos del país están encima de lo que haga o deje de hacer esa organización; más aún, con una Fiscal que fue ternada por Petro.

Cuarta, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de oposición deben plantear este caso de la UNGRD ante la comunidad internacional para asegurar que haya seguimiento del mismo y evitar que sea engavetado o declarado cerrado, sin que haya una debida investigación de los órganos nacionales que lo llevan.

Quinta, los partidos cuyos congresistas resulten mencionados en el escándalo deben investigar a esos parlamentarios y expulsarlos, en caso de que resulten responsables.

Sexta, hay una reflexión importante todavía: el país no puede seguir funcionando con listas abiertas para los cargos de corporaciones. Esa es la llave a la corrupción.

Ahora bien, quiero llamar la atención de que es imperativo intentar detener la avalancha petrista, porque no es sólo que haya corrupción. Lo que está en juego es el país mismo, porque Petro no detiene sus planes para acabar con nuestra democracia.  Es que paralelamente y apoyado en ella (así llegó al poder) el presidente avanza en la destrucción del país:

Los diversos conflictos que los grupos armados nos han impuesto y la política de paz del actual gobierno nos ha conducido a una guerra asimétrica en la que los ilegales se expanden, toman control del territorio, fragmentan la unidad territorial de la nación; y sustituyen nuestra democracia por organizaciones autoritarias y homicidas que someten a la población civil, mientras que a nuestras fuerzas armadas, que representan la legitimidad del estado, desde el gobierno las están desmantelando militar y moralmente para combatir a sus oponentes; y, cuando los obligan a hacerlo, tienen las manos atadas.

Según la Defensoría del Pueblo, hay grupos armados “en 427 municipios de 22 departamentos de Colombia (…). La presencia en el territorio de las ‘Autodefensas Gaetanitas’ pasó de 213 municipios en 2019 a 392 en el 2023; la del Ejército de Liberación Nacional, de 149 a 232; la del 'Estado Mayor Central' y la 'Segunda Marquetalia' de 124, a 299, y la de los grupos de crimen organizado, de 114 a 184 (https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/asi-han-crecido-la-expansion-y-disputa-territorial-de-los-grupos-armados-en-el-pais-3344636).

Es claro, entonces, que estamos perdiendo la guerra; y al hacerlo, estamos perdiendo un principio de igualdad que es básico: la igualdad de los ciudadanos ante quienes representan la autoridad y de quienes depende el funcionamiento institucional, como explica muy bien el profesor Pedro Medellín en (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-odio-de-clases-3344971). Y esto es así, agrego, porque no es lo mismo obedecer a una estructura jurídico–política como la del estado colombiano, que respeta -todavía- los derechos fundamentales; no es lo mismo, insisto, que obedecer a un grupo de atrabiliarios, llámese, guerrilla, paramilitar o banda, que tiraniza y asesina a quien está bajo su control. Y esto ocurre no sólo en la periferia, como muchos piensan, sino también en el centro. Y si no que lo digan en Medellín y demás ciudades del Valle de Aburrá, donde hay 16 bandas criminales (ver: La silla Vacía, así va el proceso de paz con las bandas criminales de Medellín), que controlan unos 400 combos, que ejercen sus crímenes y controlan a la ciudadanía en mayor o menor grado (ver: La Republica.co/economia/venta-de-drogas-y-extorsion-las-rentas-del-crimen-organizado-en-Medellín).

Y que estamos perdiendo la guerra lo ratifica el documento entregado por el Comité Nacional de Participación de la mesa de negociación del ELN y el gobierno de Petro, cuyos puntos consisten en un cambio completo del modelo económico y político del país vía acuerdo de paz con ese grupo, que pretende un rango supra constitucional de obligatorio cumplimiento, pasando por encima de todas las instituciones democráticas y la ciudadanía colombiana, (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/jose-felix-lafaurie-le-pide-a-vera-grabe-aplazar-aprobacion-de-documentos-entregados-por-el-comite-nacional-de-participacion-3344684) para no hablar del exabrupto del presidente y Leyva, quienes plantean que el acuerdo de paz con las Farc implica una Constituyente.

El escándalo de UNGRD debe servir para desenmascarar este gobierno, y obligarlo a renunciar, si es encontrado responsable; o, para sí es el caso, destituirlo mediante mecanismos legales; pero paralelamente no podemos dejar la más férrea oposición al desmantelamiento de nuestro estado.

La política de paz total como se viene poniendo en marcha es inaceptable. No puede implicar una derrota del estado de derecho, sino, por el contrario, su triunfo. Las Fuerzas Armadas y de Policía deben poder defender la soberanía interna y los derechos humanos, incluida, la seguridad de los ciudadanos, conculcada por los grupos ilegales. No puede permitirse la fragmentación del territorio ni puede haber lugares vedados para nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. No puede haber una constituyente por fuera de lo establecido por la Constitución y las leyes. No pueden destruirse sistemas, como el de salud, que son una conquista de nuestro pueblo, ni realizar otras reformas que puedan afectar los derechos de los colombianos.

Esto junto con la lucha férrea contra la corrupción y la depuración de nuestras instituciones democráticas de vándalos y corruptos, son mínimos irrenunciables para defender nuestra democracia y la base de un posible acuerdo nacional para la reconstrucción nacional, que ya debería estar en marcha. Porque camarón que se duerme…