La redacción política de ese matutino asegura que el presidente “buscará articular las iniciativas del Ejecutivo con las necesidades de la población marginal en algunas de las principales ciudades capitales” para “fortalecer el músculo popular que lo llevó al poder” y contrarrestar así su propio desprestigio causado por los “escándalos de corrupción” (1).

En esas curiosas reuniones, que Petro mismo define como “actos de gobierno”, los elementos claves son tres 1.- las bellas promesas habituales del mandatario; 2.-las invectivas y calumnias más agresivas y exageradas contra sus adversarios políticos, y 3.- la prédica de que la oposición está preparando un “golpe blando” de Estado para “impedir las reformas” petristas.

No creo que Petro, con ese extraño ciclo de mítines, esté buscando “beneficiar a la población marginal” como juzga El Espectador, ni tratando de “servir al pueblo”, como decían los maoístas en otra época. Se trata de otra cosa.

La organización de esas asambleas en lugares particulares, y ante auditorios muy escogidos --“en los barrios de menos recursos en las principales ciudades del país”, resumió El Tiempo--, busca, por el contrario, agitar y radicalizar a la población para que se involucre en acciones de fuerza contra otros colombianos. Con razón o sin ella, Gustavo Petro identifica esos núcleos humanos como los más manipulables en caso de que él mismo deba dar el paso extremo de enfrentar violentamente a la oposición –“se responde con la fuerza del pueblo” gesticula desde ya, textualmente, Gustavo Petro--. El pretende salir victorioso de la paralización en que se encuentra su gobierno y con plenos poderes. 

Petro no había acumulado tal cantidad de bajezas explosivas como ahora. El Colombiano, de Medellín, dice que son 15 los más graves “escándalos de corrupción en 20 meses del gobierno Petro” (2). La matanza y decapitación de cuatro militares en Argelia, Cauca, a manos de las Farc, liberó la palabra de importantes sectores civiles y militares. La parálisis y el caos creados metódicamente por el ocupante de la Casa de Nariño contra la fuerza pública, el avance sangriento de las bandas narcoterroristas en todo el país, el anuncio del ELN de que volverá a los secuestros con fines económicos como represalia por la “poca voluntad” del gobierno en las “negociaciones”; las investigaciones judiciales contra el mandatario, sus funcionarios y su familia por delitos de corrupción, se suman a la violencia común desorbitada en las ciudades y al receso nacional creado por sus políticas económicas absurdas y sus irracionales cambios en el sistema de salud, pensiones de jubilación, y régimen laboral de las empresas. Todo ello, más su diplomacia antioccidental y las investigaciones por delitos electorales que cursan contra él en el CNE y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hacen que Gustavo Petro se sienta más acorralado que nunca.

La respuesta de él a esa coyuntura no es ni legal ni original, pues fue experimentada por otros agentes comunistas que llegaron al poder antes de perderlo: acusar de golpistas a quienes combaten legalmente tal desgobierno, fanatizar a ciertos sectores sociales, organizar discretamente grupos de choque y de doble poder y pasar a la embestida final para clausurar del Estado de derecho disfrazando todo ello bajo el ropaje de acciones para defender “el voto popular”,  “la democracia” y “las reformas”.

El régimen minoritario de Petro ha llegado a un momento crucial. Las grandiosas manifestaciones del 21 de abril, donde tres millones de personas gritaron “¡Fuera Petro!”, se transformaron en fecha histórica y mostraron la voluntad de las mayorías de proteger el Estado de Derecho.

¿Consolidar o conquistar el poder?

El presidente no puede continuar su revolución socialista, que la mayoría rechaza, sobre las bases agrietadas de hoy. Necesita dar un paso decisivo no para consolidar su poder sino para conquistar realmente el poder. El creía que con subir al gobierno mediante elecciones cuestionables y cuestionadas él podría hacer lo que le diera la gana con el país. Hoy descubre que obrar de esa manera es imposible y que su desgaste es descomunal.

Para evitar que lo acusen de estar organizando una riposta golpista, con los métodos que él experimentó en 2021 contra el gobierno de Iván Duque, el presidente trata de poner la etiqueta de “golpistas” a sus víctimas. Es la vieja táctica de la inversión de la realidad y de la autovictimización para desmontar los resortes psicológicos de sus adversarios.

En su arenga del 1 de mayo, Petro había lanzado: “Allá hay unos que se han organizado y quieren tumbar el presidente y quieren matar al presidente”. Su llamado fue “a la unidad y la resistencia frente a aquellos que buscan socavar la democracia”.

El Tiempo captó algo de eso en el discurso de Petro el 7 de mayo, pero temió decirlo. Recordó que, en Ciudad Bolívar, el mandatario negó el caso de los “desvíos de dineros para pavimentar el trámite de las reformas sociales (caso UNGRD) y aseguró que él estaba ante una ‘estrategia de golpe’”.

En el discurso de Ciudad Bolívar hubo mucho más. Petro soltó allí cuatro frases que, aunque cortas y perdidas en un flujo de palabras, desnudan sus propósitos: “Tenemos que estar listos” contra una “estrategia de golpe” de Estado. Sobre eso “tenemos que conversar”, insistió, antes de concluir con una fuerte amenaza contra el país que lo rechaza: “El que la hace la paga” pues ellos, “no se van a limpiar con mi dignidad”.

Horas después, en un texto de su página en X, fue más preciso: “Se responde es con la fuerza del pueblo (sic). Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La Democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”.

La pregunta no es cuándo Gustavo Petro pasará a dar el zarpazo contra el régimen constitucional sino con quien lo hará y qué formas tendrá eso y cómo el país debe organizarse para impedir ese golpe de mano. 

Es el momento de releer al periodista Curzio Malaparte. En su ensayo La técnica del golpe de Estado explica: “La legitimidad de una dictadura reposa sobre su violencia revolucionaria; es el golpe de Estado el que le da la fuerza de establecerse sólidamente” (3). El mejor analista del golpe bolchevique de octubre de 1917 (4) advierte: “Ver la defensa del Estado como un problema de policía como hacen los gobiernos liberales es un error frente a la técnica del golpe de Estado comunista o fascista”. Y agrega: “El Estado moderno está expuesto al peligro revolucionario más de lo que muchos creen”.

En el caso colombiano estamos ante el riesgo de un golpe de Estado en una modalidad diferente: un gobierno socialista instalado que trata de ejercer más poderes que los que la Constitución le otorga, y pretende controlar la justicia y la Fiscalía General para modificar de arriba abajo el orden social pero entra en barrena, como un avión perdido, ante la resistencia del pueblo contra esa agenda. Abrumado por el rechazo masivo, ese gobierno se da por tarea superar por la fuerza esa parálisis y transformarse en dictadura y completar la destrucción del orden jurídico y social.

La táctica de las “maniobras invisibles” está por eso en marcha. Petro y su partido están reagrupando fuerzas, acopiando dinero, pagando y entrenando agitadores y formando guardias rojas, disfrazadas de “defensas campesinas”, “primeras líneas”, etc. para imponer un clima de terror en las ciudades.

La desorganización del ejército y de la policía, la corrupción de ciertos parlamentarios y magistrados, la resignación de una parte de la “oposición constructiva” no le ayudan al país a ver lo que ocurre ni a preparar la respuesta victoriosa. Tales fallas hay que corregirlas. Desde luego, las iniciativas de resistencia ciudadana –marchas pacíficas, plantones, refriegas parlamentarias, periodismo libre, lucha contra la desinformación oficial, denuncias y pleitos antes las instancias judiciales, etc. son modalidades excelentes e indispensables. La falla está, quizás, en el espontaneísmo de esos procesos, en la no convergencia consciente de esos propósitos de salvación nacional. Los que pretenden aplazar la lucha hasta la elección presidencial de 2026, los que confían únicamente en poder obtener la pérdida de investidura del presidente por la violación de los topes máximos de financiación de su campaña electoral (artículo 109 de la CN), o los que creen que todo está perdido, deberían mejorar su caracterización del momento político y de la naturaleza del gobierno Petro. Y hacer suya la consigna de Danton: “¡Audacia, audacia, audacia!”

Sin la movilización de todos esos sectores y su convergencia en un solo frente de rechazo militante, y con objetivos y métodos activos, será difícil parar la guerra híbrida del gobierno.

Experiencias heroicas en defensa de la libertad en América Latina

El criterio más importante es pues este: las acciones deben todas concertarse para impedir, de hecho y de derecho, la emergencia de “comandos comunales”, grupos sediciosos de vigilantes, de control y represión anti-oposición, y enriquecer el abanico de formas de lucha utilizables, como la huelga general y la desobediencia civil. Sobre todo, converger para lograr a corto plazo echar abajo la relación de fuerzas que le permite a Petro hacer lo que quiere mientras el país solo puede quejarse, comentar y deplorar tales destrucciones.

Otra necesidad: la oposición debería discutir más entre ella, investigar y aprender de las experiencias heroicas en defensa de la libertad en América Latina. Sobre todo, hay que informarse acerca de lo que ocurrió en Chile en 1973 pues hay notables paralelismos con el caso colombiano.

Las reformas de Salvador Allende durante tres años de gobierno provocaron, entre otras desgracias, una grave crisis agrícola (la producción bajó un 30%) y los productos de primera necesidad alimentaria (trigo, arroz, carne y leche) cayeron un 52% %. Chile nunca fue objeto de “agresión económica imperialista”, como dice la leyenda fabricada por la Unidad Popular pues Allende recibió, en 34 meses, un total de créditos de la banca americana y europea del orden de los 1.003 millones de dólares. Sin embargo, el hambre, los mercados negros, el control de precios, los especuladores, las colas, el contrabando (había hasta 7 tipos de cambio diferentes), se extendieron.

Ante la masiva bronca popular, Allende planeó un “autogolpe”, bajo orientación cubana (5). Los detalles de su macabro “plan Yakarta” fueron encontrados después del golpe del general Pinochet, en el cofre de seguridad del subsecretario del ministerio del Interior, el comunista Daniel Vergara. Ante la insolencia de Allende, que decía que “en periodo revolucionario el poder político prevalece sobre la justicia y la ley para satisfacer las necesidades históricas de la transformación social”, la Cámara de diputados declaró “ilegal” el gobierno de Allende, el 22 de agosto de 1973, “por violaciones conscientes y repetidas de la Constitución y del Estatuto de Garantías” que él mismo había firmado para poder ser elegido presidente por el Congreso.

Allende se burló de eso y continuó. En la lista de atrocidades del gobierno, que redactó, en doce puntos, la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973 aparecen, en el punto 10, sus “expropiaciones particularmente ilegales, las maquinaciones contra la Papelera, los asaltos violentos contra los diarios y los periodistas, el cierre de radios o su sincronización forzada con la radio oficial, el asunto del canal 9, la persecución del canal 13, la violación de los derechos de huelga y de reunión, la represión de los mineros de El Teniente, el intento de marxisación forzada del aparato escolar, el arresto de opositores, las balaceras contra estudiantes, las prohibiciones de salir del país, etc.”.

Nadie puede garantizar que tan brutales exacciones no puedan caer sobre Colombia en los próximos meses. Las motivaciones de Gustavo Petro y sus coordenadas políticas internacionales son las mismas que tuvo Allende en su momento, antes del dramático golpe militar del general Pinochet el 11 de septiembre de 1973. ¿Una salida civil al impasse creado por Allende y la coalición de la Unidad Popular era posible? Difícil. Esa otra salida era imposible por la actitud misma de Allende y de las fuerzas paramilitares a su disposición, las cuales incluían 15.000 extranjeros, de los cuales 12.000 eran cubanos armados.

(1).- https://www.elespectador.com/politica/gobierno-con-barrios-populares-petro-busca-afianzar-apoyo-local-en-medio-de-escandalos-de-corrupcion-noticias-hoy/

(2).- https://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-petro-escandalos-de-corrupcion-que-AH24450347

(3).- Según Malaparte, Cromwell, Lenin y Mussolini [podríamos agregar Castro y Chávez] aplastaron la fuerza pública y las revueltas ulteriores de sus poblaciones respectivas. Curiosamente, según Malaparte, Hitler no conoció revuelta alguna de la ciudadanía ni de sus tropas de asalto en Alemania. Tomó el poder en enero de 1933 no por un golpe de Estado sino por un compromiso parlamentario gracias a la complicidad de Hindenburg y de von Papen.

(4).- Curzio Malaparte fue deportado a la isla Lipari por orden de Mussolini en junio de 1934. Liberado, funda en 1939 la revista antifascista Prospettivas.

(5).- En noviembre de 1971, un año después de la investidura de Salvador Allende, Fidel Castro viajó a Chile con fuerte escolta armada durante tres semanas. Discutió con Allende y realizó mítines en donde se permitió atacar y tratar de “fascistas” y “momios” a los partidos de oposición. Desde ese momento, el proceso chileno se radicaliza bajo el control de agentes cubanos y de Manuel Piñeiro, jefe de los servicios secretos cubanos: la Unidad Popular se arma y deviene belicosa, surgen los siniestros “comités de vigilancia”, así como el grupo armado GAP (grupo de amigos del presidente), el movimiento paramilitar MIR, y otros organismos con terroristas que huyen de Brasil, Uruguay, Argentina y México. Esa gente ataca, hiere y mata selectivamente opositores, sindicalistas, militares y policías para mantener un clima de terror en la oposición.