“1O. Monsalve y Deyanira no declararon en las citaciones de los fiscales que atendían mi caso.
Fiscalía insistió en recibir los testimonios de Monsalve y Deyanira Gómez. No comparecieron. En la Corte, como el proceso lo manejaron de forma secreta, mi defensa no pudo controvertir sus versiones. Recientemente, en el juicio contra el Dr Cadena, Deyanira reconoció que éste siempre les pidió decir la verdad. Son especialistas en maniobras.
“11. Se denunció al Senador Cepeda desde 2012. Lo absolvieron en vísperas electora les de 2018 cuando a mí me compulsaron -acusaron-.” (Abril 29 de 2024)
Las decisiones judiciales contra mi persona mostraron el ánimo de perjudicarme políticamente. El Dr Jaime Granados, en mi nombre, en 2012 denunció al Senador Cepeda por las declaraciones del recluso Areiza, testigo en otro proceso, que dijo que el Senador Cepeda le ofreció beneficios para que me acusara. Después hicimos otras denuncias, que con fallos tardíos y en épocas de elecciones, me fueron adversos.” (Abril 30 de 2024)
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II. Germán Vargas, Santos y Odebrecht
“Y todavía más grave, los mismos que informaron sobre sumas y beneficiarios de pagos, afirmaron que Santos coordinó todo. Para no entregarnos las pruebas dijeron que se caería “el establecimiento”. ¿Y quién repartió los dineros en la Costa? Además, el abogado de Odebrecht afirma que Santos es el Colombian oficial number 3.” (Abril 30 de 2024)
(Cita: #Política | Germán Vargas Lleras afirma que “Odebrecht no financió la campaña de Juan Manuel Santos”, pero la Fiscalía ha dicho todo lo contrario. https://semana.com/politica/articulo/german-vargas-lleras-dice-que-odebrecht-no-financio-la-campana-de-juan-manuel-santos-pero-la-fiscalia-ha-dicho-todo-lo-contrario/202407/)
“Para @CaracolTV
Alejandro Linares estuvo 8 años en la Corte Constitucional y no es capaz de decir la verdad. Era el ponente de esa tutela, el único que la podía filtrar y se la filtró a su amigo y viejo compañero de trabajo el periodista Coronell, a quien le permitió transmitir la reunión de la Corte que examinaba el tema. En ambos casos violó el reglamento de la Corte. Además reconoció llamada de Santos mientras se tramitaba esa tutela.” (Abril 29 de 2024)
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III. Respuesta a Petro sobre 4G
“Las 4g no son para “resolver los problemas de los ricos”, son tan necesarias como las vias terciarias en un país tan atrasado en infraestructura como el nuestro. No es un tema de ricos y pobres, es de competitividad, empleo, posibilidades para el capital, el trabajo y para los recursos del Gobierno” (Abril 29 de 2024)
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IV. Rechazo a pacto Gobierno-EpSs
“Pacto Gobierno-EPSs. Para disimular la estatización del Sistema de Salud pactan unos oficios de relleno y unos pagos sin mérito. Hay otra alternativa popular.
En el acuerdo entre el Gobierno y unas EPSs no se modifica lo fundamental de la dañina propuesta oficial.
Se mantiene la obligación de afiliarse ante el Centro de Salud del Gobierno, lo que equivale al empadronamiento político, que permite restringir los derechos ciudadanos. Y sin necesidad porque la afiliación no ha sido problema.
Le asignan a las EPSs-Gestoras unas tareas de colaboración con el nuevo Sistema Estatal que en la actualidad tienen que cumplir como aseguradoras. Pasan de aseguradoras con las mayores responsabilidades, sometidas a la tutela del ciudadano y vigiladas por la superintendencia, a ser apéndices del Gobierno y de la política.
El Estado escogerá la Red de Prestadores o el conjunto de hospitales. Las EPSs hoy escogen la red, con la posibilidad que el Estado les exija ampliarlas. En adelante tendrían una participación marginal en la organización de las redes en los territorios, que se podrían entender como zonas remotas.
Hoy tienen que asumir la responsabilidad de toda atención, incluida la mayor complejidad. Como gestores intercederían, intrigarían, para que las entidades competentes, públicas, políticas, acepten la remisión del paciente.
Se pretende que unas EPSs, transformadas en Gestoras, sometidas al Gobierno, hagan monitoreo y evaluación de hospitales, de los oficiales por ejemplo. Y peor, ninguna vigilancia podrían hacer en la práctica de los centros de salud del Gobierno.
Se propone que contribuyan al uso eficiente de los recursos financieros sobre los cuales no tendrán inherencia alguna.
También se lee que harán una auditoría de calidad pero queda expósita la auditoría de los recursos.
Ya no tendrán responsabilidad en el pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, solamente harían gestión para que se paguen por parte del monopolio estatal.
Hoy las EPSs pueden dedicar hasta el 10% del pago por usuario para lo que podríamos llamar Administración, Imprevistos y Utilidad. Lo anterior siempre que les alcance después de pagar los costos totales del aseguramiento al paciente.
Como gestoras recibirían una comisión fija. Cumplirían con un oficio subordinado al Gobierno, que neutralizará la politiquería, y les darán un pago sin mérito.
Hay un acuerdo entre los actores Gobierno y EPSs, que parece que estas aceptan por presión o por negocio, sin consentimiento ciudadano.
Esta imposición que las EPSs le aceptan al Gobierno, es el conducto para que el siguiente paso sea la anulación de los hospitales privados y de fundaciones sin ánimo de lucro.
Invito a pensar en una alternativa: reivindicar el derecho ciudadano a escoger. En un país lleno de cooperativas, mutuales, fundaciones, cajas de compensación, buenas empresas privadas, aseguradoras, asociaciones médicas y hospitalarias, se debería dar libertad para que los ciudadanos, con todos los requisitos de solidaridad, se afilien a seguros de salud, que los entes enumerados ofrezcan.
Anexo: cuadro didáctico publicado por La República
* Publicado en su cuenta de X (@AlvaroUribeVel).
