Veamos qué es un golpe de estado blando y saquen ustedes conmigo las conclusiones:

Según el politólogo estadounidense Gene Sharp se llama “golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder ¨(…) En algunas ocasiones, el golpe de Estado blando se relaciona con el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales”. El gobierno a derribar es en estos casos, elegido por voto popular.   Sharp describe 198 métodos para realizar un golpe blando (https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_blando). Según Carlos Ciappina el golpe blando es una alternativa al desprestigiado golpe militar (Ibid).

Las etapas son las siguientes: (i) promover acciones no violentas para crear un clima de malestar social, se denuncia corrupción y se divulgan intrigas y falsos rumores; (ii) luego, se defiende la libertad de prensa y los derechos humanos golpeados por el “totalitarismo” del gobierno;  (iii) Se prioriza, entonces, la lucha activa” por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones”; (iv) después se realizan operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad"; y por último, (v) se busca forzar la renuncia del presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle y se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país (Ibid).

¿Les suena conocido todo esto? A mí sí. Fue la estrategia que siguieron Petro y sus aliados, legales e ilegales, en su ofensiva contra el gobierno de Duque, cuyo objetivo, no cabe la menor duda era forzarlo a renunciar y convocar unas elecciones en caliente o tomarse el poder mediante un golpe armado.

Y a fe que fue exitosa, pues aunque Duque no renunció, sí que llegaron al poder en las elecciones del 2022,  después de haber sumido al país en la incertidumbre y el miedo producido por Petro y sus aliados que impulsaron y/o apoyaron, como parte de su operación de debilitamiento extremo o derribo de nuestra democracia, paros, tomas de carreteras, ataques a la policía, amedrantamiento extremos a la población civil, uso de la violencia con la llamada “primera línea” con participación de grupos armados y narcotraficantes, actividad armada in crescendo de esas organizaciones en el campo; todo en medio de la más feroz propaganda en contra de la “dictadura” de Duque, que violaba, según ellos, los derechos humanos y asesinaba a miles de líderes sociales, cuando lo que en realidad ocurría era que a estos los mataban los grupos armados, y a los ciudadanos no los protegía nadie del asalto de los delincuentes por temor a violar los derechos humanos de quienes le violaban los derechos humanos a los colombianos. Querían derribar a Duque, a pesar de que fue elegido por voto en una elección en la que superó por más de 2.300.000 votos a Petro quien, de inmediato comenzó su campaña para el 2022, llamando a una oposición cerrada.

Actualmente, Petro presidente continúa con su estrategia del golpe blando; pero, ahora para debilitar al estado de derecho que dirige porque este tiene como pilar la elección democrática, pero también el equilibrio y la independencia de poderes que evita, precisamente, que gente como Petro se apodere de todos los órganos del poder y los ponga a su servicio.  Que el poder judicial investigue y juzgue, siguiendo los procedimientos establecidos por la constitución y las leyes, es de la esencia del Estado de Derecho.

Pero ese principio le repugna al presidente. El quiere fiscales y jueces de bolsillo, que lo idolatren y le obedezcan.  Y a aquellos que conservan su independencia, los acusa de estar contra su proyecto y los declara como sus enemigos más odiados; los primeros de todos, el Fiscal y sus colaboradores más cercanos, a quienes acusa de ser un puñado de mafiosos que le quieren dar un golpe blando. Todo porque se ha opuesto a que el presidente pase por encima de la ley en su política de paz total, y, sobre todo, poque en la fiscalía se investiga a funcionarios de la campaña de Petro y a un sindicato que lo apoyó, de exceder los topes fiscales de la campaña y por múltiples cargos de lavado de dinero, incluyendo sumas de dudoso origen y otros delitos a su hijo Nicolás y a funcionaros de su entraña, lo que considera es una persecución judicial contra él.

¿Por qué cumplir las funciones encomendadas por la ley convierte a un Fiscal y a su entorno en mafiosos? ¿Dónde están las pruebas? Es una afirmación gravísima que debe ir acompañada de las respectivas denuncias penales porque el presidente no puede calumniar impunemente. ¿Por qué está tan desesperado por presionar la elección de nuevo(a) Fiscal? ¿Para tener a uno(a) de bolsillo? La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia (esta cuando los indiciados son aforados de nivel nacional) están para investigar delitos y los jueces, con la Corte a la cabeza, para hacer cumplir la ley. Nadie, y mucho menos el presidente y sus colaboradores cercanos en las altas esferas del ejecutivo, están, como él parece creer, por encima de la ley. El absolutismo del “Estado Soy Yo” no cabe en este país. Y, mucho menos, acusar de mafiosos a quienes investigan a su entorno de acuerdo a sus competencias, pues es una amenaza directa y un intento por amedrentar y someter a toda la rama judicial y -si cumpliese su deber, que parece no lo hace, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Si el presidente cometió un delito, debe pagar por él; si no, no pasa nada. En nuestro derecho, el debido proceso es garantista.

¿Y qué decir de su desprecio por las instituciones disciplinarias? Pasar por encima de una orden de suspensión provisional por tres meses, al canciller, por parte de la Procuraduría, para evitar que interfiera la licitación sobre pasaportes. La Procuraduría defiende a los ciudadanos de los abusos del estado y vigila que cumplan su labor en el marco de sus atribuciones. Por eso, es una falta grave por parte de Petro y Leyva, que debe ser investigada por los órganos competentes, porque el presidente juró cumplir la Constitución y las leyes. Ya sabemos que Petro odia a la Procuraduría porque Ordoñez lo destituyó, pero ese es su problema. El asunto se resolvió normativamente. Hoy, Petro es el presidente y mientras la Procuraduría y sus funciones existan, está obligado a obedecerlas y cambiar a su canciller. Es otro ejemplo de golpe blando contra nuestras instituciones democráticas.  Está sometiendo al país a un proceso sostenido de destrucción de ellas.

Si no lo hace, la Comisión de Acusaciones de la Cámara podría acusarlo ante el Senado, quien podría destituirlo y, según el acto legislativo 01 de 2018,  “tras su acusación por el Senado, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a altos funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, por cualquier hecho punible que se les impute”.

El mal chiste es que ahora sale con la historia de que, para cumplir la ley frente a la Procuraduría, va a esperar a la visita del Consejo de Seguridad de la ONU para darles la queja, esperando que ellos lo respalden en su golpe blando, dándole como dice Sharp una apariencia de legitimidad. ¿Qué tal? Nuestra soberanía jurídica en manos de ese Consejo, como si estuviese entre sus funciones determinar asuntos internos de este tipo.

Ya sabemos que probablemente no ocurrirá en la práctica ningún tipo de juicio al presidente y que terminará su período. Petro lo sabe. Pero las tornas golpistas que él está girando, están apretando su legitimidad de desempeño. Y eso le pasará factura en el 2026. Claro, si es que hay elecciones libres. Para asegurarnos de que se irá ese año, debemos salir a defender nuestro estado de derecho en todos los escenarios que plantea nuestra democracia, pacíficamente, sin violencia, no como los golpistas del 2021-2022).

No importa que lo elijan Nobel de paz, a pesar de que esté llamando a la confrontación callejera para continuar con su golpe. Como dijo la senadora Paloma Valencia, Hitler también fue propuesto para ese premio en 1939. Y yo añado, precisamente el año en que inició la Segunda Guerra Mundial, cuando invadió a Polonia el 1 de septiembre.