Era de esperarse. Petro conoce muy bien la amplitud del estómago de estos mangantes, profesionales en el arte de enriquecerse de la amanera más vil, con los recursos públicos, y por eso, presuntamente suministró, para corromper a nombre la anticorrupción, los  que esa operación requiriera, a través del ministro del interior, Luis Fernando Velasco y del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes presuntamente practicaron el todo vale y repartieron mermelada a los insaciables congresistas en maniobras de cambio de votos por puestos.

Para la muestra un botón: Jaramillo, el 22 de noviembre increpó públicamente a dos representantes del Partido Verde, porque este, a pesar de tener representación en el congreso, algunos de sus miembros de esa agrupación, como las destinatarias del mensaje, no votaban a favor de la reforma. Les dijo que eran un partido de gobierno que tenía representación burocrática -y citó como ejemplos a Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director del Sena y Mauricio Toro Orjuela director del Icetex- por lo que debían votar las iniciativas de la administración Petro.

Pues bien, la exigencia de cumplir la transacción entre el gobierno y ese partido, deja ver lo que presuntamente constituye el delito de cohecho por dar u ofrecer, por el que fueron condenados a prisión por la CSJ en 2008 los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, y los ministros Sabas Pretell de la Vega y Diego Palacio Betancur, así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Alberto Velásquez Echeverri. La actual CJS, seguramente, ha tomado, entre otras cosas, nota de las palabras de Jaramillo y ordenará las investigaciones pertinentes y dictaminará las decisiones a que haya lugar, sancionado, si encuentra culpables de cometer delitos, a los involucrados, tanto del congreso como del ejecutivo.

Pero, además, de los aspectos judiciales que se derivan de la aprobación en la cámara de la reforma, hay otros temas que han surgido por las posiciones del ministro Jaramillo en comisiones donde se ha tocado también el tema de la salud, que dejan ver la catadura del ministro (en realidad, de muchos funcionarios en altos cargos de la administración Petro).

El país quedo asombrado del talante moral, su entraña oscura y perversa y su faceta retrógrada con forma de teoría de la conspiración en cuatro ocasiones, para atacar políticas realizadas por el gobierno anterior.

La primera, negándose a resolver el desabastecimiento de medicamentos esenciales y a cumplir las órdenes al respecto, dadas por La Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este punto puede constituir un delito mayor contra la vida de muchos colombianos.

La segunda, cercando económicamente a las EPS para quebrarlas y poderlas cerrar -el caso de Sanitas es terrible- y muestra que el derribamiento de nuestro sistema de salud tiene una doble estrategia: una legal, en el congreso y otra de hecho, asfixiando y acabando las EPS privadas.

 La tercera a la que me refería en el artículo pasado, cuando dijo que, exceptuando a los vacunados con Sinovac (como él,) los demás colombianos habían sido objeto de un experimento pues las vacunas habían ingresado sin autorización. ¡Qué mentira!

La cuarta, cuando, sin vergüenza alguna, tuvo la osadía de decir que haber duplicado las unidades de cuidados intensivos adquiridas en la pandemia para atender de la mejor manera posible a miles de colombianos que caían contagiados de COVID, era un negocio. ¡Qué horror! Decenas de médicos murieron y miles arriesgaron sus vidas para salvar vidas ajenas y todos coinciden en que, si no hubiese sido por las UCI que se trajeron, decenas de miles de colombianos hubieran muerto. Catorce sociedades científicas se pronunciaron en contra de semejante exabrupto.

¿Cómo puede una persona de esas condiciones ser ministro de salud? No tiene límite moral. El debate de moción de censura citado por la oposición es absolutamente necesario. Probablemente no llevará a la salida del ministro, pero será un indicativo de que el país decente no lo quiere y que debe salir del cargo. Jaramillo debe irse ya. Hay que hacerse oír de manera estruendosa.

 El año entrante será crucial. La sociedad civil y los partidos de oposición e independientes deben preparase para la batalla que se librará en el senado para evitar que ese adefesio de reforma se apruebe, en las calles, en los campos, en el trabajo, en los hogares. Hay que impedir, por medios legítimos y legales, que pase. Las calles deben llenarse y el país debe paralizarse. Y con mayor razón si llega a aprobarse, en cuyo caso, además, hay que rodear a la Corte Constitucional para que haga su trabajo sin amenazas ni presiones del gobierno.

Los colombianos deben tener conciencia de que ese es un punto de honor, pero que hay otros que pueden cambiar definitivamente las reglas de juego, y abrir paso a la dictadura, como la elección de un fiscal petrista, que significa, de acuerdo con lo aprendido en el vecindario, el inicio de una persecución sistemática de todo lo que huela a oposición; por eso debemos pedirle a la Corte Suprema de Justicia que impida la politización de la Fiscalía. También hay que evitar que se apruebe como ley el proyecto del Pacto Histórico que busca vetar a la policía y prohibir la intervención del ejército cuando se presenten serios disturbios realizados en la llamada protesta social e impide a los medios informar sobre esos hechos.  

Si pasamos de agache ante estas andanadas, después no nos quejemos. Hay ocasiones en las que el silencio y el no hacer nada son el camino más recto al infierno. Hay que preparase para resistir con más fuerza.