Este hecho es la última manifestación de la total degradación que el conflicto colombiano sufre desde hace décadas. Me explico, la esencia de tal enfrentamiento es la lucha entre quienes defienden el estado de derecho, de un lado; y quienes lo quieren destruir, ya sea desde la extrema izquierda o la extrema derecha, en ambos casos, narcotraficantes, del otro.
En efecto, en la historia reciente del país, la tarea primordial de las autoridades era y es- desafortunadamente, sigue siendo- recuperar las instituciones democráticas del estado de derecho y la soberanía de este sobre el territorio nacional, que le es disputada por grupos alzados en armas, cuya permeabilización por el narcotráfico, no es un asunto menor, como veremos.
Desde Hobbes sabemos que la principal misión del estado, en nuestra tradición política, es garantizar la vida, la seguridad y la paz de los ciudadanos a cambio de que estos se sometan voluntariamente a su autoridad. Desde Locke tenemos claro que hay que limitar el poder de dicho estado para que la protección de la vida y la garantía de la seguridad no conlleven el abuso del inmenso poder que se le otorga. Es de esta limitación como nace la posibilidad de disponer de las libertades civiles, económicas y políticas.
En esta concepción, que es la matriz de todas las democracias liberales del mundo, si no hay derecho a la vida y a la seguridad, como derechos de los ciudadanos, no pueden ejercerse los otros derechos civiles, que ponen límites al poder del estado. El ciudadano tiene derecho, sin que el estado pueda violarlos, a la libertad de conciencia, de prensa, religión, de expresión, de reunión, el debido proceso, a la privacidad, el derecho a la igualdad de trato ante la justicia, el debido proceso, el derecho a la propiedad)- y derechos políticos (elegir y ser elegido), que en su conjunto son los derechos fundamentales (a los que se agregan, ciertos derechos económicos y ambientales, en desarrollos posteriores. Pero de lo anterior se desprende que , los derechos a la vida y la seguridad son condición necesaria para el disfrute de los demás derechos
Ahora bien, en el caso de los colombianos, el estado estaba -y está- perdiendo aceleradamente su capacidad de defender la vida y la seguridad de sus ciudadanos., las cuales eran violadas por los grupos armados de extrema izquierda y extrema derecha, narcotraficantes, quienes, también, en consecuencia, impedían en gran medida y en cada vez más segmentos territoriales del país, el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales y ambientales. De ahí que el punto era -y es- que, para conseguir tales objetivos, lo primero que había -y hay- que hacer era -es- garantizar la seguridad de los colombianos, cuyos derechos a la vida, a la libertad y a la democracia eran -y son- vulnerados de manera grave por esos grupos. Y esa fue la tarea que se impuso, con su política de seguridad democrática, en sus dos periodos de mandato, el expresidente Álvaro Uribe.
Ahora bien, refuerzo mi argumento: esas organizaciones, que inicialmente se percibían como opuestos antagónicos ideológicos, en el camino de la narcotización llegaron a la disolución de las fronteras ideológicas y la asunción de comportamientos mafiosos que los convierten en grupos narcotraficantes rivales que se confrontan, pero también se alían cuando lo consideraban -y consideran- necesario.
El éxito de la política de seguridad democrática llevó, en su momento, a la derrota política y el debilitamiento militar extremo de las Farc y al desmantelamiento de los paramilitares y su sometimiento a la justicia con la ley de justicia y paz (a la cual también se acogieron centenares de miembros de las guerrillas.) Pero también a la posterior extradición de jefes paramilitares que siguieron con el negocio. Y en esto está la clave de lo que pasa hoy con Mancuso, porque él fue extraditado por la razón expuesta.
Todo esto generó, en ambos extremos, un odio visceral contra Uribe, que lo ha convertido en el hombre más perseguido judicial y políticamente en la historia del país. No hay colombiano que sea más odiado por esos grupos y por parte del “progresismo”. No hay compatriota que haya sufrido tan feroz saña persecutoria por el solo hecho de haber recuperado las instituciones y la soberanía del estado, cuya última manifestación es la aseveración de Mancuso ante la JEP, que para ser acogido a esa jurisdicción ahora afirma que Uribe sí sabía de la masacre del Aro, a pesar de que desde 2008 había manifestado lo contrario.
Recordemos en este punto que Santos revirtió, con la negociación y la firma del acuerdo de paz, el triunfo institucional alcanzado por Uribe contra los violentos de Colombia y que la JEP, es creada, en virtud de tal acuerdo, a imagen de las necesidades de impunidad propia y de venganza con los adversarios de esta organización y que los magistrados tienen sesgos ideológicos inocultables. Recordemos, además, que el presidente Petro nombró a Mancuso gestor de Paz y que con su acogimiento por parte de la JEP podrá llegar al país a fungir como tal, si Estados Unidos le permite salir.
Yo no soy determinista: pienso que hay una dosis de azar en el universo y en la interacción social, pero creo que la “gestoría” de Mancuso y la determinación de la JEP no son una casualidad. Mancuso y sus otrora adversarios vieron que la oportunidad de la retaliación había llegado. La venganza no es un plato que se sirve frio. Es una bacanal de socios en la sangre y en la coca que creen encontrar, por fin, la oportunidad de acabar política y personalmente a su mayor oponente.
No es, precisamente ingenuo pensar que un monstruoso montaje contra el expresidente viene en camino, si el país y la comunidad internacional de justicia lo permiten. En cualquier caso, ya Uribe dijo que estaba listo para enfrentar esta infamia. Sé que lo hará. Una vez más, para frustración de sus adversarios. Es que son liliputienses enfrentando a Gulliver. Pero me duele en el alma esta nueva felonía en su contra.
