De resto, ni los ingresos de los dineros de la mafia a la campaña del expresidente Samper, ni los sobornos al expresidente Santos por los dineros de Odebrecht que financiaron su campaña de reelección, tuvieron el castigo requerido, y el ciudadano colombiano terminó por no creer en esa institución, a tal punto que los evidentes gastos que sobrepasaron los topes establecidos para la campaña presidencial del individuo que actualmente ocupa la Presidencia, poca esperanza tienen los colombianos en que sean castigados de acuerdo con la Constitución y la Ley. Es preocupante que a este punto haya llegado el nivel de desconfianza de los colombianos en esa institución de la justicia.
Pero el escenario político actual con la exacerbación del ánimo de los ciudadanos que se manifestó en las urnas el pasado 29 de octubre con el arrollador triunfo de todo el pueblo en oposición a este gobierno, presiona suficientemente a las instituciones y a la dirigencia política para detener las pretensiones de sometimiento estatal de la salud, las pensiones y demás reformas, y dadas las circunstancias, a buscar una solución al enorme problema de zozobra, inseguridad y orden público que vive el país por cuenta de un individuo dedicado a destruir todo y a convencer de lo imposible, tener éxito en civilizar salvajes negados a la civilización.
Y resulta que no habría necesidad de complicaciones ni revueltas, si se aplicara la Constitución por quienes deben actuar para que prevalezca el Estado de Derecho.
El artículo 109 de la Constitución establece que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Hay demandas con pruebas ante la Comisión de Acusaciones que debieran procesarse con celeridad, aplicar la sanción y sacar el país de esta convulsión. De modo que la pregunta para nuestros Honorables Comisionados es muy sencilla para que actúen: ¿Legalidad? o ¿Desobediencia?. Es decir, ¿cumplen con la Constitución o desobedecen a la Constitución? Pero la pregunta es la misma para ellos mismos, para que nos dicten el camino: ¿Legalidad? o ¿Desobediencia?, es decir, ¿cumplen con la Constitución y los colombianos nos sometemos a ella como siempre lo hemos hecho, o desobedecemos como ellos? Porque lo que no pueden hacer es desobedecer a la Constitución y exigirnos a nosotros que obedezcamos a un gobierno ilegítimo. Y esto vale también para las Fuerzas Armadas que no deben obedecer a un usurpador. A eso se puede llegar porque son guardianas de la Constitución y más si el pueblo lo exige, porque el orden jerárquico de las Fuerzas Armadas es en su orden, el pueblo, la Constitución y el Jefe de Estado, no a la inversa.
Tienen pues en sus manos los señores Comisionados la vigencia del Estado de Derecho y para tal efecto solo pueden actuar en derecho, o rehusarse a cumplir la ley para ayudar a imponer la rebelión contra el Estado colombiano desde la Presidencia, al fin y al cabo es lo que los enemigos del Estado colombiano siempre han hecho, lo que propicia una desobediencia generalizada, protesta, anarquía, desorden y una larga violencia. De eso pueden estar seguros. No quisiera uno que lo comprobaran, pero son capaces y es de temer que así suceda. ¡Muy delicado y hay que preverlo!
¡Esto no es política, esto es nada menos que la paz de la Constitución o la violencia de la anarquía y la barbarie!
