Tras resultar vencedor de las presidenciales, Petro no ha cesado de anunciar y poner en marcha acciones que dejan claro a quiénes pondrá a vivir sabroso durante su mandato, que esperamos no se extienda más allá del periodo constitucional vigente.
Desde su afán por restablecer las relaciones con la dictadura de Maduro aún antes de su posesión, la reivindicación de su pasado violento en el M-19 con el show de la espada de Bolívar durante ésta, la solidaridad con la violación de derechos humanos por parte del régimen nicaragüense, el desmonte de la experimentada cúpula militar y policial que había liderado una lucha frontal y exitosa contra las estructuras criminales en los últimos años (incluida la captura de alias Otoniel y la neutralización de otros capos), la orden de cesar los bombardeos a objetivos militares lícitos y la de delegar el control del poder militar a alcaldes y gobernadores, el restablecimiento incondicional de los diálogos con el ELN, la defensa de la memoria de capos del narcotráfico como Jesús Santrich, la cancelación de la licencia ambiental del glifosato para la aspersión de cultivos ilícitos y la prohibición de su erradicación forzosa, hasta el cambio en la política de extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos, Petro le ha dejado claro a los colombianos a quiénes pondrá a vivir sabroso.
Pues bien, se da por descartado que los afortunados sean los millones de incautos que votaron por él, así como los que nos resistimos con nuestro voto, a todos nos gravará con impuestos, hasta la gaseosa, el pan y el salchichón que nos comemos, y es probable que nos termine de arruinar con la peor crisis inflacionaria que hayamos tenido por cuenta de su reforma tributaria retrógrada y “espanta capitales”.
Pero los capos con los que pactaron en La Picota para llegar a la Casa de Nariño, y otros bandidos más, sí vivirán sabroso por cuenta del proyecto de ley de “paz total”. En efecto, es claro que la iniciativa legislativa va en camino de concretar la promesa a los capos convictos para que, con la mera negociación con el Gobierno Petrista, tengan la garantía de no extradición, así como la suspensión de cualquier orden de captura; asimismo, reconoce anticipadamente como parte del Derecho Internacional Humanitario a los protocolos y acuerdos que se alcancen con esas estructuras del crimen, con el claro propósito de que integren el Bloque de Constitucionalidad, con lo cual no pueden ser modificados ni desconocidos por ninguna autoridad o poder nacional.
Esto último fue una pretensión de las FARC y Juan Manuel Santos incluida en el Acuerdo por ellos suscrito en 2016, rechazada tanto por el Legislativo como por la Corte Constitucional. El proyecto no hace la más mínima referencia a la garantía de los derechos de las víctimas, ni mucho menos a las condiciones mínimas para acceder a beneficios jurídicos, la justicia brilla por su ausencia.
Además, el modelo de “acogimiento” de las estructuras narcotraficantes propuesto por Petro conllevará, en la práctica, a la excarcelación inmediata de los pactantes (entiéndase “narcos presos”) y el blanqueo o legalización de sus patrimonios ilícitos, a cambio de dejar el negocio, pero sin que ello implique el desmonte de sus estructuras o el aporte de información para acabar con el narcotráfico que es combustible de gran parte de las violencias en Colombia.
Todo estará dado para que, durante el gobierno de Petro – Márquez, los únicos que vivan sabroso sean los criminales. Postdata: El 30 de agosto, Petro firmó la extradición de ocho delincuentes hacia los Estados Unidos, pero no le alcanzó la tinta para ponerle la rúbrica al hermano narcotraficante de su Senadora Piedad Córdoba, pese a que la Corte Suprema de Justicia avaló el pedido de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desde el 17 de agosto de 2022. Otro que vivirá sabroso.
https://elexpediente.co/, Bogotá, 5 de septiembre de 2023.
