Pero una cosa es que no lo quieran y otra que busquen tumbarlo”, dice la periodista. “Hay gente que no lo quiere y que quisiera que se fuera -responde Bonilla-. Eso es lo que se llama el golpe blando. Uno no lo puede negar, efectivamente existe”. (https://www.semana.com/politica/articulo/el-ministro-de-hacienda-ricardo-bonilla-dice-que-no-habra-recesion-explota-contra-las-eps-habla-del-dolar-y-el-petroleo-y-asegura-que-a-petro-lo-quieren-tumbar-y-que-no-esta-enfermo-ni-es-adicto/202324/)
O sea, que no querer a Petro y desear que se vaya el presidente, es un golpe blando. ¡Quién lo creyera! Millones de colombianos son golpistas porque no quieren al presidente. Y millones, entre estos, porque desean que el presidente se vaya.
No voy a hacer aquí la larga lista de razones porque ya las he enumerado anteriormente: destrucción del estado de derecho y su reemplazo por una dictadura en manos de una coalición de narcotraficantes armados y de pillos incrustados en el gobierno, que buscan desde el punto de vista estratégico, destruir las fuerzas de seguridad legítimas y sustituirlas por unas que se arrodillen y trabajen de la mano con las milicias que campean a lo largo y ancho del país; y que como objetivo inmediato, tienen la tarea torcer las elecciones regionales y locales de octubre.
Los colombianos estamos hastiados de esa coalición que privilegia el delito, entregándole patente de corso a los delincuentes, despreciando así la justicia como bien social que protege al ciudadano como parte esencial del pacto social.
Estamos hartos de esa coalición que instaura la corrupción como forma gobierno y el enriquecimiento de la nueva élite gobernante como norma suprema de comportamiento.
Estamos cansados de una coalición que trata, por todos los medios, de imponer a la sociedad una cultura mendicante, que viva de subsidios y repudie al trabajo, a cambio de sumisión política.
A muchísimos nos duele la idea de que Laura Sarabia caiga hacia arriba de su salida por el escándalo de las maletas de dinero y la violación de los derechos fundamentales de su empleada doméstica, premiada con la dirección del Departamento de Prosperidad Social, que maneja billones de pesos.
Muchísimos repudiamos que Fecode, en un escándalo más, luego del protagonizado por el hijo de Petro -que, a propósito, cambió de abogado extrañamente, luego de que el presidente fue a visitarlo, a pesar de que la ley prohibía ese tipo de contactos- entregue por la puerta de atrás, quinientos millones de pesos a la campaña de Petro, tercerizándolos como un aporte a Colombia Humana, para hacerle un quite a la ley para que ese dinero no aparezca registrado en las cuentas de la campaña.
Y montones de colombianos estamos hasta la coronilla de que, para desviar la atención de esas triquiñuelas, acuse a Argos de robo de tierras, a pesar de que el presidente de esa empresa explicó que la compra de 6.600 hectáreas en Carmen de Bolívar y Ovejas, en el año 2008 fue resultado de una invitación pública basada en documentos Conpes, que la negociación se hizo apegada a la ley, hubo un estudio previo de titulación, se pagó un precio justo; y que posterior a la compra, tres años después, con la ley 1448 de 2011, en 2011, “aparecieron reclamaciones de propietarios iniciales de esas tierras y que las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución” (https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/grupo-argos-respondio-al-presidente-petro-sobre-acusaciones-de-quedarse-con-tierras-de-despojados/202323/).
Y hay muchísima gente molesta porque el precio de la gasolina sube de manera aterradora para millones de colombianos, motociclistas y taxistas, pero también para miles y miles de personas de recursos medios que tienen un carro después de ahorrar toda su vida y ya no lo pueden disfrutar.
Y hay cantidades de personas hartas de las desapariciones injustificadas del presidente - ¡más de ochenta! - y de que se oculte lo que realmente le pasa con su salud física y/o mental. Porque pueda que no se le pueda obligar por ley a que se haga un examen médico, pero políticamente es inaceptable que un presidente no esté presuntamente usando sus capacidades a plenitud. Muchas cosas que nos afectan a todos dependen de esto. Y si está enfermo gravemente, no está en condiciones de gobernar. Y el asunto es muy sencillo: si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema de que se haga el examen? Así les callaría la boca a sus millones de críticos.
Pero, incluso Petro y su ministro Bonilla saben que una cosa es querer que Petro se vaya usando para ello la ley, y una muy otra, buscar sacarlo ilegal y violentamente, porque el deseo de que se vaya es legítimo y perfectamente democrático, si se apega a los mecanismos constitucionales, mecanismos que pensaron los constituyentes del 91 para situaciones en las que la permanencia de un presidente se hace insostenible por las razones estipuladas, precisamente, en la Carta y con mecanismos que pasan por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
Y esto último, no es de poca monta. Petro se dice defensor de la Constitución, pero rechaza cualquier tipo de juicio. Político y/o penal, que es lo que ella estipula, con el cacareado argumento de que el fue elegido por el pueblo. Pues bien, el congreso también; y la CSJ, lo es de forma indirecta, por funcionarios que fueron elegidos por el pueblo.
Pero Petro y su ministro Bonilla insisten en el golpe blando y hasta acusan a un expresidente, que, supuestamente, tiene vínculos con el partido Vox en España, de estar consiguiendo fondos para defenestrarlo, amenazando, con un baño de sangre si sale del poder. Es, otra vez su táctica para desviar la atención de lo que hace y lo que deja de hacer, mientras avanza en su golpe, este sí, duro, contra nuestras instituciones. Pero los colombianos no nos chupamos el dedo.
