Ese torrente de denuncias y auténticas revelaciones sobre el fracaso de sus reformas suicidas, y sobre la corrupción de su gobierno, incluyen hechos gravísimos, desde la financiación mafiosa de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2021-2022 y la violación de los topes electorales de ésta, hasta el diverso y velado apoyo recibido por Petro de Moscú, lo cual incluyó intoxicación mediática gracias a falsas cuentas de Twitter, según el estudio realizado por el profesor y periodista estadounidense Matt Taibbi, hecho confirmado por el mismo Elon Musk, dueño de Twitter, ahora X, en enero de 2023.

A eso (sin mencionar el triste episodio no esclarecido del pseudo suicidio del coronel Oscar Dávila), se sumó, antier, la revelación de Noticias Caracol sobre el papel del capo alias 'Sobrino' en la campaña de Gustavo Petro. El 28 de mayo de 2022, un día antes de la primera vuelta presidencial, el cierre de campaña en Yopal en favor de Petro fue hecho en una lujosa finca de Casanare con la actuación de cantantes y otras diversiones. Un mes después, Juan Carlos López Macías, conocido como alias 'Sobrino', fue capturado allí mismo, días después de la victoria de Petro. El hombre había sido extraditado a Estados Unidos en 2013 pero, en 2015, regresó y continuó delinquiendo. Ese medio explicó que Juan Carlos López había sido responsable de “articular con organizaciones criminales de tráfico transnacional de estupefacientes el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas tipo go fast y en barcos pesqueros”.  La banda desarticulada era, según El Espectador, una de las principales organizaciones de tráfico de droga al servicio del ELN que tenía alianzas con el cartel mexicano de Sinaloa y los Lorenzana de Guatemala. Sandra Navarro, esposa de López, también capturada en el operativo con más de 30 millones de pesos en efectivo, era integrante de Colombia Humana.

Ahora, otro escándalo no menos pavoroso, descubierto por la inteligencia militar, el CTI de la Fiscalía, la Policía Judicial y la UIAF (1), cae sobre la tambaleante silla presidencial de Petro. Se trata esta vez de tres magnicidios que estaría preparando el ELN quien está, en Venezuela, en presuntas “negociaciones de paz” con agentes de Petro. Esa temible banda, en una reunión de jefes en Venezuela, ordenó asesinar al fiscal Francisco Barbosa, al general (r) Eduardo Zapateiro y a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

La ola de magnicidios en serie –algo sólo visto en la peor época de Pablo Escobar--, la habrían decidido cinco jefes del ELN. Los ejecutores serían alias El Rolo, Jaime Galvis, alias Ariel, y alias Gonzalo Satélite. La prensa de Bogotá indicó que, desde junio pasado, personal del Comando Especial Estratégico del Ejército le entregó al general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, “información crítica y creíble sobre un plan terrorista del ELN para asesinar a estas tres personas”.

Sin embargo, ese candente informe, en lugar de suscitar medidas rápidas de protección, fue archivado por el alto gobierno. Ni Gustavo Petro ni su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quisieron dar la voz de alerta. Las vidas de tres altas personalidades del país estaban en peligro y esos patéticos funcionarios no quisieron resguardarlos. Dos meses después, ante la presión de la fiscalía, estalló el escándalo. La respuesta de Gustavo Petro no existe hasta el momento de redactar esta nota.

También en este capítulo Petro se mueve entre telones. El general Ospina aceptó asumir el tremendo fardo: negó todo, pero se enredó y al final admitió que sí había tenido conocimiento de, al menos, una parte clave del asunto: el dato de la UIAF.  “La información [del triple atentado en preparación] la conocimos el martes en la reunión del fiscal, el ministro de Defensa y la cúpula”, observó. “Allí se dijo que el viernes anterior alguien del Ejército [llevó la información]. Entonces, la Fiscalía expresó tener un trabajo de 30 días atrás. Lo de los 60 días corresponde a información que la UIAF nos entrega a todas las fuerzas desde marzo para hacer extinción de dominio; lo cual cumplimos”. La fiscalía no aceptó su versión.

En la reunión pedida por el fiscal Barbosa, Ospina comenzó descartando la existencia del plan del ELN, pero la vicefiscal Martha Yaneth Mancera lo puso inmediatamente en su sitio: subrayó que “el propio Ejército había entregado a través de una de sus unidades toda la información a la Fiscalía de manera oficial”.  La revista Semana concluyó: el comandante del Ejército “habría decidido ocultar el grave dossier con las amenazas, en lugar de alertar a los afectados y al país y tomar las acciones judiciales y de seguridad correspondientes”.

El otro problema es la actitud abyecta del comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien declaró que él le creía más al ELN –quien negó que estuviera organizando esos atentados--, que a la Fiscalía y a los otros organismos oficiales que pusieron en evidencia el plan de los tres magnicidios. Es innegable que Rueda (2), Ospina y Vásquez cumplen órdenes de Gustavo Petro de cruzarse de brazos para “no afectar el proceso de paz” con el ELN. El gobierno viola así las exigencias legales y constitucionales de proteger a los colombianos. Cada ciudadano está ahora en peligro ante semejantes desmanes del gobierno. Consecuente, Barbosa responsabilizó al gobierno Petro de lo que le pueda suceder a él y a su familia. María Fernanda Cabal denunció que la actitud de esos funcionarios “pone en peligro la vida misma del país” y anunció que convocará un debate de control político en el Senado sobre el tema del triple atentado terrorista en preparación.

De hecho, mientras discute sobre paz en Caracas, el ELN dirige la guerra en Colombia con la ayuda de las FARC, sobre todo en los departamentos de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño y el Valle (donde está el estratégico puerto de Buenaventura).

El plan de los tres magnicidios muestra, al menos, el fracaso de los diálogos de Caracas, y exhibe los objetivos a corto plazo de la narco-subversión: controlar la Fiscalía general, desbaratar las fuerzas armadas y sembrar el terror en la oposición anti-Petro. Como Petro falló en su intento de tomar el mando de la Fiscalía, el ELN se arroga el derecho de conseguir eso mismo mediante la extrema violencia. De ser realizado, un triple magnicidio pondría el país a la merced del ELN y de los carteles narcos. O podría, por el contrario, desatar una reacción de masivo furor popular destructivo contra la barbarie socialista que podría culminar en un baño de sangre y en una guerra civil. El silencio de Petro al respecto es, pues, criminal.

Un último interrogante: ¿el asesinato en Quito, este 9 de agosto, de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de centroderecha de Ecuador, hace parte de la orientación global del Cartel Foro de Sao Paulo para apoderarse de los gobiernos y dominar a toda Latinoamérica?  ¿La estrategia de los tres magnicidios que prepara el ELN en Colombia tiene vínculos con lo que ocurre en Ecuador? Nadie ignora que Villavicencio había solicitado a la Fiscalía de Ecuador investigar a Raisa Vulgarín, pareja de Camilo Burgos, primo hermano del hijo del presidente Gustavo Petro.

(1).- La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos. En algunos países esos organismos son llamados Unidad de Inteligencia Financiera. En Colombia es un filtro de información que se apoya en tecnología para consolidar y agregar valor a los datos recolectados, esto le permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de Lavado de Activos. La UIAF es un organismo de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano y hace parte de la comunidad de inteligencia. Ver: https://uiaf.gov.co/sites/default/files/2022-06/documentos/archivos-anexos/Documento_Preguntas_frecuentes_3.pdf

(2).- Danilo Rueda es un teólogo castrista.  Hizo parte del grupo que llegó a un acuerdo, en la cárcel de La Picota, de Bogotá, con políticos presos por corrupción y con algunos capos del narcotráfico, para que apoyaran la campaña presidencial de Petro, bajo la dirección de Juan Fernando Petro (hermano de Gustavo Petro). La Ong Comisión Intereclesial también participó en esa obscura operación. Rueda fue, además, un ayudante de la activista comunista Piedad Córdoba quien en 2010 se reunió en Cuba con el dictador cubano Fidel Castro. Córdoba es vista como la infame “gerente” de rehenes de las Farc. Ingrid Betancourt denunció que Córdoba, como consejera de las Farc, había obrado para que su secuestro, ocurrido en febrero de 2002, se extendiera hasta el 2 de julio de 2008, cuando Ingrid fue liberada con otros 14 rehenes por la Operación Jaque del Ejército de Colombia.