Queda el Centro Democrático, que se ha declarado en oposición desde el comienzo de este gobierno, con el que podría trabajar coordinadamente en el parlamento y en la campaña electoral para gobernaciones y alcaldías, pero percibo que hay resistencias y recelos en los dos partidos, probablemente por los desencuentros que tuvieron en el pasado con el expresidente Uribe, en razón de que Vargas Lleras se opuso tenazmente a la reelección de aquel y porque le reclamó al CD su “silencio” frente iniciativas del gobierno de Petro.
Estas dos circunstancias me han llevado a reflexionar sobre la oposición en la Colombia de hoy. Lo que ocurre con los que se autodenominan independientes es apenas el resultado de la estructura partidaria que permitió la Constitución del 91 en su afán de golpear el bipartidismo, que se consideró en su momento, por algunos, una barrera -equivocada, para mí, pero ya tendré la ocasión de sustentar este punto de vista- para la democratización del país, visión derivada, entre otras cosas, de la estructura del Frente Nacional, que en un acuerdo consociacionalista -el acuerdo entre fuerzas políticas para repartirse el poder con el fin de solucionar o evitar un conflicto social y político agudo en un Estado, practicado con éxito, por ejemplo, en Bélgica, Canadá, Países Bajos y Suiza- restringió el acceso al poder y a los cargos públicos a los partidos liberal y conservador, entre 1958 y 1978, con el objeto de superar la violencia de los años 50 y de comienzos de los 60.
En efecto, la nueva Constitución afirmó las libertades y derechos democráticos, así como la independencia de poderes y derechos de discriminación positiva para minorías étnicas y sexuales, y, en ese sentido, ha constituido un avance para el país. Pero también hizo cambios en el sistema de partidos y su participación electoral, que ha resultado perverso: sustituyó la estructura existente y acabó con el mecanismo de la lista única cerrada para la elección de dignatarios en las corporaciones públicas, elaborada por los mecanismos internos del partido, en la que el lugar del candidato en ella fija el orden de elección. Apareció, en cambio, el pluripartidismo y plurigrupismo dentro de las formaciones políticas, lo que fragmenta hasta el infinito la voluntad popular, lo que dificulta el ejercicio de la democracia, que históricamente agrupa a la opinión ciudadana en dos o tres grandes partidos capaces de presentar y ejecutar programas abarcantes y representar grandes tendencias ideológicas en la sociedad; e introdujo el mecanismo de las listas abiertas, en las que el orden de aparición no es determinante porque el elector no vota por la lista sino por un renglón en ella, que derivó en la formación de empresas electorales en las que individuos consiguen el aval de un partido, que ha perdido su ideología, para competir dentro del a lista por votos que consiguen muchas veces con métodos non sanctos en los que invierten ingentes recursos, para luego apoderarse de contratos y cuotas en cargos que compensan y hacen muy rentable el retorno de su inversión, a cambio de apoyos a los gobiernos nacionales, regionales y locales. Toda una máquina de corrupción, que no obedece a ninguna visión del mundo y del país, sino a los intereses estrictamente personales y egoístas de quienes alcanzan las curules.
Eso ha ocurrido desde 1991, pero ahora tiene una particularidad que hace esta práctica, letal para nuestra democracia, porque los votos en el parlamento están al servicio de quienes quieren destruir el sistema democrático. Esto a ese tipo de congresistas, que son mercenarios por definición, no les importa. Creen que mantendrán las migajas para siempre, si son obsecuentes, o que lograrán enriquecerse ahora de tal manera que podrán irse del país, si fuese necesario, cuando las cosas se pongan difíciles. Y esa actitud, que Petro conoce muy bien, es la que los llevará a conformar la nueva “coalición” con el Pacto Histórico. Estos individuos sólo reaccionarían cuando vieran que sus opciones no funcionan y que nada los salvaría de la hecatombe política y personal, y, aun en esos escenarios, serían gente poco confiable, aunque no por ello, desechable, si llegasen a ser útiles a la resistencia contra Petro.
La alianza política en el Congreso y en las elecciones de octubre, entre el Centro Democrático y Cambio Radical, por otra parte, todavía es posible, y ahora más que nuca, cuando Petro se dispone a entregarle nuestro mar a Daniel Ortega y anuncia el fin de la guerra en Colombia, mientras los atentados y las acciones contra los civiles aumentan dramáticamente por parte de los alzados en armas.
Y esta alianza puede servir de pivote para que sin hegemonismos agrupe o se sume a los partidos y fuerzas que se oponen a las políticas de Petro, sobre la base de un programa mínimo como este u otro semejante: a) defensa del estado social de derecho y la separación de poderes y garantía de los derechos y libertades individuales, incluyendo la propiedad privada y la economía de mercado, b) no a las reformas que destruyan ese ordenamiento y esos derechos y libertades individuales, y c) articulación respetuosa de la autonomía de la con la sociedad civil que resiste pacífica y democráticamente a Petro.
Pero para ello, hay que renunciar a los resentimientos y enconos, producto del pasado, y pensar con grandeza. Lo vengo diciendo hace tiempo y no me cansaré de hacerlo en un intento para que estas ideas, que no son mías, sino de muchos colombianos, calen.
