Apesar del reciente fallo del tribunal de La Haya, nuestro conflicto limítrofe con Nicaragua, derivado del fallo de ese tribunal en el 2012, continúa intacto. Por tanto, hay que mantener la guardia en alto, y no bajarla por el exceso de entusiasmo y triunfalismo derivado del último fallo. El problema continúa y pone en entredicho nuestra soberanía en el Caribe.
Es verdad que el fallo de los últimos días echó al baúl del olvido las absurdas pretensiones de Nicaragua. Uno podría decir que las recientes ambiciones del régimen dictatorial de Nicaragua eran tan alucinantes, tan absolutamente extravagantes que aun sin la participación colombiana en ese proceso la decisión de ese tribunal hubiera sido igual. Aceptar siquiera estudiar la extensión de la plataforma continental de un país por debajo del mar territorial del país vecino era totalmente rocambolesco e inverosímil —pues en una misma zona quedaría un país dueño del agua y el otro dueño del suelo—, y habría desatado innumerables demandas a lo largo y ancho del planeta, generando un caos total en la definición de las fronteras marítimas de incontables países. Se pregunta uno más bien cómo esa corte se demoró tanto para rechazar semejante insensatez.
Pero a cuentas de hoy, al aplicarse el fallo del 2012, Colombia pierde 75.000 kilómetros cuadrados de mar en donde hasta ahora habíamos estado ejerciendo total soberanía gracias al Tratado Esguerra-Bárcenas, firmado por Colombia y Nicaragua en 1928, y que estableció los límites entre los dos países. De manera muy hábil, el gobierno del presidente Santos declaró en su momento que Colombia acataba el fallo, pero que era inaplicable pues según nuestra Constitución los límites del país solamente se pueden modificar mediante un tratado internacional aprobado por el Congreso de la República. Esta posición oficial del Estado colombiano no había variado desde entonces. O sea, el fallo se acata, pero no se aplica.
Esto en teoría, porque en la vida real viene ocurriendo precisamente lo contrario. Esto es, el fallo no se acata, pero se aplica. De hecho, la presencia de Nicaragua ya es ostensible en los 75.000 kilómetros cuadrados de mar que nos quitó la Corte de La Haya. Los pesqueros y otras naves nicaragüenses navegan allá como Pedro por su casa, ante la mirada impotente de los buques de nuestra Armada Nacional cuyos marinos tienen órdenes superiores para no hacer nada, y observar impasibles la creciente presencia nicaragüense en la zona.
Todo lo anterior quiere decir que la situación actual en esa zona es abiertamente inconstitucional. Se está entregando nuestra soberanía a un tercer país, sin que exista un tratado internacional aprobado por el Congreso que modifique nuestros límites actuales, única vía legal y constitucional que permitiría realizar esa cesión de soberanía para aceptar indiferentes la presencia permanente y no autorizada de agentes extranjeros dentro de nuestro territorio, sin que las autoridades hagan nada para evitarlo. Hoy esto es claramente inconstitucional.
Quienes en Colombia se inclinan por acatar plenamente ese fallo de La Haya —como, al parecer, el gobierno Petro— han encontrado una excusa de última hora para justificar la entrega de esos 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial: que entreguemos nuestro mar a Nicaragua, a condición de que se respete el derecho de la población raizal de San Andrés para pescar allí. Pero inmediatamente surge la pregunta obvia: ¿y dónde quedan los derechos del resto de los colombianos que no somos raizales? Es decir, los derechos del 99 por ciento de los colombianos se van a entregar a cambio de los derechos de una minoría. Y todo para quedar bien con la Corte de La Haya y con una opinión internacional a la que poco o nada le interesan los fallos de esa corte, que son incumplidos por igual por países grandes, pequeños y medianos desde hace décadas, sin que les pase absolutamente nada en el escenario internacional.
Entre los países que no han cumplido los fallos de esa Corte y que no les ha pasado nada de nada por incumplirlos se cuentan: Francia, Argentina, Islandia, Nigeria, Malasia, Israel, Tailandia, Marruecos, Irán y Rumania. Teniendo en cuenta esta realidad, la única opción de Colombia para no perder esos 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial es no acatar ni aplicar el fallo del 2012 de la Corte de La Haya.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 21 de julio de 2023.
