La ley 100 creó las Entidades Promotoras de Salud-EPS-. Las EPS son aseguradoras que pueden ser públicas, privadas o mixtas. El Estado solo le da a cada EPS un valor fijo al año de 1,2 millones de pesos por colombiano no importa cuánto valgan los medicamentos y procedimientos. Esto ha logrado que tengamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Somos el segundo país de la OCDE con precios más bajos en el sistema de salud y ocupamos el segundo puesto de ciudadanos que menos usa gasto de bolsillo en salud. El sistema les da acceso gratuito a los colombianos al 93,6% de los medicamentos listados en el país y al 96,9% de los procedimientos. De igual manera, el sistema tiene un reaseguro llamado “reservas técnicas” que hoy equivale a 8 billones de pesos.

Las EPS tienen varias funciones fundamentales: gestión y auditoría, que con la reforma quedarían a la deriva. Las EPS garantizan el acceso y se encargan de organizar la red para conectar al afiliado con las IPS-Clínicas y hospitales-. Verifican la IPS -alta, mediana o baja complejidad-, hacen seguimientos de los tratamientos y tienen el historial clínico de los pacientes. La reforma a salud destruye esto para pasarnos a todos a un sistema estatal. Las EPS se acaban.

La idea simplista de la ministra Corcho es que los recursos de toda la salud, de todos los colombianos los maneje el Estado a través del ADRES. Una entidad que sería pagadora y tendría niveles en los municipios y departamentos.

Si pasa la reforma, los colombianos tendrían que ir a unos centros de atención primaria a “afiliarse” y esperar que desde ahí les den las citas, los medicamentos, los redirijan a centros más complejos.

Las EPS hacen las negociaciones de largo plazo para establecer los precios de todos los servicios (exámenes, consultas, medicamentos, etc). Los incentivos ayudan a que se busquen los procedimientos de mejor costo-calidad para los pacientes. A las EPS les ha costado 30 años aprender a negociar y establecer precios fluctuantes en el mercado. Experiencia que se pierde con la reforma. La solución de Corcho es mala.  Remplazaría esta negociación con un manual tarifario. Es decir, le pagarían lo mismo a un buen hospital que a uno malo, lo que llevaría a que toda la calidad descienda.

Además, las EPS auditan las facturas de las IPS y hacen los pagos correspondientes. Esto impide la sobre-facturación, verifica que el servicio se haya prestado y sobretodo, evalúa que el procedimiento sea lo que el paciente requiere. Lo que evita que la plata se la roben, como se roban algunos de los dineros del SOAT.

Con la reforma el sistema se quedaría sin asegurador ni auditor independiente. Ahora será el Estado que de manera directa girará los recursos a Hospitales y Clínicas por medio de la entidad ADRES. Está se dividirá regionalmente y será administrada por un Consejo dónde estarán los alcaldes y gobernadores. Le van a entregar la plata de la salud a los políticos. Esto sumado a que el Gobierno entregará el 80% de los recursos sin verificar la autenticidad de las facturas. Hoy las secretarías de salud territoriales no han logrado verificar ni el 3% de las facturas en el 2018 y 2019.

Sin auditor, los médicos tendrán unas juntas autorreguladoras para que ellos mismos determinen si es mucho o poco lo que están recetando.

El gobierno también dará prioridad a los medicamentos que se produzcan en el país así sean de menor calidad y más costosos que en el exterior. El sistema de salud estatizado de Petro será un agujero negro de recursos.

No podemos controlar la corrupción en las ESEs y hospitales públicos, y ahora ampliaremos su campo de acción sobre los recursos de todo el sistema. No solo es arriesgado, sino que además deja por fuera el enorme problema de ineficiencia que tiene el Estado. Pero la fiesta burocrática promete apoyo en el Congreso: crearán 5.167 nuevas entidades gubernamentales con la reforma.

Los colombianos no tendrán libre elección sobre clínicas y hospitales; ni podrán escoger entre prestadores privados o públicos. Quedamos todos en lo público, con su corrupción, su ineficiencia y su alto costo. La sola construcción y organización de los Centros de Atención Primaria le valdrán al Estado 25 billones de pesos. ¿Cuánto costará las otras 5 mil entidades?