Las cifras de la ONU revelan que esa política fracasó. En el año 2023 se incautaron 0,28 toneladas de cocaína por cada tonelada potencial de cocaína producida. El promedio de los últimos 12 años era de 0,45. Las incautaciones están en mínimos históricos.
Es cierto que la guerra contra las drogas no se gana, la droga sigue existiendo y vendiéndose. Pero sí es una guerra que se pierde cuando crece y permite recursos y enriquecimiento de los grupos ilegales. La política de drogas de anteriores gobiernos era la combinación entre erradicación de hoja de coca, sustitución voluntaria y forzada, aspersión aérea e incautaciones. En el año 1999 el país tenía 161 mil hectáreas de coca. Con estas políticas se logró llegar a 47.788 hectáreas de coca en 2012, equivalente al 29% de las hectáreas cultivadas de 1999.
En el año 2010 se erradicaban manualmente 43.200 hectáreas. Esta cifra llegó a 130 mil en el año 2020. Con el gobierno Petro ha caído en más de un 70%, y hoy el país erradica menos de 21 mil hectáreas.
El gobierno presume la incautación, pero sus resultados no son muy diferentes a anteriores gobiernos. En el año 2021 durante el gobierno Duque se incautaron 669 toneladas de coca. En el año 2023 con Petro se incautaron 746 toneladas. Un incremento de solo el 11%.
Sin una política de erradicación el país alcanzó el máximo histórico de 253 mil hectáreas de coca en el 2023. Lo más grave es que el potencial de cocaína producida alcanzó 2.664 toneladas. Un incremento del 53% comparado con 2022. Durante el gobierno Petro los grupos ilegales han logrado tener el potencial de producción más grande en la historia del país. La cocaína mueve, según el Ministerio de Defensa, el 4,5% del PIB (74 billones de pesos).
Los grupos armados hoy tienen 16.667 hombres, cifras equivalentes a lo que tenía el país en el año 2014, y según el último informe de las Fuerzas Militares, los ilegales hacen presencia en 455 municipios en más de 9 mil veredas de 30 de los 32 departamentos.
La violencia ha aumentado como consecuencia del fortalecimiento de grupos ilegales armados. En lo corrido del 2024 (a septiembre), comparado con el mismo periodo del 2022, los secuestros aumentaron 41%, la extorsión 39%, la trata de personas 78% y la invasión de tierras 7%.
Ahora el gobierno sale con la idea de que comprará la coca de los campesinos. Un mensaje de un presidente incrementará la producción. Daniel Mejía, junto con otros investigadores, demostró que el anuncio del 2014 entre el gobierno y las FARC para otorgar subsidios a campesinos cocaleros disparó los cultivos hasta 2017. Incluso, según un estudio del CEDE, el programa -PNIS- aumentó en un 167% el asesinato de líderes de sustitución.
Repiten errores porque le creen más a la ideología que a la evidencia.
