Ya casi se va a cumplir un mes del cese del fuego falsamente “acordado” por el Gobierno con cinco bandas criminales. Pero el único que lo ha respetado y ha suspendido su accionar militar y policial ha sido el mismo Gobierno, pues las bandas criminales siguen en lo suyo, delinquiendo, asesinando, secuestrando, narcotraficando, extorsionando, desplazando, etc.
Por si fuera poco, aún no existen protocolos formales, lineamientos y parámetros convenidos y acordados con cada una de esas bandas criminales que las comprometan con determinadas obligaciones que ellas deberían cumplir para hacer posible ese cese del fuego multilateral. Sin embargo, el Gobierno se ha apresurado a ordenar la suspensión de órdenes de captura y la cancelación de operativos de búsqueda de reconocidos cabecillas de esas bandas, sin que exista ninguna acción recíproca que demuestre, al menos, su intención de disminuir su accionar criminal.
Peor aún, olfateando la debilidad del Gobierno, que carece de una política de seguridad y que prácticamente ha inmovilizado a la Fuerza Pública en su trastabillante búsqueda de la paz total, las bandas criminales no solo disfrutan de las concesiones gratuitas del Gobierno, sino que se atreven a pedir aún más. Fue el caso de las disidencias de las Farc, en el Meta, que, no contentas con la suspensión de los operativos militares en su contra, decidieron que la mera presencia del Ejército en sus áreas de influencia les pareció insoportable e inaceptable. Con el fin de solucionar esa incomodidad resolvieron entonces presionar a las comunidades para que secuestraran a varias decenas de soldados durante varios días para presionar el retiro del Ejército de esas zonas. Sobra advertir que en esas áreas, según lo afirma el gobernador, están creciendo y multiplicándose los cultivos de coca, y que allí no se adelanta ningún programa de erradicación forzosa de esos cultivos.
Pretenden que cada una de sus zonas de actividad se convierta en una zona de despeje sin presencia de Fuerza Pública, es decir que haya decenas de pequeños y medianos ‘Caguancitos’.
Como lo muestra la evidencia, el supuesto cese del fuego lo están aprovechando las bandas criminales para hacerse con el control total del territorio y de las comunidades que allí habitan. Pretenden que cada una de sus zonas de actividad se convierta en una zona de despeje sin presencia de Fuerza Pública, es decir que haya decenas de pequeños y medianos ‘Caguancitos’ a lo largo y ancho del país, donde solo impere la voluntad de esas bandas criminales. Y eso para no hablar de las enormes condiciones que el Eln debe de estar preparando para exigirle al Gobierno su cumplimiento, como requisito para acordar un cese del fuego, y que el Gobierno, en posición de debilidad, tendrá que aceptar, so riesgo de que se paralicen las negociaciones, sin cuyo avance la paz total, sencillamente, no existiría.
Y para coronar el tema, y producto de la ambigüedad, la improvisación y el desorden con que se ha manejado, ha surgido un verdadero choque de trenes entre el Ejecutivo y la Rama Judicial con respecto a las medidas recientes del Gobierno en torno a la paz total. La Fiscalía se ha negado a suspender las órdenes de captura ordenadas por el Gobierno contra los cabecillas de las bandas criminales supuestamente involucradas en el falso cese del fuego. Según la Fiscalía, las normas actuales no son suficientes y no facultan al Gobierno para ordenar esas medidas ni a la Fiscalía para ejecutarlas.
Puesto contra la pared y víctima de semejante descoordinación, el director de la Policía solo atina a declarar que las órdenes de captura no se han suspendido (para quedar bien con la Fiscalía), pero que se han suspendido los operativos de búsqueda de esos criminales (para quedar bien con el Gobierno). Difícil y casi obligada posición que lo lleva a bordear el incumplimiento de sus funciones constitucionales, como resultado de que la Fiscalía le ordena capturarlos y el Gobierno le ordena no capturarlos. En lugar de un cese del fuego multilateral, lo que hay es un choque de trenes multilateral. El resultado perverso es que los cabecillas de las organizaciones delincuenciales pueden andar tranquilos porque, como resultado de esa descoordinación estatal, no hay ningún riesgo en contra de su libertad de acción criminal.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 19 de enero de 2023.
