Grandes extensiones del territorio nacional están sometidos a la delincuencia terrorista y narcotraficante lo que se traduce en elecciones bajo la amenaza terrorista.

Las altas esferas políticas sirven a la delincuencia y al terrorismo en el congreso y en el gobierno para lo cual los congresistas se hacen elegir y derivar de su poder político beneficios de la corrupción centralista, corrupción que llegó a su culmen cuando se unieron conservadores y comunistas para distribuirse la administración corrupta de los recursos públicos. Este nuevo gobierno financió su campaña presidencial con los recursos que consiguieron con el Pacto de la Picota, es decir con los narcos y gobierna para ellos ofreciéndoles una paz total que se traduce en libertad de cultivar coca y traficar con ella. Se conoció recientemente que también obtuvo apoyo en campañas políticas en redes sociales financiadas por el gobierno ruso.

La Corte Constitucional manipula la ley para beneficiar al narcotráfico prohibiendo la aspersión aérea con glifosato contra los cultivos ilícitos y para aceptar los acuerdos de paz negados por el pueblo, incluido en ellos la protección de dichos cultivos.

No les importa el daño que la droga causa en la sociedad colombiana y en el exterior, ni que por consiguiente, cultivar coca y traficar con ella sea un delito nacional e internacionalmente. Sus disposiciones violan principios jurídicos elementales pero las sentencias y disposiciones favorables al negocio de la droga se imponen.

Para garantizar la democracia y la libertad todos los ciudadanos deben someterse a la ley que nos iguala a todos, sin embargo, a los criminales más feroces en Colombia no se les ofrece castigo sino privilegios bajo la teoría de que solo así no seguirán delinquiendo, teoría que renovaron recientemente excarcelando los terroristas urbanos protagonistas de las masacres durante el paro promovido por el hoy Presidente de la Registraduría simplemente porque son sus amigos a quienes les debe gratitud y fidelidad.

La democracia y la libertad no existen mientras las instituciones que la garantizan como la Registraduría también sirven a la corrupción centralista, en las pasadas elecciones negaron el acceso a los formularios E11 para evidenciar la transparencia del voto ciudadano y a Medellín le obstaculizan arbitrariamente la revocatoria del alcalde exigida por más de 380.000 firmas de ciudadanos a quienes se les niega un derecho fundamental.

No hay pues en el ordenamiento del Estado nadie que proteja las normas constitucionales ni legales cuando se trata de salvaguardar sus intereses económicos derivados del negocio del narcotráfico y de la corrupción de estos delincuentes en las altas esferas del poder.

Cabalgando en ese vehículo del narcotráfico, eje central de la política de este gobierno, los ideólogos del neo comunismo vienen imponiendo sus políticas de sometimiento del pueblo a la miseria y la dominación, incluida la política de legalización de la droga que pregonan en todo el mundo.

Miseria es elevar impuestos desaforadamente, fomentar la inflación y la devaluación con lo que se encarecen todos los productos de consumo a la vez que disminuyen las rentas de los ciudadanos y de los empresarios.

Miseria es confiscar las pensiones de los colombianos para desmejorar y poner en riesgo sus condiciones de vida para la vejez.

Miseria es pasar el servicio de salud de un sistema exitoso de cooperación entre empleados, empleadores y gobierno, a un sistema de mendicidad del servicio ante el Estado.

Todo esto dibuja la barbarie que están implantando.

Pero la rebelión de los pueblos libres de Colombia contra quienes propician la pérdida de los beneficios alcanzados en toda una vida de sacrificios de generación en generación, incluidos nuestra civilización, nuestra cultura, la libertad y el Estado de Derecho, es inminente.

Se anuncian paros de toda clase por alzas en peajes, gasolina, impuestos, costo de vida, etc, etc.

Este gobierno va a entender que es un error creer que la protesta social en Colombia es exclusiva de todos sus bandidos pagados con dineros sucios y de sus líderes en el terrorismo.

Deberá haber respetables políticos y nuevos líderes en la oposición en todas partes, que asuman las banderas de defensa de la ley y los derechos de los ciudadanos y organicen al pueblo para el rescate de la institucionalidad.

¡Se trata de la libertad y la supervivencia!

“Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo”. Benedicto XVI.

4 de enero de 2023