Veamos:

La liberación de sindicados de la primera línea se justifica porque los jóvenes protestaron contra un estado que los oprime. Las razones de la liberación de los miembros de la primera línea sindicados en delitos graves y su negativa a incluir a miembros de las fuerzas de policía sindicados, es muy diciente porque la tergiversación del derecho a la protesta es paradigmático.

Para Petro, quien protesta tiene derecho a cometer delitos contra las personas, agrediéndolas y negándoles los derechos que, a su vez, ellas tienen; pueden impunemente matar, destruir el mobiliario urbano, las instalaciones de policía, los medios de comunicación, la economía y las autoridades; pero también pueden narcotraficar, extorsionar, aterrorizar etc. La verdad es que todo esto fue ejecutado por individuos que se infiltraron en la protesta, que no tenían por objeto la defensa de los intereses de los ciudadanos del común, sino desestabilizar y derrumbar el estado y/o que causaban caos para aclimatar la campaña de la oposición, y que no representaban a la mayoría de quienes participaban. Y lo hicieron, a pesar de que el gobierno de Duque hizo lo que pudo, y más, para enfrentar la confrontación, hasta el punto de perder el norte de la defensa de los derechos de los ciudadanos que eran víctimas de estos atropellos y limitar, incluso, el derecho a la defensa de la vida de quienes eran agredidos por cuidar el estado.

En la lógica de los violentos, la policía no tenía siquiera ese derecho, su obligación era hacer presencia desarmada para que pudiera ser agredida y no pudiera defender a la ciudadanía. Es cierto que hubo muertos entre manifestantes y policías, algo profundamente lamentable, hechos estos que están siendo investigados -aunque con el decreto de Petro se interfiere definitivamente ese proceso-, pero hay que decir que por parte del sector que generaba choques hubo manifestaciones de violencia extrema y, seguramente, también, respuestas extremas a estas acciones. Lo que ocurrió en esos episodios fue todo, menos una protesta pacífica y menos aún, un estallido social, porque siempre fue una minoría la que participó, con una representación cuestionada o inexistente. Fue un intento de revolución, era sedición, vandalización, asesinato, atentado por parte de una minoría de individuos entrenados y equipados para la confrontación y el vandalismo, que utilizó a manifestantes que realmente querían hacer valer sus reivindicaciones legitimas.

Confundir esas actuaciones violentas y sistemáticas con el derecho a la protesta, como lo han vendido durante estos tiempos los promotores de esa corriente, es una falacia mal intencionada, porque quien protesta legítimamente no puede infligir gravemente los derechos de los que no lo hacen, más si estos son la mayoría de los ciudadanos. Peor aún, cuando en otra falacia, como un as sacado bajo la manga, Petro convierte a los policías agredidos y asesinados, es decir, víctimas de delitos atroces, en victimarios porque, según él, representan al estado, que es un victimario que tortura y mata, por lo que no tienen derecho a estar cobijados por los mismos beneficios que los de la primera línea.

Petro argumenta eso, contrariando, incluso, las conclusiones de sus amigos de la comisión de la verdad, que señalan que aun en asuntos tan escabrosos como los falsos positivos, estos no fueron una política de estado; y los procesos abiertos por la JEP, que, a trancazos, ha tenido que admitir que militares y policías fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de las Farc, que sí tenían esas actuaciones como política de organización. El estado no es victimario estructuralmente hablando, hasta el punto de que desde hace ya muchos años ha habido una política institucional de educación en derechos humanos, en coordinación con las organizaciones públicas de derechos humanos como la ONU y la CIDH, cuyos destinatarios han sido las fuerzas de seguridad de la nación, y, porque, además, ha investigado y condenado a servidores que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad; proceso este vigilado, entre otras cosas por esas instituciones y por Ong acuciosas.

Si de verdad, Petro quisiera una política de paz incluyente, no haría este tipo de discriminaciones.

La prevención contra la maniobra de liberar a estos individuos sube más cuando informa que los favorecidos no recibirán pago, pero estarán apoyando en el segmento de los jóvenes las políticas de Petro, es decir, van a funcionar como adoctrinadores oficiales. Terrible. Y peor, cuando el país se entera de que, apenas firmado el decreto inconstitucional, según los expertos, se reúne con los jueces para decirles que le aumentará el dinero a la rama judicial. Cualquier suspicacia que surja sobre el significado de la oferta, no es pura coincidencia.

 A lo anterior se une el subsidio a cien mil jóvenes, que se pagará según dijo Petro con los dineros de la reforma tributaria, que “para eso la hicimos”, es la expresión que usó (y me pregunto, ¿a propósito, y para qué más con tal de ganar las elecciones de alcaldías y gobernadores?). Cien mil jóvenes pagos al servicio de quien paga (y perdonen el pleonasmo). Es la mercenarización de la política y de los movimientos sociales. Ya muchos lo han dicho, podría ser el inicio de los colectivos petristas, a imagen y semejanza de los chavistas. Con el dinero de nuestros impuestos.

Petro viene por todo. La reforma política es demencial: perpetúa los grandes partidos en el poder y a los caciques multicorruptos de la coalición en el congreso, quienes encabezarán las listas cerradas. ¿Qué tal?

Por otra parte, el control del sistema de salud, que es un arma eficientísima de control político petrista, avanza inexorablemente. Ya han cerrado varias EPS y desmantelarán las otras para centralizar ese servicio.

Combinar la aplanadora con la tergiversación de la verdad es otra característica, como ya un sector considerable de la ciudadanía sabía. Esta semana hubo dos situaciones: decir que a Castillo en el Perú le dieron un golpe de estado por ser pobre, progresista y de la Sierra y que se violó se el derecho a elegir y ser elegido por el pueblo, es falso. No hubo tal golpe. El congreso, que también fue elegido popularmente, siguió el procedimiento establecido para destituirlo porque esa es una posibilidad establecida en ese orden jurídico; y los jueces y la fiscalía están siguiendo las normas constitucionales y el debido proceso, acusándolo de delitos muy graves, como golpe de estado.

Pero para nuestro mandatario, eso no tiene validez. En su concepción, un presidente elegido popularmente no puede ser removido, así viole la ley y pretenda desestimar el orden constitucional, así haya procedimientos legales establecidos para hacerlo. Eso se debe a que el presidente descree de los mecanismos de la democracia, uno de los cuales es la división de poderes. Para Petro, los otros poderes deben estar subsumidos bajo su mando. Es una concepción dictatorial. Y si no, basta con recordar que cuando la Procuraduría lo destituyó, acudió a la CIDH, que dictaminó que un alcalde no podía ser removido sino por mandato de un juez. Ahora que un juez, por solicitud de un fiscal, dentro de un proceso legal, actúa contra Castillo, la CIDH, que avaló el procedimiento, no le sirve porque supuestamente está en manos de las políticas de la OEA, que quiere derrocar a los presidentes “progresistas”. Y tampoco le gusta el pronunciamiento de su amiga Gobertus, directora para las Américas de HRW, tampoco. Con cara gana él y con sello pierden las instituciones.

¿Y qué decir del argumento según el cual las vías modernas que se están construyendo, sólo le sirven a los importadores y a los grandes capitalistas? ¿por qué no le dijo eso a Correa cuando modernizó las vías del Ecuador? ¿No que el país tiene que ser competitivo? Por esas vías podrían salir las exportaciones y viajar los turistas que desea traer…para sustituir la producción de petróleos, gas y carbón.

¿Y qué pensar de su afirmación de que el peso se devalúa frente dólar porque no llegan los dólares los narcotraficantes, que se quedan en USA, España y México’? No nos crea tan tontos.

Y a esperar esta semana las medidas que tomará para mantener el poder adquisitivo del salario mínimo. Por lo pronto, ya dijo que, entre otros ítems, los arriendos no subirán con la inflación. Muchos colombianos tienen un pequeño ingreso por ese concepto, que año a año va perdiendo valor porque los costos suben todos por encima la inflación. Si ahora se indexará por debajo de esta, comenzará a no tener sentido ese tipo de inversión y el precio de la vivienda para fines comerciales comenzará a derrumbarse. Ojo con eso.

Bueno, ha sido un artículo largo. Espero que no lo hayan disfrutado, pero sí les haya servido.