Si no queremos perder nuestro mar territorial y nuestra plataforma submarina, la única opción realista que tiene Colombia es desconocer los fallos de La Haya. Más de diez países del mundo, grandes, medianos y pequeños, lo han hecho y no les ha pasado absolutamente nada. La próxima semana se leerá en La Haya el fallo sobre la última y desorbitada pretensión de Nicaragua sobre nuestra plataforma submarina y el Gobierno y el país tendrán que tomar una posición sobre un tema que hoy por hoy es la amenaza más grande a nuestra integridad territorial.
Colombia nunca ha debido someterse al arbitraje de ese tribunal. Allí Colombia no tenía nada que ganar y sí mucho que perder, como en efecto sucedió. En cambio, Nicaragua no tenía nada que perder y sí mucho por ganar, como también sucedió. Sucesivos gobiernos colombianos, de buena fe y movidos por exceso de legalismo y mucho de nuestra tradición santanderista, aceptaron la Corte de La Haya para resolver las demandas de Nicaragua, y permanecimos bajo su jurisdicción cuando hemos debido retirarnos de ella, cosa que se hizo demasiado tarde frente a los hechos cumplidos de nuestras sucesivas derrotas en ese tribunal.
Con mucho candor e ingenuidad los colombianos creímos que el problema con Nicaragua era un asunto de abogados y de baranda judicial y no un tema de geopolítica, como en realidad lo es. Consideramos que se nos iban a respetar nuestros derechos por tener todos los argumentos de orden histórico, cultural, geográfico y legal necesarios para que un tribunal internacional descalificara las pretensiones de Nicaragua. No fue así. A pesar de nuestros impecables argumentos legales, la Corte de La Haya cedió ante el persistente y eficaz lobby de los agentes de Nicaragua, a tal punto que en sus fallos contra Colombia han desconocido principios elementales del derecho internacional. Su eficaz lobby transformó este caso en un asunto que la Corte interpretó como una lucha de David contra Goliath; del débil, la pobre Nicaragua, contra el fuerte, la violenta Colombia.
Por eso la Corte desconoció el principio de equidad que estaba en el Tratado Esguerra-Bárcenas mediante el cual Colombia entregó a Nicaragua las Islas Maíz, no aceptó el Meridiano 82 como límite integral, marítimo, aéreo y submarino, que en ese Tratado se establecía y que no violaba ni el derecho consuetudinario, ni la Convención del Mar, que no existía, y de hecho desconoció la realidad histórica, geográfica y legal del archipiélago de San Andrés, desmembrándolo, entre otras linduras. En síntesis, el fallo del 2012 es absolutamente ilegal. Pero es inapelable.
Precisamente el carácter de inapelable de los fallos de la Corte de La haya es lo que ha llevado a muchos países a no aceptarlos y desconocerlos. Lo hizo Francia, en su contencioso con Nueva Zelandia; lo hizo Islandia, en su disputa contra el Reino Unido; lo hizo Argentina, en su diferendo con Chile; lo hizo Nigeria, en su caso contra Camerún; lo hizo Guinea-Bissau, en su demanda contra Senegal; también lo han hecho Irán, Malasia, Rumania, Israel, Tailandia y Marruecos. En los casos de disputas de límites, estás se han resuelto mediante acuerdos bilaterales entre los países contendientes, después de haber dejado de lado los fallos del Tribunal de La Haya. Y a ninguno de estos países le ha pasado nada, ni se ha convertido en paria internacional por haber desconocido esos fallos de La Haya. Lo cual ha producido la irrelevancia de este tribunal ante el mundo.
Los colombianos no podemos ceder ni un solo centímetro cuadrado de nuestra soberanía nacional. La Haya nos quiere quitar más de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, para empezar. Podemos llegar a un acuerdo con Nicaragua para concederle algunos derechos limitados de pesca en nuestros mares, pero esas aguas deben seguir siendo de Colombia, para todos los colombianos. La solución no es, como parece que pretende el gobierno Petro, aceptar el fallo de La Haya y entregarle nuestro mar a Nicaragua con tal de que le deje pescar allí a la población raizal de San Andrés. No. Ese mar, ese suelo y ese subsuelo marino, es de Colombia y debe seguir siendo de todos los colombianos. Pero para ello debemos desconocer los fallos de La Haya.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 24 de noviembre de 2022.
