Ahora bien, el derecho es el conjunto de normas que rige la interacción entre los ciudadanos de una comunidad política expresadas en la constitución y la ley producidas por los mecanismos y rituales establecidos para tal fin por esa comunidad, con el objeto de garantizar la libertad individual, pero también la estabilidad política y social, valor esencial que garantiza pervivencia del conjunto. La estabilidad implica límites de la acción libre de los individuos, pues el ejercicio absoluto de esta lleva a la destrucción de la comunidad misma y, en consecuencia, a la posibilidad del disfrute aquella. La libertad absoluta, el que todo esté permitido, la anomia, lleva al caos y a la muerte.  

Ahora bien, el límite de la acción individual en los términos del derecho, se expresa en la máxima según la cual, para los ciudadanos que no sean funcionarios del estado, todo está permitido si no está estrictamente prohibido por la ley (mientras que para la burocracia gubernamental, todo lo que no esté permitido se encuentra estrictamente prohibido).  Por eso, si las autoridades del estado llegan a admitir como no punibles acciones que atentan contra la limitación de no interferir o violentar las acciones o planes de vida de los otros, el derecho se degrada y la convivencia pacífica se acaba o se impone por la fuerza.  Es el fin de la democracia. Y Hay dos maneras de hacerlo: que quienes hacen las leyes, conculquen, para su beneficio, el derecho a la libertad de los ciudadanos, lo que conduce a una dictadura que los somete; o que les otorguen a ciertos individuos, derechos que les permita quebrantar los de otros.

Pues bien, en estos casi cien días de gobierno, Petro y/o sus funcionarios han hecho o intentado poner en práctica esas dos modalidades de despojo de las libertades de los colombianos alrededor de lo que hoy se llama, de manera equívoca, la protesta social: la ola consentida, de hecho, por el gobierno, de invasiones a tierras; las protestas “pacíficas” que violentan la libertad de credos de los colombianos con incendios provocados; los bloqueos a carreteras o el nuevo asalto a CAI; y otras acciones, ejecutadas mientras se reforma el ESMAD y se dan directrices a la policía hasta dejarla inoperable. Y como si fuera poco, el intento del ministro de justicia de autorizar, dejando sin castigo real, los actos vandálicos y terroristas, en el marco de la “protesta social”. Todo esto, como si la muerte, el saqueo, el asalto y la destrucción fueran legítimos y no violasen los derechos de los demás colombianos. Por ese camino la anomia precederá a la dictadura. Crear caos para que la gente implore por el orden que implanta la dictadura: la paz total de los sepulcros, del sometimiento, del silencio.