También tiene algún sentido una reforma agraria que entregue tierra a los campesinos que no la poseen. Pero eso tiene un contexto y unas aristas que el gobierno tiene que explicar: cuáles son las tierras probablemente afectadas y cuál su destinación y su manejo productivo, porque ya desde tiempos lejanos, personas como el expresidente Alfonso López Michelsen en su libro Palabras Pendientes duda de una reforma agraria que no inserte a los campesinos en  la agricultura industrial y comercial, caracterizadas por la producción con base en alta tecnología, que requiere cada vez menos mano de obra, y con destino al mercado -lejos de los cultivos de pan coger y la agricultura de subsistencia-. Y no se puede impulsar una reforma tal sin decir palabra alguna sobre el destino que tendrán las tierras acumuladas por los narcotraficantes de extrema derecha y extrema izquierda o los simplemente mafiosos, que desde mitad de la década del setenta del siglo pasado han venido produciendo una verdadera contrarreforma agraria. ¿Y cómo se manejarán las enormes acumulaciones -y su límite- de tierra de comunidades indígenas que, más allá de los cultivos de coca y marihuana, parecen ser inexplotadas o explotadas inadecuadamente, pero participan activamente en las invasiones de predios -incluso pasando por encima de los derechos de otras comunidades como las afrodescendientes-, según se informa a diario? ¿Qué ocurrirá en estos casos?

Pero también hay que contestar cómo se define “improductivo” y cómo “expropiación” y cómo se adelantará el proceso de reforma: ¿será la invasión de predios privados el método de distribución? Es muy importante resolver estas preguntas. Lo que ha ocurrido con la cuestión agraria desde el ascenso de Petro al poder es que muchos campesinos, pero también, probablemente, individuos con intereses en el narcotráfico, han iniciado múltiples tomas de tierra sin que hasta ahora el gobierno haya hecho nada más allá de llamar al diálogo y dar cuarenta y ocho horas a los invasores para que se reiteren de los predios que han tomado, sin que nada suceda cuando se cumple el plazo. Nadie sabe si es por falta de capacidad de respuesta del gobierno, o por una disposición a apoyar a los invasores, pero el caso es que se están produciendo situaciones de hecho en constante crecimiento que pueden terminar muy mal, más para un gobierno que habla de la paz total, en un país que ha sufrido al menos dos grandes violencias en los últimos ochenta años – la Violencia liberal – conservadora de finales de los cuarenta hasta la mitad de los sesenta,  y la ya mencionada Violencia del narcotráfico, en el que el Estado ha confrontado a guerrilleros, paramilitares y mafiosos purasangre, así como su  imbricación, que puede fecharse desde mediados de los setenta y que todavía no termina,  vinculadas a la tenencia de la tierra, o que han repercutido en ella.

En cualquiera de los dos fenómenos analizados, a pesar de las importantes glosas que acabo de hacer, insisto, uno puede pensar que el gobierno puede tener razones de orden social para acometerlas. Pero, la iniciativa de conceder un subsidio de $800.000 a cien mil criminales jóvenes para que dejen de delinquir -$300.00 más que a los viejos que han trabajado toda su vida- es un despropósito. Desde el punto de vista de la ética pública, es romper los valores que permiten la cohesión social porque el mensaje que se envía a los jóvenes es que el crimen paga, que no hay que estudiar ni trabajar, sino que matar y robar es el camino directo para garantizar el bienestar personal. Ese sí que es un nuevo significado de vivir sabroso. Centenares de miles de jóvenes que se esfuerzan y respetan la ley entenderían que su proceder es inútil y perjudicial.

Desde el punto de vista de la permanencia del estado de derecho sería una verdadera ignominia: se trataría de conseguir la lealtad de cien mil delincuentes para asegurar una guardia pretoriana en torno a quien entrega el subsidio y su proyecto político, mientras se debilitan a la policía y al ejército que son los que tienen la responsabilidad constitucional de garantizar a los ciudadanos su seguridad. Con este proyecto se cerraría el círculo de empoderamiento a los criminales para buscar una paz total que significaría premiar y gobernar a los fuera de la ley -guerrillas, paramilitares, mafiosos, bandas-, etc, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos se sometería y sostendría, mediante sus impuestos y su trabajo, a la nueva “institucionalidad” que encarnaría a un estado criminal y fallido.

¿Es ese el estado que busca nuestro gobierno? Petro tiene la palabra.