Como Alemania, luego de la invasión rusa de Ucrania, quiere aumentar sus importaciones de carbón colombiano para contrarrestar los efectos del embargo europeo del gas producido en Rusia, los activistas europeos empezaron una nueva campaña de mentiras contra esa operación industrial y comercial benéfica para los dos países.

Kathrin Henneberger, diputada del partido Verde, poco después del anuncio del canciller Olaf Scholz al presidente Iván Duque, viajó a Colombia para “investigar” al Cerrejón, según dijo, y “denunciar” lo que estaba ocurriendo en la Guajira. En Bogotá, France 24 puso a su disposición un equipo periodístico para acompañarla. Tras caminar unas horas por la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, la ecologista declaró que toda la región sufre de aprovisionamiento de agua potable por culpa de la mina y, sin sonrojarse, concluyó que la existencia de la comunidad wayuu está “amenazada de extinción” por la actividad de Cerrejón y de la firma suiza Glencore. En seguida, ella pidió a la Unión Europea no comprar más combustible fósil a Colombia y “acabar a nivel internacional con el ciclo del carbón”, por ser un contaminador del medio ambiente.

La diputada verde, en realidad, no investigó nada. Repitió un script preparado de antemano en Berlín en el lenguaje apocalíptico acostumbrado por esa formación política para ganar adeptos. Ella parece ser de aquellas personas que creen que todo tipo de minería es incompatible con el respeto del medio ambiente.

Colombia es el cuarto exportador mundial de carbón. Cerrejón, empresa creada por el gobierno colombiano en 1975, produjo 23,4 millones de toneladas de carbón en 2021 y da empleo a más de 11.000 trabajadores, entre empleos directos y contratistas, el 60% de los cuales trabajan en la Guajira.

Glencore se desempeña en el Cerrejón desde hace 20 años. Después de comprarle las acciones a sus socios BHP y Anglo American, Glencore es el poseedor del 100 % de la mina, desde enero de 2021. Esa concesión minera terminará en 2034.

La señora Henneberger parecía ignorar que desde tiempos inmemoriales y gracias a la vecindad del Mar Caribe, las comunidades devinieron sedentarias, se adaptaron y expandieron a pesar de los rigores del clima. La Guajira es una vasta región seca y desértica, con temperaturas que de los 42 grados centígrados pueden bajar a los 34 grados centígrados dado que los vientos alisios refrescan sus costas.

El reportaje muestra, sin embargo, una situación trágica originada por una malvada empresa privada. La imagen de un riachuelo seco sirve para probar que éste ha perdido sus aguas por culpa de Glencore. Sugiere que la mina ha desviado la corriente de un rio (no dice cual) y que modificó el ecosistema de la región. No faltó el típico testimonio alarmista de refuerzo. Leobardo Sierra, quien dijo ser líder de la comunidad wayuu, afirmó, sin dar explicación alguna, que hay niños que están “muriendo por falta de agua y alimentos”. Nada dijo sobre la existencia de políticos locales que se roban los dineros del Plan de Alimentación y Nutrición de la Guajira (PAN) que vienen del sistema general de regalías, ni de la corrupción de organismos que nada tienen que ver con Cerrejón. La diputada, sin embargo, sólo agarra su tema y mira hacia otro lado: la actividad del Cerrejón.

Los directivos locales de Glencore fueron consultados pero sus respuestas son inaudibles. El reportaje sugiere que Glencore confisca el agua de la población para desperdiciarla en la humidificación de las carreteras y para enfriar los cargamentos de carbón hasta Puerto Bolívar, en la Bahía de Portete. Nada dice sobre el hecho de que “el riego de vías, el uso de aspersores de bajo flujo (para controlar las emisiones de polvo derivadas de las operaciones) y la humectación de los vagones del tren, entre otros, utilizan agua industrial o minera (de lluvias y de los mantos de carbón), no apta para consumo humano, animal ni agrícola”, como explica la empresa en su página web.

Es cierto que una parte del agua del río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada y penetra en las sabanas de la Baja Guajira, es utilizada, pero no como lo supone el documental. “El 11% restante se capta del río Ranchería y su acuífero aluvial, y es empleada en el consumo de empleados y contratistas, sus familias y la entrega a las comunidades de nuestra área de influencia. En Puerto Bolívar, el 100% del agua utilizada proviene del mar y se potabiliza en una planta desalinizadora”, agrega ese portal. Aunque el documental de France 24 no pone en duda tales afirmaciones, evita comentar esos datos y deja flotar la versión cuestionable de la diputada alemana.

El portal asegura que los trabajos del Cerrejón cumplen con las exigencias del Acuerdo de París, en cuanto a la reducción de emisiones, dato que tampoco es evocado por Kathrin Henneberger. Otro elemento de explicación del Cerrejón que no fue objeto ni de cuestionamiento ni de aceptación de parte de la diputada es: “Gracias al trabajo de protección y conservación de las cuencas hídricas que realizamos dentro de la mina, el caudal del río Ranchería aumenta, en promedio, un 37% a su paso por la operación, como lo registran las mediciones que nos entregan las estaciones de monitoreo del IDEAM”.

Al final, Pascale Mariani, corresponsal de France 24 en Colombia, subraya que el 7 de agosto próximo “por primera vez, un presidente de izquierda, Gustavo Petro, será investido y que él milita por una transición energética”. Pero, advierte, Petro necesita “llenar las arcas del Estado y el embargo de la energía rusa representa una buena cosa para los países productores como Colombia y que frenar la exportación de carbón no está en el orden del día”.

@eduardomackenz1