Pero el punto es que optó por estigmatizar a la sociedad civil, a los políticos y a los empresarios que determinó como su objetivo desde su campaña electoral y decidió golpearlos a ellos y sus realizaciones, con la estrategia de tierra arrasada. Sustituyó a cada director de toda organización para reemplazarlo por un incondicional y asfixió a las instituciones benéficas mismas, negándoles los presupuestos que requerían para su funcionamiento, independientemente de que hubiesen sido altamente provechosas para la ciudad.
En todo esto hay una estrategia política. El fondo de la cuestión, puede decirse es que Medellín y Antioquia han sido renuentes al manejo de ciertos gamonales políticos desde Bogotá, y han sido un bastión de resistencia a los planes de la izquierda radical para tomarse el país. Ese contubernio de unos y otros comenzó el asalto para manejar el poder en Antioquia y Daniel Quintero es su punta de lanza.
No es que los políticos, organizaciones civiles y empresarios que ataca Quintero no hayan cometido errores en el transcurso de estos años. Seguramente lo han hecho y algunos de ellos graves. Pero si se hace un balance de su actuación, es mucho más lo que han aportado a la ciudad y al departamento que las fallas cometidas. Y quizá su contribución más importante haya sido el construir una ciudad orgullosa de sus logros y una ciudadanía que ha hecho de la defensa de los valores democráticos, un estilo de hacer política.
El manejo de EPM ha sido desde la campaña electoral el blanco de los ataques del alcalde y de quienes lo controlan. Había que arrebatar el manejo de la empresa a los “enemigos” definidos, al precio que fuera. Y el florero de Llorente era Hidroituango. Creó una narrativa según la cual los empresarios y dirigentes políticos que tuvieron que ver con el proyecto eran unos corruptos que deberían pagar por las fallas y pérdidas que ha tenido el proyecto. Hizo hasta lo imposible para que esa versión prevaleciera, poniendo en riesgo el seguro que lo cubría. Aprovechó el fallo de la Contraloría para intensificar su empeño y continuó con su cantinela aun en contra de lo decidido por el ente de control en el sentido de que, si aquellas cubrían la perdida, la sanción pecuniaria contra las empresas y las personas naturales se extinguía.
Si no es por la intervención del Presidente Duque y el Contralor con Mapfre y las otras aseguradoras, hubiese ocurrido lo peor. Finalmente prevaleció la tesis de que era un siniestro y no un acto delincuencial de los presuntos implicados y el seguro se pagará. Contra la voluntad de Quintero que, como el ladrón que grita “cojan al ladrón”, ahora pretende que el desembolso se debía a sus” esfuerzos” y “denuncias”.
Seguramente que ahora hará todo lo posible por obstaculizar a los constructores e interventores para que el proyecto no cumpla las metas fijadas. Pero creo que no le alcanzará el tiempo. La revocatoria de su mandato ya tiene las firmas, muchas más de las necesarias, en la Registraduría y, si todo marcha bien y el Registrador no se interpone, más temprano que tarde, a lo sumo, en febrero, la ciudadanía lo sacará del cargo.
Y lo hará porque esta tiene en mente todo lo que ha hecho el alcalde. No importa que los aliados políticos del alcalde -algunos de ellos petristas de viejo y de nuevo cuño; otros, viudos de poder que no tienen empacho en aliarse con él para pescar en rio revuelto- intenten mover cielo y tierra. Las conductas aviesas tienen hartos a los electores de Medellín y de Antioquia. Al alcalde lo rondarán los medellinenses. Y la verdad prevalecerá. A él y a sus conmilitones no les funcionará su asalto electoral. Para bien de la ciudad y del departamento, pero también del país, porque será una lección de transparencia política y de que no todo vale para ganar unas elecciones.
