La carencia de voluntad de poder en este caso es el resultado del trabajo de sectores radicales del partido Demócrata en la Cámara, encabezados por la señora Alexandria Ocasio – Cortez, que se ha autodefinido como socialista y James Patrick (Jim) Mc Govern, viejo aliado de los grupos de la izquierda recalcitrante de Colombia, quienes durante el paro han utilizado un doble rasero, haciéndose los ciegos con los atropellos de los violentos que han cometido actos de vandalismo y terrorismo, mientras condenan el supuesto uso exagerado de la fuerza de nuestra policía, como si fuese una política institucional, en una generalización que no tiene presentación alguna.
Dicha ley no ha sido todavía aprobada por el senado de ese país y ojalá allí se hunda, pero es una muestra de que sectores radicales tienen la capacidad de debilitar la seguridad de su país en asuntos tan importantes como el narcotráfico, golpeando a sus aliados colombianos a los que dejan en el peor de los mundos posibles: sin recursos para combatir el flagelo de los narcóticos, pero, además, acusados, contra toda evidencia, de violadores de los derechos humanos.
Por supuesto que nuestras autoridades deben ser respetuosas de los derechos fundamentales de los colombianos. Eso es, precisamente, lo que el gobierno de Duque ha hecho y ha intentado explicar en el mundo entero y especialmente en Estados Unidos; pero los activistas de la izquierda socialista de Estados Unidos no oyen, no ven, no entienden aquello que contradiga su cartilla internacional porque hay que debilitar nuestra democracia al precio que sea, incluso, negando el derecho legítimo que tiene de defenderse. Cuando la dictadura caiga en nuestro país, los Ocasio – Cortez y los Mac Govern la defenderán a capa y espada y se opondrán a cualquier medida que las perjudique, como hacen con las sanciones a los gobiernos de Cuba y Venezuela, las que rechazan vehementemente.
Si esa es la posición del gobierno de Biden, es bueno que lo diga pronto. Por ejemplo, sería bueno que el presidente Biden dijera públicamente que no comparte los términos de esa disposición porque debilita a un gobierno democrático aliado que lucha por sobrevivir a los embates de la extrema izquierda que no duda en usar el terrorismo.
Pero, además, si las consecuencias de esa ley para el combate del narcotráfico son graves, lo es igual o más, lo dicho por la funcionaria encargada del asunto en el gobierno norteamericano, prácticamente de manera simultánea.
En efecto, Heide Fulton subsecretaria adjunta de Asuntos de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, anunció una nueva estrategia conjunta con las autoridades colombianas y el Grupo Antinarcóticos para detener el tráfico de drogas ilícitas, porque los cultivos han aumentado de 212.000 hectáreas registradas en el 2019 a 245.000 en el 2020.
Aun así, la subsecretaria, aunque destacó los avances de la erradicación manual, la cual seguirá siendo parte de la estrategia mencionada, subrayó que el regreso de las aspersiones con glifosato es “una decisión del Gobierno y pueblo colombiano” (https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/colombia-y-estados-unidos-anuncian-nueva-estrategia-contra-el-narcotrafico-620653).
Eso quiere decir que las herramientas principales para la erradicación no serán parte de la nueva política que ese país le impondrá al gobierno colombiano.
Es verdaderamente confuso. Como dijo el ministro de defensa, Estados Unidos acaba de certificar al país en la lucha contra las drogas “y los resultados que hemos tenido. 130.000 hectáreas erradicadas el año pasado, más de 5.000 laboratorios destruidos, 500 toneladas de cocaína incautadas. Seguimos con ese compromiso" (https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/aspersion-colombia-confia-se-mantenga-ayuda-de-ee-uu-620637)
Todo indica que el país se va a quedar solo en la lucha contra el narcotráfico, por lo menos, en la parte central, que es la erradicación de los cultivos. Colgados de la brocha, será más difícil todavía, detener el avance de las fuerzas irregulares que se asientan en Venezuela y otros lugares del país y los planes de la izquierda citadina para tomarse el poder en el 2022.
Insisto en lo que dije hace ocho días: hay que tener un plan B. No se puede seguir dependiendo de Estados Unidos para defender la democracia, la seguridad y la soberanía nacionales. Un plan que considere nuevas estrategias en la política antinarcóticos, que sin renunciar a la alianza con USA, nos dé el juego suficiente para tomar nuestras propias decisiones. Porque para defender nuestro estado de derecho, hay que tener voluntad de poder y flexibilidad estratégica y táctica.
Por lo pronto, hay que desplegar todos los recursos de cabildeo para que la ley que estamos comentando no pase en el Senado de ese país. E iniciar la discusión sobre la política antidrogas ya.
