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Hay 14 focos de emergencia humanitaria en Colombia
por los enfrentamientos entre grupos armados: Defensoría
Por Santiago Olivares Tobón
El Colombiano, Medellín
https://www.elcolombiano.com/colombia/alerta-en-11-territorios-por-disputas-de-grupos-armados-en-colombia-PA26620429
16 de febrero de 2025
Los más afectados son los niños y las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. 10 actores armados serían los responsables. Los enfrentamientos entre grupos armados en el país generaron 11 focos de emergencia humanitaria, los cuales afectan a los niños y a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Según esta entidad, 10 estructuras estarían a cargo de esta crisis en 16 territorios.
“La Defensoría del Pueblo ha documentado emergencias en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, este último con alto riesgo en las elecciones atípicas del 23 de febrero”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La funcionaria indicó, además, que se tienen evidencias de reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados, los cuales han provocado el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 personas y 27 homicidios.
Una de las situaciones más críticas se registra en la subregión del San Juan, en Chocó, donde desde el pasado 4 de febrero hay una disputa entre el ELN y el Clan del Golfo por el control territorial. En esta zona hay más de 1.600 personas afectadas por los desplazamientos y confinamientos, muchos de ellos de la comunidad indígena Wounan, que no pueden salir de su resguardo por temor de cualquier ataque.
A esto se suma el anuncio de un paro armado por parte del ELN en esta parte del occidente del país que comenzaría este martes, luego de que se estuviera conociendo que habría una alianza entre las disidencias de alias Mordisco y el Clan del Golfo, una de las uniones más extrañas que se estaría dando en el territorio nacional.
Antioquia no sale bien librado de estas alertas, ya que, en Briceño, Yarumal y Valdivia, en el Norte, hay confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias lideradas por Calarcá Córdoba, lo que tiene a 135 personas confinadas y a seis civiles asesinados en casos selectivos. En el Bajo Cauca y el Nordeste, además, esta misma disputa, a la que se sumaría el ELN como aliado de las disidencias, llevó a 370 desplazados de Remedios, Segovia y Anorí, además de otros 160 de El Bagre.
En cuanto al Magdalena Medio, en un territorio que involucra a cuatro departamentos, hay alarmas por las acciones de ELN, disidencias y Clan del Golfo por la búsqueda del control de las rentas ilegales.
En cuanto a Nariño se refiere, actualmente las disputas por el narcotráfico y la minería ilegal provocó el desplazamiento de un centenar de familias y el confinamiento de comunidades mediante el uso de minas antipersona, instaladas tanto por las disidencias de las Farc como por parte del frente Comuneros del Sur, que se formó tras un fraccionamiento del ELN.
Adicionalmente, hay otras 214 personas confinadas desde el 10 de febrero por las acciones de la Fuerza Pública y las estrategias de las disidencias de las Farc, en el que se estaría usando a la población civil como escudo para evitar el ingreso del Ejército y la Policía. En el Cauca, 1.200 personas están confinadas por las disputas entre distintas facciones de las disidencias, ya que tanto la estructura de alias Mordisco como una llamada Frente 57 Yair Benítez estarían en disputas por adueñarse de este territorio. Esto sumado a las más de 1.000 personas que están confinadas en el corregimiento Ortega, de Cajibío, por cuenta de las disidencias de las Farc.
Buenaventura es uno de los territorios del Valle del Cauca con mayor preocupación por parte de la Defensoría, puesto que la disputa entre los grupos Shottas y Espartanos tiene a 938 personas confinadas en este puerto del Pacífico, además de secuestros y homicidios. También en el Bajo Calima también tienen alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, ya que la disputas entre el ELN, Clan del Golfo y las disidencias tiene en grave riesgo a nueve comunidades, confinando a 2.744 personas.
También hay alarmas en la Sierra Nevada por las disputas entre Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en la Serranía del Perija por la guerra entre ELN y disidencias, en Arauca por la pelea entre ELN y disidencias y en Meta, Guaviare y Putumayo por la guerra entre las facciones las disidencias entre Mordisco y Calarcá. En Tolima, la crisis se origina por las disputas en Roncesvalles entre tres disidencias: Calarcá, el Frente 57 Yair Bermúdez y la facción de Mordisco.
“Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los Últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho. Los grupos armados hoy tienen influencia en el 73% de los municipios del país: 809”, indicó la defensora Marín Ortiz, al tiempo que pidieron mayor intervención del Gobierno Nacional para que prioricen las soluciones a las comunidades afectadas.
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El modelo de salud de Petro
El Colombiano, Medellín
Editorial
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/el-modelo-de-salud-de-petro-PA26628601/
18 de febrero de 2025
Lo que Gustavo Petro quiere vender como la panacea no es, ni de lejos, suficiente para construir un sistema que responda a las necesidades de salud de los 50 millones de colombianos.
Cuando pensábamos que el chú-chú-chú era el punto más bajo al que podían llegar las referencias del presidente Gustavo Petro sobre el sistema de salud, en los últimos días nos hemos encontrado con que por mala que sea una situación –como bien dice Murphy– es susceptible de empeorar.
El mandatario de los colombianos, la semana pasada, hizo dos anuncios en su cuenta de X, con bombos y platillos, como si se tratara de un antes y un después en la historia de la salud en Colombia. En el primero habló de la llegada de 300.000 unidades de un medicamento para tratar el VIH y lo presentó como “la reforma a la salud que prometimos”. Y en el segundo publicó la fotografía de unas carpas, dijo que era un hospital de segundo nivel que su gobierno había instalado en el Cauca, y que “la paz es llevar los derechos del pueblo a los territorios excluidos”.
Por supuesto que a primera vista las dos son buenas noticias: es bueno que llegue un medicamento útil (lo usan cerca de 10.000 personas en el país) y es mejor tener un hospital de campaña que no tener nada. Sin embargo, lo que sí produce desazón es que el presidente Gustavo Petro presente dos acciones menores como “la reforma” con la que va a reemplazar al potente sistema de salud que ha brindado bienestar a los colombianos en los últimos 30 años.
Por no hablar de la ligereza del mandatario a la hora de tratar estos temas. El mensaje del medicamento estaba plagado de errores: escribió que hacía “retroceder el VIH” y “evita de por vida el sida”, a pesar de que no hace ni lo uno ni lo otro; incurrió en la barbaridad de estigmatizar diciendo que “el paciente portador puede incluso dejar de contaminar”, y cerró asegurando que “era carísima en el mercado”, que por eso “las EPS no las recetaban” y que su gobierno había conseguido bajarles el precio, sin darse por enterado de que el medicamento está en el Plan de Beneficios. Lo propio ocurrió con el “hospital”, menos de 24 horas después se conocieron videos en los que se veían las carpas, recién estrenadas, inundadas.
¿Cómo se le ocurre al jefe de Estado presentar un lote de pastillas como “la reforma a la salud”? ¿Cómo le podríamos entonces llamar a lo que hizo el ministro Alejandro Gaviria, durante el gobierno Santos, que logró bajar el precio de cerca de 1.200 medicamentos? El bombo que Petro le da al tema resulta además ofensivo para decenas de miles de pacientes con asma, cáncer y epilepsia que están pasando mucho trabajo para conseguir los tratamientos que antes fluían de las EPS a ellos con naturalidad.
Pero mientras llenamos el día a día de anécdotas y embarradas, en el Congreso hace trámite la nueva reforma a la salud, que presentó el gobierno, luego del fracaso de la primera. En ella queremos detenernos para hablar del eje de la reforma, ese que Petro repite una y otra vez, y es que quiere imponer un modelo de salud preventiva y de atención primaria en todo el país.
Esos principios nadie los discute. ¿O quién en su sano juicio está en contra de que la gente tenga buenos hábitos de salud y que un profesional de la medicina le dé una revisada de vez en cuando? Pero lo que Gustavo Petro quiere vender como la panacea no es, ni de lejos, suficiente para construir un sistema que responda a las necesidades de salud de los 50 millones de colombianos.
Petro anunció en abril que ya tenía 5.000 equipos de salud para ir hasta los hogares. Evidentemente quiere repetir lo que ya hizo como alcalde de Bogotá, con un programa que llamó “Territorios saludables”, que consistía en crear “equipos de salud” que iban casa por casa para medirle la presión a los miembros de cada familia y preguntarle cómo estaban de salud. Para ello contrataron a 8.000 personas de los cuales solo 1.000 eran médicos y enfermeras, muchos de los demás ni siquiera eran bachilleres. Al fin y al cabo, una de las tareas que tenían era la de repartir el periódico “Bogotá Humana”, que llegó a imprimir 1 millón de ejemplares con artículos que buscaban hacerle propaganda a su Alcaldía.
¿Será que los equipos de ahora también reparten el periódico Vida que imprime la Casa de Nariño?
Hay que decir que ese modelo de “salud” no es idea de Petro. En la Venezuela de Chávez se llamaba misión Barrio Adentro, con 20 mil médicos cubanos. Un directivo y creyente de esa misión, Oscar Feo, decía en una entrevista en 2022: “Barrio Adentro fue una política que benefició políticamente al gobierno (...). Se ha deteriorado mucho. Muchos consultorios populares han cerrado. Y ya no hay financiación. Antes, los medicamentos se entregaban gratis y ahora los pacientes deben presentarse con todo lo que necesitan, incluidas las jeringas”.
En Bogotá tampoco dio buenos resultados. “Las urgencias de los hospitales se mantenían al 250% de sobreocupación y conseguir una cita médica exigía hacer fila desde la madrugada o pagar por un turno. Los resultados en salud son decepcionantes: entre 2013 y 2015 (último año de la alcaldía de Petro) la mortalidad materna pasó de 26 casos a 35, los niños muertos por desnutrición pasaron de 1 a 3, la sífilis en embarazadas pasó de 525 a 620 y el VIH de 1.345 a 2.147”, explicó en su momento Luis Gonzalo Morales, dos veces secretario de salud de Bogotá.
Ahora, con Petro en la Presidencia, según los datos del propio gobierno y testimonios recogidos por El Colombiano, cada uno de los 5.000 equipos de salud en terreno están formados por siete profesionales (una psicóloga, un médico general, un enfermero y cuatro auxiliares), hacen 30 consultas a domicilio a la semana en un barrio determinado, es decir, seis al día sin contar sábados y domingo. Un promedio de menos de una consulta por cada profesional de la salud al día. Cada equipo cuesta cerca de $620 millones al año, para un total de $3,1 billones. Y, en teoría, atenderían una vez al año a 7,8 millones de hogares, de los 18 millones que hay en el país. Es decir, costaría cerca de $10 billones hacerle una visita al año a cada familia.
Pero todo son aproximaciones porque como bien se quejó la congresista Cathy Juvinao: “Ahora resulta que los billones redireccionados están embolatados. Los 44 hospitales nuevos no aparecen ni tampoco los 10.000 equipos básicos de salud. Nadie sabe quiénes son, dónde están ni cuáles son sus resultados en salud. El ministro se niega a entregarle la información al Congreso”.
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El gobierno allanó la sede de Naturgas y decomisó, sin orden judicial,
el teléfono privado de la directora
La Hora de la Verdad, Bogotá
Al Oído
17 de febrero de 2025
Temas tratados por los periodistas Fernando Londoño Hoyos y Dmar Córdoba:
1.- Petro está o estuvo hospitalizado en la Clínica Santa Fé de Bogotá? No hay declaración oficial sobre el paradero del personaje
2.- No se sabe quién ejerce la función de presidente de la república de Colombia desde el sábado 15 de febrero.
3.- Cielo Rusinque, la superintententa de Industria y Comercio, allana la sede de Naturgas, entidad que aglutina 29 empresas del sector gasífero de Colombia y le quita ilegalmente, sin orden de juez alguno, el teléfono privado a Luz Stella Murgas, directora general de Naturgas. La Fiscalía y la Procuraduría guardan silencio sobre ese nuevo delito de abuso de autoridad del gobierno Petro. El Consejo Gremial protestó por los métodos brutales de la señora Rusinque.
4.- El llamado “hospital” que Gustavo Petro dice haber entregado a la población de El Plateado, Cauca, es solo un conjunto inundado de agua-barro de carpas militares sin material médico.
5.- Los negocios obscuros pero millonarios en Colombia de Javier Vendrel, asesor catalán de Gustavo Petro.
6.- Disputas entre candidatos presidenciales a raíz de la aparición de una encuesta de Guarumo sobre intención de voto en 2026.
7.- Colombia sigue sin ministro de Defensa desde la renuncia presentada por el anterior, el abogado izquierdista Se rumora que el nuevo ministro del ramo será el general Mejía.
8.- Debate en el Congreso sobre la presunta “reforma de la salud” del gobierno Petro. El ministro del ramo está en desacato de una decisión de la justicia.
9.- La ley colombiana prohíbe la transmisión en directo de las deliberaciones del consejo de ministros. Sin embargo, el presidente Petro violó esa norma e hizo ya una primera transmisión, que termino en una trifulca en directo entre él y algunos de sus ministros. Todo indica que Petro reincidirá.
Video: https://open.spotify.com/episode/3lA0MRGVCMPcOdaso14fSY
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Sobre el proyecto de reforma constitucional que presentó Maduro
El Nacional, Caracas
https://www.elnacional.com/venezuela/que-advierten-los-expertos-sobre-proyecto-de-reforma-constitucional-que-presento-maduro/
El Tiempo, Bogotá
17 de febrero de 2025
Analistas coinciden en que la reforma avanza hacia el modelo cubano con la realización de elecciones en segundo grado y la creación de un Consejo de Estado, igual que en la isla, eliminando así cualquier vestigio de elección directa y consolidándose el tan anhelado sueño chavista del Estado comunal. El dirigente chavista mostró una primera versión y dio plazo de 90 días para el texto final
Con el argumento de “integrar el poder popular”, Nicolás Maduro presentó un primer proyecto de reforma constitucional en Venezuela, una promesa que hizo desde su criticada juramentación el 10 de enero. El dirigente chavista presentó el texto el sábado ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. “Tiene casi 80 artículos”, explicó durante la ceremonia. Maduro no dio detalles respecto a qué es lo que modificaría específicamente, pero destacó que lo que busca es “adaptar la Constitución a los nuevos tiempos” para “rehacer a Venezuela”. También anunció que habrá castigo para quienes “conspiren”. “Debe quedar claro que Venezuela no tolerará ninguna amenaza fascista y debe ser castigada”, dijo.
Para llevar a cabo esta modificación, Maduro designó una comisión especial, conformada por su circulo más cercano –entre ellas su propia esposa, Cilia Flores–, la cual estará encargada de presentar el texto final en un plazo de 90 días para su posterior debate en la Asamblea oficialista. Al respecto, analistas adelantan que un nuevo texto conduciría a la consolidación de lo que el chavismo llama Estado comunal y a un mayor castigo a la oposición: una especie de copia de la carta magna cubana, pero mezclada con ingredientes nicaragüenses. Esta sería la segunda vez que el chavismo intenta reformar la Constitución de Venezuela luego de que en 2007 el presidente Hugo Chávez lo intentó. Sin embargo, al ir a las urnas los venezolanos le dieron un rotundo ‘no’. Ahora, casi 20 años después, el heredero del chavismo se encamina a lograr lo que Chávez no pudo, esta vez teniendo de su parte el control de los órganos del poder.
El gran secretismo del proyecto
Maduro no ha dado detalles de por qué “la mejor Constitución del mundo”, tal como el chavismo denomina la carta magna de 1999, necesita una modificación, y menos cuando en este momento el Estado ejerce el control de toda vida política, económica y social en Venezuela, una realidad que quedó comprobada con la juramentación del 10 de enero. Sin embargo, analistas consultados por el diario El Tiempo coinciden en que la reforma constitucional avanza hacia el modelo cubano con la realización de elecciones en segundo grado y la creación de un Consejo de Estado, igual que en la isla, eliminando así cualquier vestigio de elección directa y consolidándose el tan anhelado sueño chavista del Estado comunal.
La Constitución venezolana ya cuenta con la reelección indefinida, un sueño de muchos presidentes, pero avanzar en el control total y definitivo parece la nueva meta por cumplir del oficialismo, que no cuenta con nada que lo frene. “La reforma lo que está buscando es cambiar la manera de elegir, cambiar el sistema electoral para hacerlo irrelevante e intrascendente, y hacer oficial lo que hicieron el 28 de julio”, le dijo a El Tiempo el abogado Alí Daniels, defensor de derechos humanos y codirector de la ONG Acceso a la Justicia. La organización explicó que la reforma, según el artículo 342, tiene por objeto “una revisión parcial”, en la que se pueden sustituir “una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales” del texto.
Los peligros latentes de las modificaciones que traería la reforma
El hecho de que hasta ahora ni Maduro ni otra autoridad han informado con detalle qué normas constitucionales desean alterar y que el proyecto no se encuentre publicado en la página web del Parlamento, no hace más que reforzar los temores de “que el objetivo sea terminar de liquidar el derruido Estado de derecho previsto en la Constitución vigente”.
Para la ONG Acceso a la Justicia el modelo del Estado comunal es el que Chávez propuso en la fallida reforma constitucional de 2007, cuyo objetivo “es centralizar aún más el poder en el Ejecutivo nacional, crear formas de propiedad distintas a la privada y aumentar el control social”. Mientras que, respecto a las elecciones de segundo grado, tal como ocurre en Cuba o como se dio en la época soviética, buscan que los ciudadanos elijan a delegados y estos a su vez “escojan” los cargos públicos, garantizando así el control del oficialismo a través del Consejo de Estado.
Esta es una de las aristas que tendría esta reforma, que de hecho ya se hizo un ensayo parecido en 2017 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de la que salió la Ley contra el Odio, que -similar al modelo represivo nicaragüense- ha servido para perseguir a la disidencia. Pero en ese momento, recuerda Daniels, a nivel electoral se hizo una especie de división que escogía indirectamente a los constituyentes, algo no aplicado en Venezuela.
El politólogo Carlos Zambrano advierte: “Esto es muy peligroso, pues busca implementar la elección en segundo grado del cargo de presidente de la República o Consejo de Estado como en Cuba, es una manera de hacerse con la totalidad y control del Parlamento, que sería la instancia que elige el presidente, a través de los delegados comunales”. Zambrano considera que las figuras de gobernadores y alcaldes dejarían de existir para ser sustituidas por los designados por el Consejo de Estado. El defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, alerta que se busca “constitucionalizar” la figura de las comunas como división política y territorial del país y de los consejos comunales como la mayor expresión de “participación popular”, sumando, por supuesto, las elecciones de segundo grado para elegir funcionarios.
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