Andrés Espinosa F.
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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, analizó los escenarios de política energética del gobierno actual y su impacto para el país. Asumiendo que la administración del presidente Gustavo Petro ejecuta los proyectos aprobados y abandona la exploración de petróleo y gas que no estén amparados por obligaciones contractuales, en cinco años, la producción de petróleo caería 47% y la de gas natural 27%.
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La reforma eleva la tributación de la sociedad-socio hasta el 104% de las utilidades, nivel francamente confiscatorio.
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Su propósito central es, sin embargo, inducir, de forma velada, su expropiación con pago estatal.
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Resulta irracional, e incluso ingenuo, pensar que recibiremos ‘compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón’.
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El futuro gobierno de Gustavo Petro recibe lo mejor que da la tierra colombiana, Ecopetrol.
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Se abandonó la agenda interna diseñada para el ciclo más importante del TLC, su provechamiento, que pasó al cajón del olvido.
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En Venezuela, la expropiación empresarial ha sido una política de Estado.
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La inflación de precios de los alimentos se había arraigado antes del comienzo de la guerra rusa en Ucrania, como consecuencia de las malas cosechas del año pasado ligadas al mal tiempo y el fuerte repunte en la demanda posterior a la pandemia.