La dictadura socialista iniciada por el finado comandante Hugo Chávez y profundizada por Nicolás Maduro se ha traducido en la desaparición de 500 mil empresas de las 800 mil existentes a comienzos de siglo, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela.

La entidad, que representa a 120 cámaras de comerciantes y empresas de servicios de todo el país, ha sido testigo de excepción del cese de actividades, quiebras y expropiación de empresas a manos del Estado venezolano. De acuerdo con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, Venezuela contaba con 12.700 industrias privadas a comienzos del régimen socialista. Hoy sobreviven cerca de cuatro mil, equivalentes a una tercera parte del parque industrial del vecino país.

En Venezuela, la expropiación empresarial ha sido una política de Estado. El socialismo bolivariano ha expropiado más de 5.500 empresas de gran tamaño y generado indemnizaciones compensatorias pendientes de pago por US$30.000 millones, según el Observatorio de Gasto Público de Venezuela. En la mayoría de los casos, la expropiación le permitió al Estado incrementar su poder económico y consolidarse como el mayor productor o proveedor de servicios, pero en ningún caso trajo mejoras productivas, reflejo de su incompetencia administrativa. El objetivo real del Estado venezolano ha sido desarticular el tejido empresarial para separar el polvo de la paja entre amigos y enemigos del régimen bolivariano.

En la mayoría de los casos, no hubo declaratoria de utilidad pública o de interés social, como lo establecen la Constitución y la ley, sino que se perfeccionó mediante estridentes anuncios públicos seguidos de decretos gubernamentales. Aún recordamos las estentóreas declaraciones de Chávez de hace 15 años ventiladas en su programa dominical de radio y televisión, Aló, Presidente: “Voy a decir la palabra que más les gusta a los escuálidos opositores: exprópiese”.

La inclusión indiscriminada y no detallada de los bienes expropiados ha sido una constante en Venezuela; expropiación de naturaleza masiva de las grandes empresas para apoderarse de la caja, de la nómina de las sociedades para saturarlas con trabajadores socialistas y castigar con ello a sus opositores. En efecto, en muchos casos se evidencian expropiaciones sancionatorias, pese a no estar permitidas por la Constitución bolivariana, como se desprende del accionar arbitrario y del análisis de los considerandos de los decretos expropiatorios del régimen socialista.

Desde el 2017, la dictadura de Maduro inició un proceso gradual de privatización de algunas compañías para conseguir inversionistas incautos y tratar de salvarlas de la debacle económica generada por su propia mano, el socialismo del siglo XXI. De acuerdo con Transparencia Venezuela, al menos 50 grandes empresas de propiedad del Estado venezolano han sido objeto de algún tipo de negociación para ser operadas por el sector privado, cuyos acuerdos se desarrollan en silencio en un marco de total opacidad.

¡Para el socialismo, democratizar es expropiar! Están notificados.

Miembro del Consejo Directivo del ICP.

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https://www.portafolio.co/, Bogotá, 03 de mayo de 2022.