El aumento de la UPC debe reflejar el aumento en las frecuencias de uso (más procedimientos realizados y medicamentos entregados) y en los precios correspondientes. Es bien sabido que, habida cuenta del envejecimiento de la población y la presión tecnológica, entre otras variables, el gasto en salud crece año a año mucho más que la inflación. En esta coyuntura, además, el aumento del salario mínimo implica un aumento sustancial del gasto de clínicas y hospitales.

El gobierno decidió desechar la información disponible y fijar la UPC de manera caprichosa. Esta decisión afectará de manera grave al sector. En un caso típico, el aumento de 5,3% se dividirá entre EPS e IPS (ambos enfrentan costros crecientes). Para un hospital público, por ejemplo, esta situación representará un aumento de los ingresos apenas superior a 2% mientras los costos laborales crecerán casi 10% y muchos de los otros costos crecerán también por encima de la inflación.

En estas circunstancias, algunos hospitales tendrán que clausurar servicios. Los problemas de atención van a crecer de manera sustancial. Con todo, el gobierno sigue aferrado a un diagnóstico equivocado, supone que la plata sobra. El presidente insiste en que todo se lo roban. Confunde el pago de deudas pasadas con el robo de recursos. Omite que son las dificultades financieras del sector (comunes a todos los sistemas de salud) las que han impedido la inversión adecuada de reservas técnicas.

Si las EPS simplemente se roban los recursos, ¿por qué impidieron la salida de Sura y Compensar? ¿Por qué las EPS controladas por el gobierno han empeorado en las condiciones financieras y de atención? El gobierno está jugando con la vida de los colombianos. Está actuando con venganza. No hay ninguna justificación para la decisión de la UPC. Lo peor, las consecuencias parecen no importarles. Siguen en su narrativa falaz y en sus mentiras y calumnias, a los pacientes ni siquiera los mencionan.

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* Publicado en su cuenta de X (@agaviriau) el 2 de enero de 2024.