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Alejandro Gaviria*                                                      

“El gobierno salió primero a celebrar la indagación preliminar de la Contraloría que señalaba (en contra de muchos precedentes normativos) que los recursos de la salud (de la UPC en particular) no podían usarse para pagar deudas viejas, que el principio de anualidad (que establece que la estimación de ingresos y la autorización de gastos deben realizarse en periodos de un año) aplicaba para las EPS. Pusieron a todas las bodegas a trabajar. RTVC subió el volumen de la ruidosa propaganda oficial. El presidente habló del robo del siglo. No hubo matices. Todo parecía un gran simulacro. Una campaña para abrirle paso a la reforma a la salud.

Después vinieron las dificultades. Los agentes del sector rápidamente se dieron cuenta de que la decisión de la Contraloría podría tener consecuencias desastrosas. Llevaría a una quiebra del sector. Incluso contradecía los mismos anuncios oficiales: el Supersalud había celebrado (con la usual fanfarria mediática) un acuerdo de pagos de la EPS intervenida Famisanar con los hospitales y clínicas por 700 mii millones; acuerdo que implicaba el pago de deudas viejas (supuestamente ya prohibido y señalado como una forma de corrupción).

Con razón, la interventora de Famisanar les preguntó a los ministerios de hacienda y salud al respecto. Quería cerciorarse de que sí podía proceder con el acuerdo de pagos. Necesitaba un concepto que la protegiera de una casi segura investigación fiscal. El ministerio de Hacienda que, en materia fiscal genera doctrina, ya respondió. ¿Qué dijo?  “Respecto a la existencia o no de una norma que disponga una prohibición a las EPS para el pago de servicios de salud prestados en vigencias anteriores con una UPC posterior, actualmente el ordenamiento jurídico no prevé una norma en este sentido (…) El principio de anualidad previsto en el Decreto Ley 111 de 1996–Estatuto Orgánico del Presupuesto– (...) no aplica a las EPS”.

En resumidas cuentas, no hay normas que prohíban el pago de deudas antiguas con la UPC y el principio de anualidad no aplica para las EPS. Al paciente lector que ha llegado hasta aquí, este es un asunto engorroso, ladrilludo, le pido un minuto más de su tiempo, solo un minuto. Imagínese por favor, querido lector, un gobierno que con presidente a bordo denuncia una corrupción de billones, que pone un aparato publicitario (pagado por todos) a amplificar la denuncia y que después, cuando le preguntan a la autoridad en la materia, en este caso al ministerio de hacienda, niega todo, dice que no, que no hay normas que prohíban lo que se hizo, que sí se pueden pagar deudas antiguas.

¿No es esto una gran farsa, querido lector? ¿No estamos ante una especie de mundo orwelliano en el cual se crea una realidad a punta de mentiras que el mismo gobierno, cuando le toca ponerse serio, desmiente sigilosamente? Yo al menos creo que la mentira ya no es un asunto secundario, es simplemente un estilo de gobierno. Se gobierna orwellianamente (gracias de nuevo por la paciencia y enlazo un artículo) explicativo).

https://x.com/giovijimenez/s/giovijimenez/status/1828039220922814974

* Publicado en su cuenta de X (@agaviriau) el 26 de agosto de 2024.

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