Sorprende, duele y angustia la pasividad de muchos dirigentes de esta sociedad que toleran en silencio, o diciendo muy poquito y en voz baja, los salvajes ataques perpetrados contra nuestros policías por unos indígenas hace cinco días en Bogotá.
Lo que vimos no fueron simples incidentes en medio de la protesta derivada de las infames condiciones en las que a duras penas sobreviven estas comunidades en La Rioja en Bogotá.
Aunque al Distrito y a la Nación les ha quedado grande el tema, no podemos normalizar estos actos criminales contra nuestros uniformados que, en opinión de agudos penalistas, tipifican secuestro e intento de homicidio. Lo que vimos fue odio, brutalidad y sobre todo maldad y crueldad. Además de cobardía. ¿Por qué proceden así?
Habrá muchas hipótesis, pero, en buena medida, esas conductas despiadadas se estimulan porque los agresores saben que tienen una alta posibilidad de que no les pase absolutamente nada o que si algo llega a sucederles, como una corta retención, por ejemplo, prontico serán liberados e incluso premiados.
Hay, en efecto, una concurrencia entre las fallas estructurales de la justicia colombiana, con el odio contra los uniformados promovido exitosamente por algunos sectores políticos y unas malas señales iniciales que está enviando el modelo de impunidad selectiva al que le abre la puerta el propósito de paz total sin justicia.
Así de claro, el loable propósito de la paz total, si no está acompañado de justicia, inexorablemente conduce a la impunidad selectiva, a la deslegitimación del Estado y al surgimiento de nuevas violencias.
Eso es lo que ocurre cuando la JEP aún no ha proferido sus sentencias y algunos responsables de crímenes de lesa humanidad que no han reparado a sus víctimas siguen paseándose impunes y desafiantes, ostentando investiduras que no merecen.
Eso es lo que ocurre cuando algunos senadores y representantes que se hicieron elegir en defensa de las instituciones democráticas y del respaldo a la Fuerza Pública se venden desvergonzados por la esperanza de recibir migajas de burocracia y contratación oficial y traicionan las banderas con las que se eligieron.
Eso es lo que sucede cuando el matoneo de las redes sociales amedrenta a quienes quieren defender a la Fuerza Pública. Con la misma firmeza con la que se deben rechazar las violaciones de derechos humanos por parte de agentes de las instituciones del Estado se tienen que rechazar estos actos bárbaros e inmisericordes.
Eso es lo que ocurre cuando son los propios funcionarios del Gobierno al más alto nivel quienes les hacen el juego a micos parlamentarios para indultar a quienes se infiltraron en las protestas o se aprovecharon de ellas para cometer delitos que nada tienen que ver con las razones legítimas de inconformidad de los colombianos.
Eso es lo que ocurre cuando tiene más volumen el discurso oficial del indulto o el de las facultades extraordinarias para prodigar sometimientos y negociaciones que el compromiso con la Constitución y la justicia. Aunque algo tardío, justo es reconocer que es buen paso el dado por el ministro Prada de solicitar a los ponentes para plenarias de la 418 que retiren la micamenta que le habían colgado.
Eso, en fin, es lo que sucede cuando se alimentan discursos de odio contra nuestros uniformados. No más infamias. Que los que han violado la ley respondan dondequiera que estén. Solidaridad y apoyo para nuestros policías. Dios y patria.
Incoherencia
Difícil entender, mientras clavan con más impuestos a las empresas y a los empresarios colombianos, el regalo tributario que les quieren hacer a las plataformas de comercio electrónico transfronterizo para que metan sin IVA productos de todo el mundo despachados desde Estados Unidos, burlando el espíritu del TLC, extendiendo abusivamente ese beneficio que se negoció solo para productos originarios de ese país. Eso tiene casi tanto impacto fiscal por el volumen de compras de menos de 200 dólares como legalizar el contrabando por la puerta de atrás.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 23 de octubre de 2022.
