En la tabla los rubros resaltados en amarillo son impuestos o cosas que se le parecen mucho, como la tal tarifa de marcación y la pérdida por evaporación. Todo ello suma un 33% del precio libre de gravámenes. No obstante, el gobierno afirma que la gasolina está subsidiada.
La teoría del subsidio es la siguiente:
El Ingreso al Productor (IP)[1] es fijado por el Ministerio de Minas y Energía y corresponde al ítem 1 de la tabla. Ese precio, adicionado con los impuestos y el costo de transporte hasta planta de abastecimiento, es el que les cobra ECOPETROL a los mayoristas como PRIMAX o TERPEL. El IP, primer componente del precio de la gasolina para consumo interno puede diferir del precio internacional, llamado precio de paridad de exportación (PP); el cual es el que recibe Ecopetrol, cuando exporta, o paga, cuando importa.
El país importa menos de un cuarto de sus combustibles líquidos, el resto sale de sus refinerías, Barrancabermeja y Reficar, propiedad de Ecopetrol; pero la totalidad de la gasolina se factura al PP[2], como si toda fuese importada o como si Ecopetrol tuviese la opción de exportar la suya. El subsidio (S) del que se habla es la diferencia entre el precio internacional (PP) y el ingreso al productor (IP).
S = PP – IP
Suponiendo que el procedimiento de cálculo de subsidio es correcto – que no lo es – es evidente que, desde el punto de vista del consumidor, solo hay subsidio si la diferencia PP – IP es mayor que el impuesto pagado por el consumidor. Así las cosas, el subsidio efectivo (SE) sería la diferencia ente S e I.
SE = S – I
Ahora bien, la aplicación del PP a la totalidad de la gasolina vendida por ECOPETROL se basa en el supuesto de que ese es su costo de oportunidad; suposición completamente equivocada, dada su naturaleza de empresa mayoritariamente gubernamental vinculada al Ministerio de Minas y Energía.
ECOPETROL, en efecto, se atiene a reglas de derecho privado y sus estatutos son los de una empresa privada. Pero esto no invalida el hecho de que su origen está en la reversión al estado de los activos de la Concesión Mares, entre ellos la refinería de Barranca cuya producción se ha destinado desde entonces al abastecimiento del mercado interno, para lo cual también fue construida REFICAR. El punto es este: la capacidad de refinación de ECOPETROL está destinada al abastecimiento del mercado interno. Si ello no es así no tiene ningún sentido que sea una empresa gubernamental pues cualquier empresa privada podría cumplir su papel.
Así las cosas, el precio al cual ECOPETROL debe vender la gasolina en el mercado interno es un promedio ponderado del PP y del costo unitario promedio de refinación (CU), donde los ponderadores son, evidentemente, la participación porcentual de la gasolina importada y la refinada localmente en el abastecimiento del mercado nacional. Si ese CU es igual o superior a PP, entonces el negocio de ECOPETROL en refinación carece de todo sentido económico para el País.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) tiene una deuda gigantesca con Ecopetrol. A junio, ascendía a 16 billones de pesos, de los cuales el 90% pertenece al gobierno, dueño mayoritario. Es decir, el gobierno le debe a Ecopetrol lo que Ecopetrol le debe al gobierno. Por eso, el alza en el precio de la gasolina es una reforma tributaria disfrazada y descarada.
Para no violentar el interés de los socios minoritarios, la Nación debe aplicar las utilidades que recibe de ECOPETROL, infladas por esa forma absurda de facturar, a sanear el fondo. Más adelante, solo la gasolina importada debe liquidarse al PP, el resto al costo unitario de refinación. Si aun así hay déficit, debe cubrirse con parte de las regalías.
Es un sinsentido económico que cuando sube el precio del petróleo, solo se beneficie la clase política que controla el gobierno nacional y las entidades territoriales, mientras que, para el conjunto de los ciudadanos, los supuestos dueños de ECOPETROL, lo que debería ser un alivio se convierte en una tortura por la voracidad fiscalista del gobierno.
[1] El IP es un ponderado del IP de gasolina motor corriente y del Ingreso al productor de alcohol carburante ambos fijados por el gobierno nacional. Para el análisis que sigue, esto es irrelevante.
[2] Esto se hace en aplicación de la Resolución 180522 de 2010 y los decreto 1880 de 2014 y decreto 1068 de 2015 donde se establece el procedimiento para calcular “el subsidio para refinadores e importadores”. El plural es más bien simbólico pues ECOPETROL tiene, de facto, el monopolio de refinación e importación.
¡No existe subsidio a la gasolina!
Luis Guillermo Vélez A.**
Las familias de estratos 1, 2 y 3 pagan sus servicios públicos domiciliarios a un precio inferior al costo de prestación. Las familias de estratos 5 y 6, los comerciantes y los pequeños industriales, los pagan a un precio superior. Aquellas familias reciben un subsidio, mientras que las segundas, los comerciantes y los pequeños industriales pagan un impuesto, esto se evidencia en la factura.
El precio final de la gasolina tiene nueve impuestos, a saber: impuesto nacional, IVA de 5 % al ingreso del productor, impuesto al carbono, IVA de 19 % al margen mayorista, IVA de 19 % al margen minorista, sobretasa municipal, sobretasa departamental y un par de cosas extrañísimas: “pérdida por evaporación” y “tarifa por marcación”. Todo eso suma 32 % del precio libre de gravámenes. Increíblemente, el gobierno sostiene que la gasolina y, en general, todos los combustibles líquidos tienen subsidio.
Estado ladrón es el título de un maravilloso librillo de Carlos Lemos Simmons, el último liberal del Partido Liberal, en el cual describe las trapacerías de las que se vale el Estado para meter impunemente la mano en el bolsillo de los contribuyentes. La del subsidio a la gasolina es otra patraña, probablemente, la más descarada que se pueda imaginar.
El primer componente del precio de la gasolina para consumo interno es el llamado ingreso al productor (IP), fijado por el gobierno; que puede diferir del precio internacional o de paridad (PP); el que recibe Ecopetrol, cuando exporta, o paga, cuando importa.
El país importa menos de un cuarto de sus combustibles líquidos, el resto sale de sus refinerías, Barrancabermeja y Reficar, propiedad de Ecopetrol. Descaradamente, la totalidad de la gasolina se factura al PP, como si toda fuese importada o como si Ecopetrol tuviese la opción de exportar la suya. Al distribuidor mayorista, como Terpel o Primax, se le cobra el IP y la diferencia de este con el PP es el supuesto subsidio (S = PP - IP) que paga el fondo de estabilización de precios de combustibles (Fepc).
Cuando el Fepc no tiene liquidez, lo habitual, se registra una cuenta por pagar, una deuda del gobierno, finalmente. La acreencia correspondiente a esa deuda está, obviamente, en el activo de Ecopetrol. A junio, ascendía a 16 billones de pesos, de los cuales el 90 % pertenece al gobierno, dueño mayoritario. Es decir, el gobierno le debe a Ecopetrol lo que Ecopetrol le debe al gobierno.
Así, el aumento en el precio de la gasolina es una reforme tributaria disfrazada. Ya mismo, para no violentar el interés de los minoritarios, la Nación debe aplicar las utilidades que recibe de Ecopetrol, infladas por esa forma absurda de facturar, a sanear el fondo. Más adelante, solo la gasolina importada debe liquidarse al PP; el resto, al costo de refinación. Si aún así hay déficit, debe cubrirse con parte de las regalías.
Eso no sucederá, requiere austeridad y el de Petro, más que cualquier otro, es un gobierno manirroto y abusivo con el pueblo que dice defender.
** https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/no-existe-subsidio-a-la-gasolina-JO18705581
