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Es algo común que Petro falte a la verdad. Y en este asunto tan delicado, es evidente que el exterrorista del M-19 miente. Las evidencias hablan por si mismas.

En su libro ‘Una vida, muchas vidas’ Petro cuenta que “a mi me capturaron con algunas señoras y con jóvenes muy humildes que se habían integrado al esfuerzo del M-19… Nuestro encarcelamiento no era más que otro aspecto de la lucha por la justicia social para que la gente tuviera vivienda. Esto contrarrestaba con la lógica del Estado, que se encontraba allí presente a través de los militares… Lo primero que me hizo el Ejército fue robarme una pulsera bañada en oro que me había regalado mi novia, la misma que me había dicho que estaba embarazada. Me robaron la única pertenencia que tenía algún tipo de valor sentimental”.

Esa versión, que es una mezcla entre romanticismo y rencor, riñe con lo realmente sucedido.

Petro y otros dos terroristas, fueron capturados el 24 de octubre de 1985. Los cómplices se llamaban Luis Alberto López y Héctor Alirio Borbón.

Se encontraban escondidos en una caleta construida en la casa de la señora Ana Sofía Murcia ubicada en el barrio ‘Bolívar 83’ en el municipio de Soacha.

Petro tenía en su poder revólveres, munición de distintos calibres, 6 bombas de fabricación casera y, cómo no, panfletos amenazantes del M-19.

Uno de los capturados declaró ante las autoridades que Petro se encargaba de proveerle el armamento a los miembros del M-19 que realizaban patrullajes en el ‘Bolívar 83’.

Petro, obviamente, prefirió pasar de largo frente a esos detalles cuando escribió su libro autobiográfico, pero sí se detuvo en el cuento del supuesto robo de la pulsera bañada en oro.

Y la aseveración de que él no fue condenado, se desploma fácilmente, pues él sí recibió una sentencia de 18 meses de prisión por el delito de porte ilegal de armas. La autoridad que le impuso el castigo fue el juez 106 de instrucción penal militar.

Como dato curioso, precisamente ese expediente de Petro se desapareció.

Con ocasión del vigesimoquinto aniversario de la toma del Palacio de Justicia, fue publicado un informe elaborado por la llamada ‘comisión de la verdad’ integrada por 3 expresidentes de la corte suprema de justicia: Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla.

Dicho informe dedicó un capítulo especial a los procesos judiciales adelantados en relación con la toma.

Se lee que el 31 de enero de 1989, tres años y medio después del asalto terrorista, el juzgado 30 de instrucción criminal profirió resolución de acusación contra los cabecillas del M-19 por los hechos del palacio. Entre los vinculados en esa resolución se lee el nombre de Gustavo Francisco Petro Urrego imputado por la autoría del delito de rebelión y la coautoría de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro.

Petro alega que él jamás fue amnistiado o indultado. Los hechos lo desmienten. En 1989, el Congreso aprobó la ley 77 con la que se autorizó al presidente de entonces, Virgilio Barco, a conceder indultos a las personas procesadas por autoría o coautoría de delitos políticos y conexos. En el informe de la comisión de la verdad quedó establecido que “en desarrollo de esta norma, aquellos miembros que conformaban la dirección del M-19, y contra quienes pesaba la resolución de acusación proferida por el juzgado 30 solicitaron la cesación del procedimiento, decisión que se adoptaba previo estudio individual de cada caso por parte de la Sala Penal del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial o el Tribunal de Orden Público”.

Tres años después, en 1992, el Congreso aprobó la muy mentada “ley de reindulto” con la que se ratificó el perdón judicial que le había sido impuesto a los desmovilizados de las bandas guerrilleras.

En la construcción de su nueva biografía, mostrándose como un joven inconforme que se adscribió a una organización guerrillera, pero que la única vez que tuvo un arma fue una carabina sin balas y que su papel se limitó a construir un barrio popular y a robar leche para alimentar niños famélicos, Petro ha logrado mimetizar las inmundas máculas de su pasado criminal. El no fue un Boy Scout sino un cabecilla de la organización terrorista que introdujo en Colombia el secuestro de civiles, que quemó vivos a magistrados y empleados del Palacio de Justicia, que asesinó a soldados y policías y que, nunca se puede olvidar, fungió como brazo armado del Cartel de Medellín.

@IrreverentesCol

https://www.losirreverentes.com/, Bogotá, 23 de mayo de 2022.