En cuestión de minutos, la institucionalidad peruana se activó para defender la democracia de ese país. El congreso hizo lo que le ordena la Constitución, y la rama judicial, también amenazada por la declaratoria de Castillo, actuó en consecuencia ordenando la detención inmediata e imputándole a Castillo Terrones los cargos por los que seguramente pasará una larga temporada tras las rejas.

Para que la vacancia de Castillo prosperara, se requería del voto favorable de por lo menos 87 congresistas. 101 votaron por el sí; 6 en contra y hubo 10 abstenciones, entre ellas la de Guido Bellido quien fue el primer presidente del consejo de ministros de Pedro Castillo, cargo que ocupó durante poco más de 60 días.

Gustavo Petro, que fue un entusiasta promotor de Pedro Castillo debe tomar atenta nota de las consecuencias que traen consigo las actuaciones despóticas de su admirado aliado político.

En julio del año pasado, cuando Castillo estaba a punto de ganar las elecciones, Petro escribió: “Ha aumentado la ventaja de Pedro Castillo sobre Fujimori que puede llegar a 50.000 votos. Es virtualmente el presidente del Perú. Ojalá Castillo pueda lograr una unidad nacional alrededor de las reformas en salud, educación y pensiones que Perú necesita. Muere una dictadura más”.

De la única dictadura que puede hablarse es, precisamente, de la que intentó imponer Castillo al decretar un estado de excepción con las siguientes medidas: disolución del congreso de la República, instalación de un gobierno de emergencia, convocatoria de la elección de un nuevo congreso con facultades constituyentes para redactar una nueva Constitución. Mientras se redactaba la constitución que pretendía mandar a hacer a su medida, se asignaba la facultad para gobernar vía decreto. Entró también en las esferas de la rama judicial al declarar “la reorganización de la justicia”.

Un golpe de Estado en todo el sentido de la palabra.

Algo muy común en los gobernantes socialcomunistas como Gustavo Petro, que se valen de la democracia para acceder al poder y luego se encargan de destrozarla.

Pero la fortaleza institucional peruana evitó que se consumara la usurpación.

Durante las primera horas, el gobierno colombiano pasó de agache, limitándose a emitir un breve comunicado a través de la cancillería. “El gobierno de Colombia expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia. Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el congreso”, se lee en una publicación difundida por la uruguaya viceministra de Relaciones Exteriores Laura Gil.

Después de un largo silencio, Petro salió al rescate de su aliado al tratar de justificar lo injustificable. Un golpe de Estado no tiene explicación posible, pero el presidente colombiano quiso matizar el asunto victimizando al ahora expresidente del Perú: “Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político… Cuando conocí a Pedro Castillo intentaban allanar el palacio de gobierno para detener a su esposa y a su hija. Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra”.

Preocupante que el primer mandatario de Colombia se lamente de que no hubo una rebelión social para encubrir a un Castillo señalado de corrupción. Efectivamente su esposa y su cuñada, que no su hija, están en la mira de la justicia peruana por su posible participación en el saqueo de las arcas públicas peruanas.

Y para cerrar su defensa del encarcelado exmandatario, Petro fue más allá al pedir que la CIDH decrete medidas cautelares alegando que “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.

La destitución de Castillo, que se enfrenta a un posible condena de 20 años de prisión por rebelión y corrupción, es un duro golpe al socialcomunismo regional, ese mismo que se creía intocable y omnímodo. A pesar de sus debilidades, la institucionalidad se ha impuesto. Un mensaje claro a los alevosos que en Colombia pretenden ampliar los linderos del poder que hoy ostenta Gustavo Petro.

@IrreverentesCol

https://losirreverentes.com/, Bogotá, 8 de diciembre de 2022.