A raíz del centenario del Partido Comunista Español (PCE), su secretario, Enrique Santiago, fue entrevistado varias veces. Señaló como aporte del PCE haber combatido dictaduras, en particular la de Hitler y Mussolini. Calló las tiranías soviética, maoísta, castrista y demás infiernos marxistas. Cuando le preguntaron por la censura del régimen cubano a periodistas de EFE para cubrir las marchas contra la falta de libertad, retomó el guion del bloqueo económico como causa de las protestas e ignoró la pregunta.
Nacido en 1964, Santiago se licenció en Derecho y empezó su militancia en las Juventudes Comunistas. Como es usual entre adoctrinados desde edades tempranas, acepta la violencia política contra adversarios. En 2017 le preguntaron si iría al Palacio Real español y haría lo mismo que Lenin con el Zar. Respondió que “si se dieran las mismas condiciones, por supuesto”. Evade y disculpa los excesos en dictaduras de izquierda. Según él, Nicolás Maduro ha mantenido “un proceso revolucionario a pesar de un brutal acoso internacional”.
Sin ser capitalista, es un político burócrata con ingresos y riqueza bastante superiores a los del típico trabajador cuyos intereses defiende. Sus amigotes lograron que lo nombraran en un cargo con cien mil euros adicionales a sus ingresos en el Congreso. Es propietario de un pent house de 160m2 con doble terraza en uno de los mejores barrios de Madrid, cuyo valor ronda el millón de euros.
“Puntilloso hasta la extenuación”, el reputado negociador ganó renombre como responsable de “la arquitectura jurídica transicional de Colombia en lo relativo a las Farc y su conversión en partido político”. Su gran amigo Iván Cepeda califica el acuerdo jurídico con las Farc de “inédito en el mundo”. Una perogrullada pues ninguna democracia ha sido tan laxa y amable con quienes quisieron destruirla.
Las relaciones del jurista comunista con las Farc son anteriores a la paz santista. Hace años, Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, “se interesó por las vinculaciones que mantenían la guerrilla colombiana y el grupo terrorista español [Eta]”. Sus pesquisas lo llevaron a acusar al régimen venezolano de cooperar con ambos grupos. Ordenó el procesamiento por diferentes delitos terroristas a seis etarras y siete farianos, específicamente “por dar y recibir cursos sobre manejos de explosivos… en la selva de Colombia”.
Las Farc le habían pedido ayuda a Eta para atentar en España contra Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y otras personalidades. Además, la investigación reveló que “militares venezolanos escoltaron a etarras que iban a impartir cursillos a las Farc en 2007″.
El juez también inculpó a la española Remedios García Albert, no vinculada a Eta, pero “encausada en otro sumario del juez Baltasar Garzón por sus relaciones con las Farc”. Dos años antes, la policía española, en coordinación con las autoridades colombianas, había detenido a esta representante de las Farc en Europa, acusada por “integración en banda armada”. Su nombre figuraba como destinataria de correos electrónicos en los computadores de Raúl Reyes.
La detenida utilizó su cargo en una ONG para involucrarse desde el año 2000 en actividades de apoyo y colaboración con la insurgencia. Tenía varios alias -Rosario, Soraya o Irene- y le hacía llegar dinero a farianos en Europa. Viajó a los campamentos de la guerrilla en Colombia, donde mantuvo reuniones con varios comandantes. También realizaba labores de correo y enlace con representantes de las Farc en Suiza y Suecia.
Enrique Santiago fue el abogado defensor de Remedios García. Como tal, sin hacer alusión a los cargos que se le imputaban, le pidió al Gobierno colombiano que dejara de criminalizar “a quienes tienen contactos humanitarios con la guerrilla de las Farc”.
Parece un mal chiste que quien contribuyó de manera crucial al diseño de la instancia judicial cuyo gran objetivo es dilucidar la verdad sobre el conflicto colombiano haya sido un abogado comunista y doctrinario, antiguo defensor de una colaboradora de las Farc en España, ciego a la evidencia y crítico de oficio del Gobierno colombiano por criminalizar la labor supuestamente humanitaria de su cliente.
Es de una ingenuidad conmovedora pensar que el jurista comunista, asesor penal de las Farc, no iba a hacer lo imposible por garantizar que los crímenes rebeldes quedaran impunes, como en efecto está ocurriendo.
Resulta insólito que una oenegera desarmada haya recibido prisión con fianza por transportar unos pocos euros mientras los comandantes responsables de lavar millones andan sueltos.
Por último, no deja de sorprender que todas las pruebas para la investigación y condena contra Remedios García salieran de la información obtenida por el Ejército colombiano del computador de Raúl Reyes, mientras que la justicia colombiana las consideró ilegales y la JEP, diseñada por Santiago. tampoco les ha puesto atención.
https://www.elespectador.com/, Bogotá, 15 de diciembre de 2021.
