Y lo digo porque este martes el Senado de la República elegirá un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La integración de este tribunal es, tal vez, el asunto más trascendental en manos del Senado.

Hoy, el verdadero poder de nuestro sistema político reside en esta corte, no solo por sus competencias originales sino porque en un ejercicio de autohabilitación permanente, sin contrapeso alguno, sus fallos se han convertido en la última y definitiva palabra en los temas decisivos y conflictivos que atravesamos como sociedad.

Solo para recordar el peso de algunas de sus decisiones en los últimos años:

– El pronunciamiento que validó definitivamente el acuerdo de paz, a pesar de la victoria del 'No' en las urnas.

– Los fallos sobre eutanasia, aborto, matrimonio de parejas del mismo sexo. Cuestiones reservadas en la mayor parte de las democracias occidentales a los parlamentos.

– La mutilación antidemocrática de la facultad del Congreso para hacer reformas de fondo de la Constitución.

Todo ese poder lo ha desplegado sin que tengamos posibilidades institucionales de control. Sus miembros no son elegidos directamente por el pueblo, tienen un período fijo e intocable de ocho años y no existe mecanismo alguno para reprochar política o jurídicamente sus decisiones.

Por ello, el Senado no puede equivocarse una vez más. Que no se repita la experiencia de las mayorías políticas que, engañadas por la coquetería ideológica de algunos aspirantes, les entregan la responsabilidad de interpretar la Constitución, convencidos de una supuesta afinidad con sus ideas para que, una vez llegados a la Corte, decidan todo lo contrario.

Para la muestra, un botón. A propósito del impedimento del magistrado Alejandro Linares para participar en las discusiones sobre el aborto, me sorprendió oírle decir que su posición a favor de la despenalización era de público conocimiento. Por el contrario, en 2015 el aspirante Linares, en la reunión adelantada con la bancada de un partido, en la antesala de su elección, al referirse al aborto afirmó que para él, la vida humana comienza desde la concepción. También sostuvo, solemnemente, que los crímenes de lesa humanidad deberían tener restricción efectiva de la libertad y que era al Congreso al que le correspondía definir cuándo y cómo se modifica la Constitución.

Quienes en ese momento votamos por él no tenemos cómo explicarles a nuestros electores las volteretas dadas por el doctor Linares.

Por ello, la presentación de los candidatos ante el Senado no puede seguir siendo un ritual más. Debería servir de ejemplo el riguroso procedimiento de confirmación que adelanta el Senado de Estados Unidos, donde los nominados a la Corte Suprema comparecen durante más de una semana ante el Comité de Asuntos judiciales, que realiza el minucioso escrutinio tanto de su vida privada como de sus posiciones filosóficas y jurídicas sobre los temas más polémicos.

En la audiencia pública que se llevará a cabo, los senadores deben formular preguntas concretas que permitan conocer la filosofía jurídica y la perspectiva ideológica de los aspirantes.

A su vez, los candidatos tienen el deber moral de responder sin hipocresías ni posturas acomodaticias. No puede seguir siendo de recibo la costumbre de justificar las evasivas a las preguntas incómodas invocando la hipotética existencia de futuros impedimentos. Las respuestas de los candidatos deben implicar, al menos, un compromiso ético de coherencia con lo que afirman públicamente ante los representantes del pueblo en cuyo nombre decidirán durante ocho años.

Esta elección es una decisión política de la mayor responsabilidad y, por lo tanto, los senadores tienen todo el derecho y el deber de votar por quien tenga afinidades con las tesis que defienden sus partidos. Si las bancadas mayoritarias consideran que hay serias discrepancias filosóficas o ideológicas con los integrantes de la terna, deberían ejercer una facultad inédita: devolverla.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 13 de diciembre de 2021.