Apesar de vicisitudes, la infraestructura de transporte en Colombia ha mostrado avances significativos en la última década. Su dotación de aeropuertos nos hizo avanzar de 89 a 48, entre 140 países, durante 2010-2019. Su puntaje superó el promedio de América Latina.

En dotación portuaria, Colombia también avanzó, pero continuamos en igual promedio que América Latina. Nos afectan problemas de dragado e ineficiencias que impiden reducir tiempos de carga/descarga. Y en dotación vial y ferroviaria continuamos en las peores posiciones globales (100/140), donde la ausencia de multimodalismo nos resulta costosa.

La situación exige profundizar esquemas concesionales como única forma en que sector privado consigue financiamiento, construcción y mantenimiento, recuperando y rentabilizando inversión mediante futuros peajes. Bajo serias afugias fiscales, esta ha sido la única opción realista para que Colombia algo avance en dotación vía adjudicaciones competitivas en calidad, tiempos y costos.

Sin embargo, el candidato socialista Petro reitera críticas al sistema concesional y advierte su intención de abolición y del sistema de ahorro-pensional privado. Pero olvida Petro que fueron precisamente las AFP las que permitieron dotar a Chile de una envidiable infraestructura, combinando financiamiento a largo plazo con ese sistema concesional.

En foro reciente de la CCI, Petro alucinaba sobre la gran dotación de infraestructura que se lograría bajo su presidencia socialista anti sector privado. Pero ello no es lo que ocurre en sus países de referencia, como Venezuela o Nicaragua. Sus argumentos son falaces y no resisten un análisis de coherencia elemental.

Petro dice que la infraestructura debería hacerla solo el sector público. Para ello aduce supuestas tasas de financiamiento más bajas que las concesionales y tomando para el gobierno contribuciones pensionales, tras instaurar un monopolio a favor de Colpensiones sobre cotizaciones inferiores a 4 s. m. l. (el 90 % del total).

La primera falacia de composición es pensar que esas contribuciones de Colpensiones (1 % del PIB anual) podrían destinarse a infraestructura. Ignora Petro que esos recursos deben, como hoy, destinarse al pago de mesadas pensionales, dada la ausencia de reservas. Y, además, tiene que añadirse 4 % del PIB de aportes presupuestales, pues esos faltantes totalizan 5 % del PIB por año (un 35 % de la tributación).

La segunda falacia radica en desconocer que hay una relación deuda pública/PIB que bordea el 70 %. Esto significa ausencia de espacio fiscal para infraestructura vía financiamiento público, y se tienen vigencias futuras por 12 % del PIB para las próximas dos décadas. Claramente, el Sr. Petro desconoce estos importantes determinantes del sector, donde hablar con fluidez falaz poco aporta a la realidad.

La animadversión de Petro contra el sector privado es amplia, cobijando no solo a constructores, AFP, sino también todo lo relacionado con financiamiento bancario. Gracias a la solidez financiera del sector privado, Colombia logró sortear dificultades históricas globales en 2020-2021, recapitalizando utilidades y aliviando las carteras crediticias. Pero según Petro fue el Banco de la República el que dando supuestos créditos selectivos permitió recuperar utilidades bancarias. Pero la realidad es que fue la exitosa política monetaria fiscal contracíclica la que logró que la economía rebotara al 10 %, salvo por el sector minero, que continúa en negativos, sector que Petro también quiere terminar de hundir.

Ha sido exitosa la política económica de 2020-2021 en Colombia, pero la administración 2022-2026 deberá ser proactiva y focalizar esfuerzos en enfrentar la alta tensión externa y fiscal para asegurar continuidad en el crecimiento, reducción acelerada del desempleo y acotamiento en endeudamiento público y externo (hoy en récords históricos). Las propuestas del candidato ‘oveja-socialista’ no apuntan a tal solución.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 11 de diciembre de 2021.