Parece que nuestras autoridades se están zafando muy a la ligera de la responsabilidad política del mantenimiento del orden público. Responsabilidad que implica fijar el norte, asumir el peso de las órdenes y reconocer públicamente que dirigen la estrategia de seguridad.

Los habitantes de los barrios aledaños al portal de las Américas no aguantan más el terror en que viven. Para ellos, la pesadilla del vandalismo del paro nacional no es un recuerdo; la siguen viviendo noche a noche a través de los desmanes, los bloqueos y las violencias que protagonizan las hordas.

Muchos, como la mayoría de la clase media colombiana, se empeñaron con todo en la ilusión de llegar a tener una vivienda propia. Años de esfuerzos honestos que hoy se derrumban en medio de la orfandad en que los ha dejado el Estado que debiera protegerlos.

Hoy comienzan a formar parte de una nueva categoría social: la de desplazados urbanos.

Se quieren ir, pero no consiguen arrendar y no se resignan a vender por debajo de los precios que compraron, a propósito de la desvalorización que han sufrido sus apartamentos.

Cada noche, en un ejercicio desafiante y repetido, los vándalos despliegan su poder en la zona con disturbios, ataques con ácido, bombas incendiarias, consumo de alucinógenos y licor.

Bajo el amparo de una supuesta protesta social adelantan una verdadera invasión vandálica y delincuencial de esos barrios. El sitio de terror que imponen todas las noches no expresa ninguna reivindicación. Más bien se planta como un reto radical y violento contra toda autoridad.

Con esas explosiones de cada noche consolidan y expanden su mercado criminal.

Ejercen una violencia premeditada, directa, cuyo único propósito es provocar la reacción policial, que a través de las redes sociales siempre la hacen aparecer como desproporcionada e ilegítima.

Quieren mantener un ambiente de agitación social permanente, esperando que cualquier actuación de las fuerzas del orden se desborde y provoque alguna víctima, que será, a su vez, la causa de nuevos desórdenes.

Pretenden, con cualquier exceso en el uso de la Fuerza Pública, justificar su actividad agitadora. Es así como mantienen a las fuerzas de policía a la distancia; es así como las reducen a la impotencia y como cada noche afirman su control en esta zona de la ciudad.

Por supuesto que se trata de un ejercicio estratégico de los vándalos y de los capos del microtráfico. Estrategia que aún brilla por su ausencia del lado de la Fuerza Pública para responder a estas nuevas formas de ataque urbano.

Ni la alcaldesa Claudia López ni el Gobierno Nacional pueden seguir ignorando el enorme drama que viven los ciudadanos de este sector de Kennedy, el más populoso de la ciudad.

Los habitantes de estos barrios no pueden seguir siendo espectadores de una escena de Mad Max cada noche, rodada en el escenario de sus propiedades y con riesgo de sus vidas y su salud mental.

Aquí no hay protesta que amparar. Lo que sí existe, indudablemente, es una obligación y una responsabilidad del Gobierno, tanto local como nacional, de cumplir con el deber de protección de los ciudadanos.

Muchas son las decisiones del Consejo de Estado que condenan al Estado colombiano en casos de desplazamiento forzado por el conflicto, por no haber tomado medidas eficaces para impedir acciones de grupos criminales que afectaron a la población civil y por no haberla protegido en debida forma.

¡Ojo, alcaldesa!, los habitantes de las zonas aledañas al portal que empiezan a dejar sus desvalorizadas viviendas para proteger a sus familias de la zozobra y el terror vespertino pueden llegar a ser reconocidos como víctimas de un desplazamiento forzado intraurbano. Con todo lo que ello implica.

Después no digan que no se les advirtió.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 29 de noviembre de 2021.