En palabras de Zuluaga, poco después de que estallara el escándalo del supuesto ‘hacker’ Sepúlveda, tuvo lugar una reunión en la oficina del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil en la que estuvo presente el entonces fiscal general Eduardo Montealegre.

Palabras más, palabras menos, Montealegre le propuso a Zuluaga una suerte de canje. Si Uribe retiraba la denuncia hecha contra Santos por los famosos U$12 millones de dólares que la mafia habría entregado a personas cercanas suyas, él, Montealegre, dejaría de investigar el caso Sepúlveda. Era una propuesta inadmisible.

En un comunicado de prensa conjunto, Zuluaga y su abogado Jaime Granados se refirieron al asunto revelando lo siguiente: “En dicha reunión tocamos temas diversos y se estableció que el entonces presidente-candidato tenía conocimiento de la realización de esta. Fuimos testigos junto con los demás asistentes de la solicitud de Montealegre para que se acudiera al señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez a fin de que no realizara la denuncia y entrega del material probatorio en su poder que daba cuenta de la entrega de 12 millones de dólares a la campaña de Santos. Nuestra manifestación fue contundente en este punto frente a la imposibilidad de tal comportamiento de su parte y su negativa a establecer una aparente tregua electoral”.

Gravísimo que Montealegre estuviera fungiendo como abogado de Santos, demandando el ocultamiento de pruebas que el presidente Uribe tenía en su poder y que demostraban los vínculos de Santos con la mafia.

Como es ampliamente conocido, Montealegre desató una brutal persecución contra Zuluaga, su hijo David y el asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos. El paso del tiempo y la acción de la justicia se han encargado de demostrar que todo fue una artimaña urdida por Montealegre y su secuaz Jorge Fernando Perdomo Torres.

Horas después de que Zuluaga hiciera la grave revelación, Montealegre, alevoso como siempre, salió con el cuento de que presentaría una denuncia contra el precandidato presidencial al que él y Santos le hicieron el montaje que le costó la presidencia en 2014.

Este hecho es una nueva demostración de que la fiscalía de Montealegre y Perdomo fue, en efecto, una policía política al servicio del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón que se concentró exclusivamente en la persecución de los opositores al régimen.

La justicia debe proceder en consecuencia. Por su condición de aforado en el momento de los hechos, Montealegre debe ser investigado por la comisión de acusaciones. Oír el testimonio de Zuluaga y de los demás participantes en la dicha reunión, a saber: el abogado Granados, el exmagistrado Escobar y el rector de la universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. Establecer lo que realmente ocurrió y proceder contra Montealegre, un sujeto peligroso y abusivo que utilizó a la justicia para doblegar al uribismo.

@IrreverentesCol

https://www.losirreverentes.com/, Bogotá, 17 de noviembre de 2021.