Los países grandes destinarán varios billones de dólares para proteger la Amazonía (de la queson responsables especialmente Brasil y Colombia) y la cuenca del Congo. Se reafirmó la meta de reducir para 2050 a cero las emisiones de carbono, especialmente en plantas eléctricas. Pero China, Japón, Rusia, y Australia no se han comprometido con esto. El acuerdo global en Glasgow es mantener la meta de un incremento máximo de temperatura de 1.5° Celsius para el 2050 (la fijada en París). Las cifras actuales apuntan a un 2.7° Celsius, lo cual generará daños que algunos consideran irreversibles.
Los tres ítems mencionados tocan con Colombia, productora de gas y carbón donde se utiliza metano para generar energía y como combustible vehicular. El presidente presentó en Glasgow un plan para adelantar a 2022 la idea de declarar (ojalá no sea solamente eso) el 30% del territorio como área protegida, aunque, según el Banco Mundial, el 53.3% de nuestro territorio se considera selvático (Finlandia 73.1%, Japón 68.4%), una pérdida de 5.2 puntos desde 1990. Igualmente, afirmó que se limitarán en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030 y seremos carbono neutrales en el 2050; para 2030 se llevará a cero la deforestación ilícita y, para 2022, se habrán sembrado 180 millones de árboles, sin precisar cuántos de estos realmente crecerán. Excepto lo último, lo demás corresponderá a los gobiernos siguientes.
Yo no sé si se habrá sancionado en Colombia algún deforestador o algún contaminante de aguas por minería ilegal, pero si los asesinos se dejan sueltos, lo dudo. El presidente sancionó el 4 de agosto de 2021 la ley de delitos ambientales que modifica el Código Penal para que los delitos contra el medio ambiente sean penalizados, con sanciones entre 5 y 12 años de prisión (no serán excarcelables). La ley incluye la deforestación, la financiación ilegal de la misma, el tráfico de fauna, la invasión de áreas de importancia ecológica y la apropiación ilegal de baldíos de la nación.
Al mismo tiempo, sin embargo, el Minambiente presentó otra vez (¡otra vez!) al Congreso el Acuerdo de Escazú, un adefesio que según la propia Alianza por el Acuerdo es sólo “una oportunidad para que el país fortalezca su compromiso con una buena gobernanza, los derechos humanos, la transparencia y la participación pública” en materias ambientales y no tiene nada que ver con la protección de los líderes ambientales que son asesinados por los narcos, los deforestadores y los mineros ilegales. Esa “trasparencia y participación pública” implica que todo proyecto de desarrollo, llámese carretera, puente o edificio, estará expuesto a que cualquier persona, nacional o extranjera, lo frene y lleve al país a una JEP del ambiente, o a la Corte Internacional de Justicia (de la que no somos parte) para evitarlo. No se podrá avanzar en el futuro.
Si la Anla, sin dar razones, frenó el proyecto de Quebradona, una empresa de minería subterránea de cobre con tecnología de punta que generaría 4.000 empleos, no quiero imaginarme lo que sucedería con Escazú. Y el presidente calla.
https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 08 de noviembre de 2021.
